El Gobierno cuela de rondón la reforma penal para acortar la prisión de 44 etarras

El proyecto de ley, que aligerará, si prospera, el cumplimiento de las condenas de 44 dirigentes y activistas históricos de la organización terrorista, siete de los cuales podrían quedar excarcelados en breve, iba a debatirse esta tarde en el Senado. Pero los de Alberto Núñez Feijóo, que dicen no tener explicación para el error cometido, activaron su mayoría absoluta en la Cámara alta para suspender hoy en la Mesa la discusión en el pleno. Y tras anunciar que se movilizarán con todos sus recursos parlamentarios y jurídicos para cerrar el paso a la reforma, endosaron al Gobierno la carga de la prueba de finiquitar «esta indecencia». Feijóo habló con la presidenta de la AVT , Maite Araluce, para pedirle disculpas. Antes, la asociación de víctimas mayoritaria había exhibido su desazón de forma elocuente: «¿No hay nadie al volante en este país?»

El ardid, adelantado por El Confidencial y confirmado por este periódico con la documentación del Congreso, representa una victoria para la vieja reivindicación de la izquierda abertzale, hoy firme sostén del Ejecutivo de Pedro Sánchez; «la madre de todas las batallas», según describió Arnaldo Otegi en un audio difundido también por este medio en 2021. Un ardid que se consumó durante la tramitación del proyecto de ley en la ponencia correspondiente de la Comisión de Justicia. Ahí, el Gobierno, vía enmienda de Sumar, introdujo dos reformas para suprimir la normativa que impedía a los etarras descontarse las penas que ya han cumplido en Francia. Y posteriormente el Parlamento, en pleno y de manera unánime, dio su visto bueno a estos cambios, sobre los que votará ahora el Senado, sin que nadie hiciera la más mínima mención a los reclusos de la banda terrorista.

Bildu y los abogados de los etarras llevaban desde 2015 demandando la derogación de ese veto incluido 'in extremis' un año antes por el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar que los presos se rebajaran las condenas cumplidas en territorio galo. El informe de la ponencia que la Comisión de Justicia remitió el 12 de se septiembre al pleno del Congreso introdujo, sin previo aviso, dos cambios fundamentales que no figuraban detallados tampoco en la exposición de motivos. El primero fue la inclusión de una denominada modificación «doce bis (nuevo)» en la que literalmente se «suprime la disposición adicional única» del texto de 2014.

Es decir, la que el PP de Rajoy introdujo a última hora en el Senado para impedir que los condenados antes de agosto de 2010 pudieran beneficiarse del nuevo cómputo de penas más favorable para ellos. Esta modificación sobre la bocina de los populares, que hace una década tampoco se percataron de la ventaja que significaba para los etarras el paraguas de la normativa europea, recibió el espaldarazo en 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cegando, hasta ahora, la posibilidad de esos descuentos de penas.

La segunda reforma de 'tapadillo' este septiembre fue la inclusión de un precepto «once bis (nuevo)» que «modifica el artículo 14» en su primer epígrafe, lo que garantiza que «las condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirán, con motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas en España». Y aun más, esta «equivalencia de efectos jurídicos» se aplicará «en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta».

Ambas modificaciones, entre otras sin relación alguna con la violencia de ETA, fueron refrendadas por la Comisión de Justicia por 34 votos a favor y tres abstenciones de Vox, que lo hizo no por disconformidad con lo que se avecinaba, sino contra el «autoritarismo» del Ejecutivo. El texto definitivo llegó al pleno el 18 de septiembre y acabó cosechando una casi insólita unanimidad de 346 votos a favor sin ninguno en contra.

En febrero de 2022, el Gobierno negó que fuera a atenuar la condena de los presos de ETA a través de la modificación de la ley orgánica 7/2014. «No hay voluntad ni intención alguna», señaló entonces el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien apuntó que la reforma afectaba tan solo a la «interoperabilidad de bases de datos entre países europeos», sin que tuviera por tanto efectos sobre posibles rebajas para los presos de ETA que habían estado encarcelados en Francia y siguen ahora en prisión en España.