El juez señala a los «contactos» del exasesor de Ábalos en los dos contratos de Transportes

En un auto del pasado 19 de febrero, un día antes de que estallara la operación con 20 detenidos y 26 registros en varias provincias, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la causa, señaló a las dos personas sobre las que Koldo García «habría ejercido su influencia» para adjudicar a la citada empresa el suministro del material sanitario entre marzo y abril de 2020, en el peor momento de la pandemia de coronavirus.

Se trata de los dos grandes contratos de la investigación. Las concesiones de urgencia y sin publicidad que Puertos del Estado y Adif, organismos dependientes del Ministerio de Transportes, dieron a Soluciones de Gestión por 32,5 millones de euros a cambio de suministrar más de 14 millones de mascarillas.

Puertos del Estado, del que Koldo García era vocal de su consejo rector en el momento de los hechos, abrió además la puerta para que la empresa entrara en la «línea de compra» y recibiera el certificado de garantía como contratista de la administración.

Una consideración clave para no levantar sospechas -la mercantil no tenía experiencia previa en el suministro de material sanitario ni disponía de una red comercial conocida en China- y acceder sin problema a los contratos del Ministerio del Interior y de las administraciones de Canarias y Baleares. Unas concesiones directas con las que hicieron un negocio redondo: el total de las adjudicaciones se valoraron en 54 millones de euros y los investigados se llevaron un beneficio del 32%, esto es, 16,9 millones.

La resolución parte de los informes de vigilancia entregados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juzgado. El auto confirma que Koldo García, el facilitador de la trama por su cercanía al ministro Ábalos, «mantiene una relación directa y personal» con Álvaro Sánchez, secretario general de Puertos del Estado, y con Michaux Miranda, director general de gestión de personas de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias.

En el caso de Sánchez participó en el expediente del contrato adjudicado a Soluciones de Gestión por 20 millones (luego ascendió a 24,2 millones). En concreto, firmó el acta de declaración de usuario final en marzo de 2020, tal y como ha podido verificar este periódico; en el caso de Miranda participó en el procedimiento administrativo para conceder a la empresa bajo sospecha la adquisición de material sanitario por 12,5 millones. Incluso le llegaron a hacer un pago por adelantado del 50% del contrato para que la adjudicataria pudiera cumplir con sus proveedores.

La contratación con Puertos del Estado, por ejemplo, permitió que Adif firmara un documento contractual en mayo de 2020 con Soluciones de Gestión bajo la justificación de que esta sociedad había mostrado su solvencia como proveedor de Puertos del Estado. Este documento lleva la firma del citado director general de gestión de personas, a quien el facilitador de la red Koldo García «recurre para ejercer su influencia en asuntos de la competencia de Adif», asegura el auto.

La relación entre García y Miranda tiene otros pasajes en el sumario. Un informe de la UCO destaca una conversación del 17 de octubre pasado entre Koldo y su hermano Joseba, investigado también en la causa, en la que el segundo alude a un tal «Melchor, jefe de recursos humanos de Adif, a quien además lo metió Ábalos». Un nombre que los investigadores creen que es Michaux Miranda. «Vale, lo conozco, sé quién es. Mejor te vienes aquí y hablamos con él. Yo mañana como con el jefe y vamos a darle una vuelta», comentó Koldo.

Aunque los agentes que seguían a los investigados no pudieron confirmar el encuentro del alto cargo de Adif con los hermanos, sí «resulta interesante» que hablaran de él por otra conversación intervenida entre Juan Carlos Cueto y el también encausado Iñigo Rotaeche, director general de Soluciones de Gestión. Ambos mostraron su preocupación sobre las consecuencias que podía tener la inspección abierta por la Agencia Tributaria a la mercantil, por lo que era de vital importancia que Koldo se reuniera con su contacto en Adif.

De momento ni Álvaro García ni Michaux Miranda están investigados en la causa, pero el juez ya ha autorizado a la UCO para que vuelque sus buzones de correo corporativo en las fechas de los contratos, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020. Además, en el caso del segundo, también afecta a sus comunicaciones entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024 con el objetivo de aclarar su vínculo real con Koldo García.