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No había ninguna duda, pero Pedro Sánchez aprovechó este sábado la ocasión para confirmar que se presentará a la reelección como secretario general del PSOE en el 41º Congreso federal que tendrá lugar en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de ... diciembre, un año antes de lo previsto aunque en el margen para ser considerado ordinario y no extraordinario. Lo hizo en los compases finales de una intervención que comenzó apelando, más de cuatro meses después, al grito de «quédate» lanzado por una dirigencia y una militancia en 'shock' tras su reclusión temporal para meditar sobre su continuidad en la Moncloa.
El jefe del Ejecutivo volvió a agitar las investigaciones judiciales contra su esposa, Begoña Gómez o su hermano, para afianzar el relato que lo presenta como puntal de la socialdemocracia y, por lo tanto, elemento a batir para la «internacional ultraderechista», y reclamar unidad. «Nuestro compromiso es con la gente de a pie y si el precio es la difamación o la intimidación, apretamos los dientes y tiramos hacia adelante», dijo. «¿Merece la pena? Sé que os habéis hecho la pregunta. Esa pregunta me la hice yo y hoy tengo la certeza de que sí, de que por supuesto que merece la pena», proclamó.
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Bajo esa misma retórica, y tras reivindicar que España haya tenido crecimiento económico durante 15 trimestres seguidos o se hayan creado más de dos millones de empleos, Sánchez dio un paso más. Distintas voces del Gobierno llevaban ya días dejando caer que, se logre o no sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025, después de haber tenido que prorrogar ya los de 2023, no hay intención de convocar elecciones. El jefe del Ejecutivo lo confirmó este sábado.
«Hay Gobierno para largo. Estamos listos para esta nueva etapa. Tenemos las pilas cargadas, nuevas ideas, los mejores equipos y las prioridades bien definidas. Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición. Con o sin concurso del Poder Legislativo -añadió incluso-. El conformismo y el inmovilismo se lo dejamos a quienes no tienen nada que ofrecer a España salvo su agonía».
El planteamiento es atípico. Felipe González convocó elecciones en 1995 cuando CiU le retiró el apoyo y anunció una enmienda a la totalidad de las Cuentas Públicas, y en 2019 el propio Sánchez hizo lo propio después de que ERC y el PDeCAT, que habían apoyado su moción de censura contra Mariano Rajoy, se negaran a avalar la que es la ley principal de todo Gobierno, la que establece sus prioridades. La no aprobación de los Presupuestos no tiene por qué tener graves consecuencias prácticas, pero sí es indicativa de una pérdida de la legitimidad lograda en la investidura.
En España las mociones de censura son «constructivas», lo que quiere decir que no se puede revocar el apoyo al presidente si no se presenta un candidato alternativo. Y en eso se ampara el Gobierno para defender su continuidad pese a ser consciente de que, con Esquerra y Junts inmersos en sendos procesos congresuales, les será prácticamente imposible sacar adelante no ya los Presupuestos sino, probablemente, ninguna iniciativa legislativa. Incluido el plan de regeneración democrática que Sánchez anunció con todo el boato tras sus cinco días de «reflexión» en abril y expuso a la cámara el pasado 17 de julio.
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