García Castellón, el juez al que odian la izquierda y los 'indepes'

Puigdemont no ha tardado en señalar públicamente al juez como parte de la ofensiva de la derecha togada. Pero no es la primera vez que un político pone en la picota al septuagenario magistrado. En octubre de 2020, García Castellón denunció ante Consejo General del Poder Judicial la campaña de amenazas, coacciones y hostigamientos en redes sociales y en «algunos medios de comunicación» afines a Unidas Podemos desatada contra él a raíz de que pidiera al Tribunal Supremo que investigara a Pablo Iglesias por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos en el denominado 'caso Dina'. El exvicepresidente del Gobierno, como ahora Puigdemont, apuntó a que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional era un brazo ejecutor de la derecha, además de llamarle directamente «prevaricador».

¿Quién es García Castellón y por qué sigue en activo en primerísima línea judicial? En la primavera de 2017 estaba a punto de cumplir 65 años. Cualquier otro magistrado se dedicaría esos días a preparar su fiesta de jubilación o, cuanto menos, el paso al destino más tranquilo posible para poner la guinda a su carrera. Por eso, al principio, nadie se creyó lo que entonces parecía solo un rumor: el veteranísimo García Castellón quería meterse de nuevo en 'el jardín' de la Audiencia Nacional tras 17 años de exilio dorado como magistrado de enlace en París y en Roma, probablemente dos de los puestos más atractivos de la carrera judicial, con estatus diplomático y emolumentos considerables.

Quizás por lo incompresible de la decisión de que un casi jubilado quisiera volver a un juzgado de la Audiencia que por entonces -también ahora- estaba saturado de trabajo, se dispararon las suspicacias y las maledicencias. ¿Por qué un miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que llegó a ser tesorero, tenía tanto interés en recuperar su plaza aun perdiendo los privilegios de su vida en el extranjero? ¿Por qué el juez al que Ángel Acebes o Alberto Ruiz-Gallardón nombraron para los puestos en París y Roma quería regresar a un despacho atestado de papeles tras 17 años sin instruir? ¿Cómo era posible que un magistrado merecedor de la medalla de Caballero de la Legión de Honor francesa deseara volver a los tribunales de la calle Génova a interrogar y mandar a la cárcel a propagandistas del Daesh o a narcotraficantes del Estrecho?

A falta de la versión del interesado, que siempre ha hecho gala de una discreción en las antípodas de los jueces 'estrella' de la Audiencia con los que convivió durante años y todavía convive, sus enemigos han hecho valer la tesis de que regresó para echar una mano al PP en los tribunales.

La imputación de Puigdemont en un momento clave de las negociaciones de los socialistas con Junts para la investidura y las prisas a la Guardia Civil para que remitiera en estos días el informe clave de Tsunami desde el luego abonan la tesis de sus enemigos. Pero hay matices. García Castellón es el instructor que el pasado octubre acordó la apertura de juicio oral contra el ex ministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y la cúpula policial de entonces por la denominada 'operación Kitchen', el dispositivo parapolicial puesto en marcha entre 2013 y 2015 supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero de los populares Luis Bárcenas material sensible relacionado con la investigación del 'caso Gürtel'.

Eso sí, en septiembre del año pasado se negó en redondo a investigar a Dolores de Cospedal en esta causa a pesar de los audios que apuntaban a que estaba al tanto de todo el operativo contra Bárcenas. Las versiones sobre su atribuida cercanía al PP se basan, sobre todo, en que García Castellón se empeñó en regresar cuando en su juzgado habían estallado dos casos -'Púnica' en 2015 y 'Lezo' en 2016- que parecían comportar en aquellos años un riesgo para los populares como en su momento el sumario de 'Gürtel'.

Sobre 'Lezo', los movimientos más significativos del juez fueron el archivo, en mayo de 2019, de la investigación sobre Gallardón y sus consejeros por la compra de una empresa colombiana ruinosa por parte del Canal de Isabel II. En 'Púnica', la trama de tráfico de influencias que afecta a varias administraciones nacionales, sacó del caso en octubre del año pasado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El juez zanjó que no había pruebas de que fuera «conocedora» de la 'caja B' del PP madrileño.

Lo que no recuerdan tanto sus detractores ahora es que este supuesto «infiltrado» de la derecha en la Judicatura, como le descalifican, abrió una investigación en España en 1997 contra Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad que acabó con la detención en Londres del dictador un año después. Un proceso en el que, ya en manos de Baltasar Garzón, se anduvo cerca de conseguir la extradición del dictador chileno.

Los que acusa a García Castellón de ser un togado parcial al servicio de los sectores más conservadores del país también obvian que fue el magistrado que en los 90 ordenó encarcelar al banquero Mario Conde o el mismo que desmontó el emporio de Jesús Gil.

El juez al que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero galardonó con la Encomienda de Isabel la Católica por su trayectoria fue uno de los magistrados que con más ahínco -pero mucho más alejado de los focos que otros colegas de la Audiencia- persiguió a ETA desde su llegada a la Audiencia Nacional en 1995 hasta que en 2000 se marchó a París, donde siguió luchando contra los terroristas a base de llevar a las cotas más altas la colaboración judicial hispano-gala.

El juez que instruyó el asesinato de Miguel Ángel Blanco -aún se recuerdan los denodados esfuerzos dirigidos desde su despacho por intentar localizar al concejal del PP secuestrado por ETA para evitar que lo mataran- o el atentado contra José María Aznar, ha retomado su guerra contra la banda terrorista ya disuelta y, sobre todo, contra sus cabecillas históricos tras su regreso al tribunal de la calle Génova. Ha sido él quien, de la mano de la asociación Dignidad y Justicia, ha reactivado la persecución de exjefes terroristas por, entre otros casos, el asesinato de Blanco o la voladura del cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola que acabó con la vida de la hija de seis años de un agente y de un jubilado.