El Gobierno sacrifica a su primer alto cargo por el 'caso Koldo' sin descartar más ceses

El ministro de Transportes, Óscar Puente, optó por destituir al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, quien participó en la tramitación de un contrato de 20 millones de euros de la Administración con la empresa Soluciones de Gestión para la adquisición de ocho millones de mascarillas en marzo de 2020. Esta fue la primera adjudicación lograda por la trama, de la que Koldo García actúo supuestamente como intermediario y comisionista, y la que le ayudó a abrir la puertas del Ministerio del Interior y los gobiernos de Canarias y de Baleares.

Sánchez Manzanares, que fue durante varios años abogado del PSOE y entró a trabajar en Puertos de la mano del también exministro de Fomento, ex secretario de Organización y ex vicesecretario general del PSOE José Blanco, no está formalmente investigado ni la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, al menos de momento, ninguna medida en su contra. Pero aun así, Puente ha optado por apartarlo del cargo por «pérdida de confianza» en el transcurso de la auditoria interna que puso en marcha la semana pasada en su departamento. Fuentes del entorno del ministro no descartan más decisiones de esta índole, pero insisten en que, de momento, «esta es la que hay» y será ejecutada este miércoles en la reunión del Consejo Rector de Puertos del Estado; el mismo órgano en el que Koldo García llegó a ser vocal en la etapa de Ábalos (2018-2021).

En los últimos días ha trascendido del sumario que aunque el actual responsable de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, negó en una respuesta por escrito a la Agencia Tributaria que su departamento tuviera relación con el responsable en la sombra de Soluciones de Gestión, Víctor de Aldama, existen correos electrónicos entre Sánchez y el citado empresario, hombre clave de la trama, en relación con la adjudicación bajo sospecha.

«No es que mintiera a su jefe, es peor – dicen fuentes cercanas al ministro–. La respuesta que se da a la agencia antifraude la redacta él y se la pasa a la firma al presidente de Puertos». Las mismas fuentes insisten en que al titular de Transportes no le temblará el pulso y no tendrá en cuenta los vínculos con el partido en caso de detectar algún comportamiento reprobable en su departamento.

En un auto del pasado 19 de febrero – un día antes de que se conociera la 'Operación Delorme' con 20 detenidos y 26 registros en varias provincias–, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la causa, señaló al secretario general de Puertos como una de las personas sobre las que Koldo García «habría ejercido su influencia» para adjudicar a Soluciones de Gestión, la empresa «instrumental» de la trama, su mayor contrato

Sánchez Manzanares participó en el expediente del contrato adjudicado a Soluciones de Gestión. En concreto, firmó el acta de declaración de usuario final en marzo de 2020, tal y como ha podido verificar este periódico. La contratación con Puertos del Estado, por ejemplo, permitió que luego Adif firmara un documento contractual en mayo de 2020 con Soluciones de Gestión bajo la justificación de que esta sociedad había mostrado su solvencia como proveedor del primer organismo. El contrato con el administrador de infraestructuras ferroviarias se autorizó por 12,5 millones.

El ex asesor jurídico de los socialistas y alto cargo del organismo público adscrito al Ministerio de Transportes aparece, además, en otra parte del sumario      en la que se recoge una conversación telefónica en tono coloquial con el entonces asistente de Ábalos. La charla comienza con un «Koldo, eres un degenerado, macho, siempre me pillas cuando estoy con tías», pero en ella la UCO no encontró ningún contenido de interés para la causa. Ambos acaban hablando de la llegada en noviembre pasado de Óscar Puente al ministerio y la nueva situación laboral que se abría para el número dos de Puertos del Estado, a quien García veía con aspiraciones para llegar a ser presidente.

Aunque Sánchez Manzanares no está investigado tras haber sido interrogado por la Guardia Civil, el juez ya ha autorizado a la Policía Judicial para que vuelque sus buzones del correo corporativo en las fechas de los contratos, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020. El objetivo es cotejar hasta dónde llegó la influencia de Koldo García en la concesión del primer gran contrato de urgencia (un procedimiento sin publicidad) a Soluciones de Gestión.

El Ejecutivo blande ya su destitución y el expediente de expulsión abierto a Ábalos, al que tampoco se ha imputado, como prueba de que ni encubre ni encubrirá nada y de que colaborará con la Justicia – también la europea, ahora que la Fiscalía investiga los contratos de Baleares y Canarias– «caiga quien caiga». «Cuando baje el ruido del PP – esgrimió ayer Alegría–, aquí va a quedar una respuesta ejemplar por parte de este Gobierno».