El Gobierno define la DANA como «emergencia nacional» para no jubilar a un mando de Interior

Según publica el BOE, el departamento que dirige Grande-Marlaska camufló en la disposición final quinta del texto para las millonarias ayudas a los afectados por la catástrofe la modificación del régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía para permitir que el número dos del cuerpo, Director Adjunto Operativo (DAO) José Ángel González, a punto de jubilarse, siga en el puesto más allá de los 65 años. Uno de los motivo argumentados para justificar su continuidad es que González está trabajando ahora en la    contención de un desastre que, en el boletín oficial, el Gobierno califica, precisamente, como de «emergencia nacional». Si este calificativo se elevara a decisión legal, el mando de la crisis pasaría al ministro Grande-Marlaska. El PP, que apuesta por la colaboración entre administraciones, cree que esa declaración es la que mejor respondería a las ingentes demandas del momento. Los de Alberto Núñez Feijóo sostienen que la supuesta inhibición del Ejecutivo de Sánchez es intencionada.

El Gobierno explica la modificación normativa por la que se mantiene en su puesto al mando policial, algo que llevaba barruntando desde hace meses y que ha introducido ahora de rondón en el amplio cuadro de medidas para la DANA, porque la función de José Ángel González resulta poco menos que indispensable, dado que permitir su jubilación «en esta situación de emergencia nacional» resultaría «altamente disfuncional» cuando hay cerca de 10.000 policías y guardias civiles operando en la zona cero de la catástrofe.

Ante la polémica generada, fuentes de Interior se escudaron en que el concepto de «emergencia nacional» no existe, como tal, en la normativa estatal de protección civil y que las leyes hacen referencia a «emergencias de interés nacional» o a la «situación operativa 3», a las que alude el real decreto publicado en el BOE. El ministerio de Grande-Marlaska, que destaca que, tras la DANA, se ha impulsado «el más amplio despliegue policial de la historia», arguye que la expresión «emergencia nacional» citada en el BOE no califica el tipo de emergencia, sino que «se refiere a la conveniencia de evitar el que se pudiera producir el cese por edad del Director Adjunto Operativo cuando el mismo pudiera estar dirigiendo o supervisando el despliegue de la Policía Nacional».

Este comisario principal, el uniformado de mayor rango del cuerpo, es un mando de la máxima confianza del Grande-Marlaska y del director de la Policía, Francisco Pardo. González debía no solo cesar en el cargo en breve, sino también dejar la institución, hasta que este martes todo cambió con el decreto de medidas para responder ante la DANA. Y por ello mismo la oposición no tardó en salir al paso. El primero, el PP, que acusaba al Gobierno de perpetrar un nuevo engaño al conjunto del Congreso. Los de Feijóo creen que, incluyendo este término en el BOE, el Gobierno asume «explícitamente» que la DANA debe tratarse como lo que es para ellos, una emergencia nacional.

El Ejecutivo «vuelve a utilizar una tragedia en favor de sus intereses», señaló en X Miguel Tellado. La exigencia de la emergencia nacional no es asunto menor en Génova. Más allá de su respaldo a Mazón, Feijóo pidió esa declaración desde el primer momento y sigue insistiendo pese al reiterado 'no' del Gobierno. Este martes mismo volvió a hacer referencia a este asunto al asegurar incluso que él, de haber ocupado el lugar del líder valenciano, se lo habría pedido a Sánchez.

«Aquí lo que falló es el Gobierno, lo que tenemos es un Gobierno fallido a efectos de catástrofes», declaró tras remitirse a las explicaciones que ofrecerá Mazón mañana en las Cortes valencianas y criticar que Sánchez se vaya a la cumbre del clima sin comparecer en el Congreso. Unas palabras que dieron lugar, a su vez, a la reacción del Ejecutivo, después de que el líder de la oposición haya mutado de la versión conciliadora ofrecida hace una semana –cuando pidió consensuar un 'plan Valencia'– a una más beligerante con Sánchez, consciente de que si las miradas se centran únicamente en la gestión de la Generalitat valenciana la factura para el PP en su conjunto puede ser mayúscula.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a negar que la decisión del Gobierno de no asumir el mando en la gestión de la DANA fuera fruto de un cálculo político y respondiera a la voluntad oculta de evidenciar la incapacidad de una de las principales administraciones del PP ante una catástrofe de estas dimensiones.

Puente –que compareció en Moncloa para dar cuenta de la última reunión del gabinete de crisis constituido hace ya dos semanas para atender la tragedia y presidido desde Bakú (Azerbaiyán) por Sánchez– recriminó al líder de los populares que haga esa lectura y cuestione sus intenciones. «Hace falta mucha mezquindad para pensar que un Gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna», señaló el dirigente socialista.