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El PP ha desplegado su artillería política y parlamentaria para intentar enjugar los efectos, en términos de credibilidad, que ha tenido para el partido el error de facilitar la aprobación por el Congreso de la reforma legal que acelerará la excarcelación de 44 presos de ETA ... ; entre ellos, quienes dieron las órdenes y ejecutaron a concejales de los populares como Miguel Ángel Blanco. Con la AVT, la asociación mayoritaria de víctimas, preguntándose dolorida si «no hay nadie al volante de este país» y con Alberto Núñez Feijóo teniendo que disculparse ante su presidenta, Maite Araluce, el partido se ha lanzado a la ofensiva para recobrar la compostura, aunque en cualquier caso su voto no hubiera impedido que el Gobierno sacara adelante su proyecto de ley gracias a la mayoría que lo apoya en este asunto. Pero los populares ni siquiera podrán hacer valer su peso en el feudo del Senado más allá del gesto de haber pospuesto el debate que iba a celebrarse esta misma tarde: la reforma se votará este lunes, 14 de octubre, e irá directamente al Boletín Oficial del Estado para su aplicación.
Según han confirmado a este periódico fuentes del PP -que constatan que no pueden hacer «absolutamente nada»- y del PSOE en la Cámara alta, el hecho de que ni los de Feijóo ni Vox presentaran enmiendas al texto que llegó al hemiciclo -lo cual no tenía sentido dado que las dos formaciones seguían sin percatarse del despiste por el que contribuyeron a que el Congreso aprobara la modificación legislativa por unanimidad- elimina la capacidad de los populares para ejercer el veto en su fortín parlamentario. Lo cual no habría cambiado, salvo sorpresas, la mayoría con que cuenta para eso el Gobierno en la Cámara baja, pero al menos habría permitido al primer partido de la oposición dejar constancia de que no había consenso en las Cortes y forzar a los diputados a volver a debatir y votar para el refrendo definitivo. Este lunes es la fecha límite para el debate en el Senado dado que la iniciativa se ha desarrollado por el trámite de urgencia.
Hoy, los populares han hecho lo que estaba en su mano: utilizar su mayoría absoluta en el Senado para, al menos, posponer los plazos y escenificar su disposición a enmendar el patinazo en lo posible; y, más relevante, intentar resituar el mensaje público en que lo grave no es su equivocación, sino «la indecencia», «la indignidad» y «la infamia» de que el Gobierno haya promovido un cambio legislativo llamado a recortar las condenas que aún purgan los reclusos etarras al computarles los años ya cumplidos en Francia. En la dilatada tramitación parlamentaria, el Gobierno coló de rondón, a través de una enmienda de Sumar, dos modificaciones en la redacción de la ley sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea; dos modificaciones genéricas -una sobre el artículo 14 y otra para la supresión de la disposición adicional única- cuya pretensión última era beneficiar a los presos etarras, con Bildu convertida en puntal de la legislatura.
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Melchor Sáiz-Pardo
El asunto es crítico para el PP no solo por lo que ha significado y significa para el partido el combate contra ETA. El error es flagrante porque lo que enmienda la reforma es, precisamente, la disposición adicional con la que el Gobierno de Mariano Rajoy paralizó sobre la marcha hace una década que la trasposición de la normativa comunitaria rebajara las penas de los terroristas; una maniobra que avaló después del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo es, por añadidura, porque el cambio legislativo salió adelante por una desconcertante unanimidad de 346 diputados a favor. Este lunes, destapado lo ocurrido, los populares cargaron contra la voluntad de «enmarañar» la tramitación del Gobierno. Pero hoy, aun incidiendo en atribuir al Ejecutivo «un engaño», la estrategia es ya admitir sin ambages la equivocación y trasladar la pelota al tejado de Sánchez para que rectifique. Esa es la motivación de la llamada que ha efectuado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, al ministro de Justicia, Félix Bolaños -reunido en el encuentro semanal del Gobierno en la Moncloa- y de los mensajes encadenados por Feijóo y su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.
Ambos han subrayado «el abismo moral» que dista entre errar en un trámite parlamentario y lanzar una nueva ley para acortar el paso por la cárcel de etarras condenados por asesinato. «Si el PSOE mantiene esa indignidad será el único responsable ante la historia. No todo vale», ha apuntado Feijóo en un acto desde Guadalajara tras exigir que la ejecutoria política vuelva «al sentido común». Tellado, por su parte, ha apelado al Gobierno para que frene una tramitación que, desarrollada por la vía de urgencia, está llamada a consumarse el próximo lunes, día 14, en el Senado sin que tenga que regresar al Congreso para su ratificación. «La verdad se ha conocido a tiempo», ha aseverado el portavoz de los populares. «Podemos pararla (la reforma). El PP asume su responsabilidad». Isabel Díaz Ayuso ha expresado la autocrítica con más contundencia -«Es un error gravísimo»- aunque el voto de su partido no hubiera evitado la mayoría del Gobierno en este caso, como paso previo a acusar a Sánchez de demoler «el 'espíritu de Ermua'» y de «colaborar diariamente con el entorno de ETA», en alusión a Bildu. «Así dejamos a España completamente indefensa», ha rematado.
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