La justicia irrumpe en las negociaciones al imputar por terrorismo a Puigdemont

La decisión del magistrado, que afecta también a otras diez personas vinculadas al independentismo, removió los cimientos del escenario político por la gravedad de la imputación -un delito de terrorismo y la sorpresa de que incluyera en la causa con un «rol de liderazgo» a Puigdemont, a quien ni siquiera la Guardia Civil destacó en su informe remitido el viernes al juzgado.

Del mismo modo, el auto de García Castellón cogió por sorpresa a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que el magistrado pidió opinión por escrito el viernes sobre el informe del instituto armado y los investigados y que antes de responder este lunes conoció la resolución y la inclusión final de Puigdemont. Por este motivo, el Ministerio Público anunció este lunes que interpondrá recurso de apelación directamente ante la Sala de lo Penal contra el auto de García Castellón, ya que solo aprecia desórdenes públicos según se recoge de los informes policiales, explicaron fuentes fiscales, que señalaron que ese es el delito que cabe aplicar «al haber desaparecido» el de sedición. Por lo tanto, el departamento dirigido por Jesús Alonso considera que los hechos tendrían que ser investigados en los juzgados de Barcelona, competentes para ello, y no en la Audiencia Nacional por terrorismo.

La acusación de García Castellón contra Puigdemont y Rovira se produce en un contexto en el que el pacto sellado la semana pasada por el PSOE y ERC incluye tanto a los miembros de Tsunami Democràtic como a los de los Comités de Defensa de la República (CDR) en la ley de amnistía que los socialistas siguen negociando con Junts. El auto del juez envía el mensaje de que los potenciales amnistiados lo serán ya no por presunciones, sino por hechos bajo imputación penal por violencia, y que sumarán 24: Puigdemont, Rovira, los otros diez imputados por Tsunami y los doce encausados en el sumario sobre los CDR, cuyo procesamiento por García Castellón fue confirmado también el pasado viernes por la Sala Penal.

Tras apremiar la semana pasada a que la Guardia Civil presentara en el juzgado el informe final sobre Tsunami, el juez apuntó este lunes por primera vez el carácter terrorista de la plataforma, «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia (...) cuya finalidad era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva». Unas acusaciones que, sostiene el magistrado, encajarían «desde la provisionalidad» con la calificación de terrorismo o de «desórdenes públicos con finalidad terrorista», señaló. Al grupo se le achacan, entre otros altercados, el asalto al aeropuerto de Barcelona para denunciar la condena por el Supremo de Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés'.

En su resolución, justifica la inclusión de Puigdemont en que estuvo informado en todo momento de la creación y objetivos de Tsunami a través de su hombre de confianza y asesor: el historiador barcelonés Josep Lluís Alay, también investigado. Sostiene que el expresident estuvo al tanto de la plataforma desde su alumbramiento, en unas reuniones que tuvieron lugar en Ginebra (Suiza) entre el 29 y el 31 de agosto de 2019.

Alay, sostiene el juez, mantuvo informado en todo momento a Puigdemont del «grupo de coordinación» de Tsunami, según se desprenden de las agendas personales incautadas al historiador en otra investigación. Unas reuniones en Suiza que habría conocido también el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a quien el magistrado cita como testigo para conocer qué sabía de Tsunami.

García Castellón destaca que el liderazgo de Puigdemont» también se infiere de las conversaciones mantenidas con cabecillas de la plataforma, con quienes discutió sobre la actitud de los dirigentes catalanes en relación a la publicación de la sentencia del 'procés'. Un intercambio de mensajes con uno los imputados, el empresario gerundense Josep Campmajó, es relevante para el juez a la hora de implicar al expresidente catalán.

Campmajó le escribió: «este lunes estuve nuevamente en primera línea. Tanto en BCN (Barcelona) como en GRN (Girona). Mi gente bien distribuida». «O tú (Puigdemont) y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas». A lo que Puigdemont respondió: «Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas». Campmajó añadió: «Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado». Y el líder de Junts remachó: «Cierto. Y eso no es bueno».

Dada la condición de aforado de Puigdemont como europarlamentario, García Castellón ofrece al expresidente huido la posibilidad de «comparecer voluntariamente» en el juzgado antes de pedir el suplicatorio a Bruselas. Lo mismo ocurre respecto al diputado autonómico de ERC Rubén Wagensberg, también investigado, a quien se le invita a comparecer o, de lo contrario, se tramitará el suplicatorio al Parlament.