Sánchez ve saltar por los aires su calendario para la investidura una jornada más

El impacto de la resolución del magistrado de la Audiencia Nacional en las conversaciones es evidente. El intercambio de papeles en los últimos días, incluido todo el fin de semana, ha estado centrado en intentar ofrecer al expresident, prófugo de la justicia, garantías de que personas de su máxima confianza como el jefe de su oficina económica, Josep Lluís Alay, el exconsejero de Interior Miquel Buch o el empresario Xavier Vendrell, uno de los organizadores en la sombra del 1-O, también se verán beneficiados por ley de amnistía que Sánchez está dispuesto a aprobar, después de toda una legislatura cuestionando su constitucionalidad, a cambio del apoyo a su investidura.

Casi todos ellos se hallan inmersos en causas ajenas, en sentido estricto, al 'procés'. Alay está, entre otras cosas, pendiente de juicio por malversación y prevaricación de fondos públicos por un viaje a Nueva Caledonia para participar como observador en el referéndum de 2020; Buch fue recientemente condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso d'esquadra para que hiciera de escolta a Puigdemont en Bélgica y Vendrell, detenido en el marco del 'caso Voloh', está siendo investigado por una operación urbanística en la finca de Villa Bugatti en Cabrera de Mar. Pero Puigdemont y su partido sostienen que son víctimas de 'lawfare', es decir, de la utilización espuria de la justicia para perseguir al independentismo.

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En el PSOE - con su número tres, Santos Cerdán, de nuevo en el hotel Sofitel de la bruselense Place Jourdan, mientras la cúpula de Junts se reunía a 300 metros, en el Press Club International- transmitían este lunes que el acuerdo político estaba hecho y que lo único que faltaba era pulir las «cuestiones técnicas», una tarea minuciosa y complicada, pero factible. De hecho, aunque a primera hora nadie se atrevía a garantizar que el día acabaría con todo atado, tampoco se descartaba un entendimiento que permitiera cumplir el calendario que hasta la semana pasada se tenía en mente: una investidura este miércoles y jueves. Pero la decisión del magistrado que investiga la causa contra Tsunami Democràtic, contestada por la Fiscalía, obliga a resetear las conversaciones porque afecta también a todos esos hombres de confianza de Puigdemont.

La semana pasada, antes de sellar su acuerdo de investidura con los socialistas, ERC aseguró que ya había conseguido incorporar en el articulado de la contestada iniciativa legislativa que se podrían amnistiar delitos de terrorismo siempre y cuando no conlleven lesiones o atentado con resultado de muerte; lo que valdría tanto para los implicados en Tsunami Democràtic' como para los CDR de la operación Judas, ambos relacionados en los disturbios de 2019 contra la sentencia del 'procés'. Pero los juristas de Junts no lo veían nada claro.

El PSOE tendrá que redoblar ahora los esfuerzos en un clima de tensión creciente, con protestas apoyadas por parte de la derecha frente a sus sedes y movimientos que complican aún más el escenario: las advertencias de Esquerra y Sumar de que no aceptarán la amnistía de casos de corrupción; la declaración crítica con la amnistía del Consejo del Poder Judicial, pendiente de renovación desde hace casi cinco años y con mayoría conservadora; o la votación que, a instancias de la CUP, celebrará este jueves el Parlament sobre la constitución de una ponencia para elaborar una nueva ley de referéndum de autodeterminación.