El Gobierno desoye a las víctimas y la rebaja de las penas a etarras será efectiva desde el lunes

La adecuación nacional a la normativa europea sobre la convalidación de las penas cumplidas entre países de la UE –en el caso de los terroristas, en Francia– colea desde 2014. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy logró frenar su aplicación para los reclusos de ETA con condenas previas a 2010 –responsables de los años más mortíferos de la banda– por la vía de introducir 'in extremis' en la ley una disposición adicional única; una excepción en el caso español que avaló en 2018 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y cuya derogación se había convertido en «la madre de todas las batallas» para la izquierda abertzale comandada por Arnaldo Otegi.

Es decir, bajo el paraguas de la corte europea, el actual Gobierno no tenía por qué trasponer la normativa comunitaria en lo que afecta a los miembros de ETA aún en prisión. Y, de hecho, negó a las víctimas –por boca del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska– que este fuera a ser el desenlace de la tramitación parlamentaria cuando se retomó en 2022. Un giro en el que los damnificados por la violencia y la oposición ve la prueba palmaria de que si el Gobierno ha variado su posición no es por obligación legal, sino por los pactos que va forjando con Bildu, erigida en puntal del tercer mandato de Sánchez.

Una vez destapado que el Ejecutivo había colado de rondón el beneficio para los etarras con la introducción de dos enmiendas por parte de Sumar en la ponencia de la Comisión de Justicia, sin que sus intenciones últimas trascendieran a la opinión pública, y que el PP y Vox no se percataron de la maniobra hasta el punto de que el proyecto de ley salió del Congreso con la unanimidad de 346 diputados, la guerra se libra    ahora por qué responsabilidad es superior: la que el Gobierno atribuye al PP tanto por haber validado la norma como por su posición general sobre el final de ETA o la que los populares achacan al Ejecutivo por permitir esta «infamia», «indignidad» e «indecencia».

Al término del habitual Consejo de los martes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, pasó por alto la reclamación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y optó por cargar contra los populares, aunque ni ella ni ningún otro cargo socialista defendió como tal la norma en lo que se refiere a la excarcelación acelerada de los etarras. Alegría arguyó que el proyecto gubernamental aplica una directiva comunitaria; que recibió el informe favorable del Consejo de Estado –ese texto fue previo a las enmiendas introducidas luego por Sumar–; y que ha sido apoyado en su tramitación por todos los grupos, obviando que PP y Vox erraron al respaldarla.

«Ya vale. Es suficiente. Hace 13 años que ETA desapareció», objetó la portavoz a modo de respuesta. «En nombre del Gobierno y de todos los españoles, exijo al PP que deje de usar de esa manera tan obscena aquello que tanto daño hizo. Es indignante, que lo dejen ya». El titular de Justicia, Félix Bolaños, que habló por la tarde con la número dos de los populares, Cuca Gamarra, hurgó en la herida del desliz al asegurar que son los de Feijóo los que tienen que «dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión». Y el exlehendakari Patxi López se afanó en circunscribir la reforma a que cubre «un déficit» de los ciudadanos españoles en la UE, mientras negaba que responda a un cambalache con el que Bildu mete «un gol» al Estado de derecho.

Zaherido por un cambio legal que paró Rajoy y que va a favorecer, entre otros, a los cerebros y ejecutores del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el PP se ha lanzado a una ofensiva política para, reconociendo su «gravísimo error» –el adjetivo más rotundo lo puso Isabel Díaz Ayuso– y disculpándose con las víctimas, subrayar «el abismo moral» que separa su patinazo parlamentario de las consecuencias de la iniciativa del Gobierno. Los populares frenaron el debate y votación del proyecto de ley fijado para ayer en el Senado. Un alivio pírrico, porque al no haber presentado enmiendas, los de Feijóo no podrán ni siquiera vetarlo en la Cámara baja y forzar otra votación en el Congreso. Por el trámite de urgencia y con el simbólico voto en contra de la mayoría de los senadores, el Gobierno sacará adelante el lunes su enésima reforma para la polémica.