Francina Armengol completa su primer año como presidenta del Congreso marcado por las polémicas

Para que haya Gobierno, antes tiene que haber un Parlamento. Y la elección de Francina Armengol (Inca, 1961) como presidenta del Congreso de los Diputados fue la primera piedra sobre la que Pedro Sánchez construyó el camino hacia su investidura. La exmandataria balear cumple hoy un año como tercera autoridad del Estado tras un intenso curso en las Cortes marcado por la ley de amnistía y en el que su crédito como árbitro de la institución ha estado en el centro de la diana.

Fiel a un estilo propio y unas formas más relajadas en los tiempos de intervención a las que acostumbraban sus antecesores en el cargo, a Armengol se le ha ido endureciendo el gesto a medida que encaraba las distintas controversias que han jalonado su primer año de mandato. La mayoría, asociadas al cargo, por el cuestionamiento permanente al que PP y Vox han sometido su mandato. Y otra, colateral por el 'caso Koldo'. La polémica que ha supuesto, pese a no estar imputada, el mayor golpe a su prestigio. Un señalamiento que le ha obligado a cambiar hasta en tres ocasiones su 'trono' en el hemiciclo por uno menos cómodo, políticamente hablando, en las comisiones de investigación en el Congreso, el Parlamento de Baleares y el Senado.

En un primer año con más sombras que luces, el choque de Armengol con la formación de Alberto Núñez Feijóo ha sido constante. Su ascenso a la política nacional apenas dos meses después de sufrir una agria derrota en las autonómicas del 28-M está ligada al presidente del Gobierno, que premió su fidelidad en su caída y resurrección como secretario general del partido. Y los populares han visto en su doble papel como presidenta de la Cámara y secretaria general del PSOE de Baleares una vía para confrontar con el Ejecutivo en sede parlamentaria.

Su sensibilidad con el independentismo determinó el pacto con el que el PSOE logró amarrar in extremis los apoyos de ERC y Junts para imponerse en la votación -en urna y secreta- a la número dos del PP, Cuca Gamarra.

La normalización del uso de las lenguas cooficiales desde la tribuna del Congreso -una de las señas de identidad de su presidencia- provocó el primer encontronazo tras la reforma exprés del Reglamento de la Cámara para este fin. El segundo, solo una semana después, por su decisión de anular el voto de un diputado de Junts -que se equivocó al votar y después rectificó- en el debate de investidura del candidato del PP mientras los socialistas negociaban con los postconvergentes la investidura de Sánchez.

Desde entonces, el partido conservador no ha rebajado el ritmo en su asedio. La doble vara de medir que, a su juicio, utilizó Armengol a la hora de fijar la fecha de los dos plenos de investidura le valió el calificativo de «presidenta de parte» en boca de Gamarra. Y sus discursos oficiales en la jura de la Constitución de la princesa Leonor cuando cumplió la mayoría de edad, en la apertura solemne de las Cortes -PP y Vox se negaron a aplaudirlo- o en el 45 aniversario de la Constitución provocaron sarpullidos en los diputados de la derecha, que la tildaron de «partidista» y «sectaria».

Adjetivos que las formaciones de Feijóo y Santiago Abascal han aplicado a su gestión por permitir en su dirección de los debates parlamentarios el señalamiento a personas concretas e instituciones del Estado desde la tribuna y que cristalizó en una queja formal por su «falta de imparcialidad» en febrero.

Pero el asunto que colocó a Armengol en el punto de mira fueron los contratos que el Govern balear que dirigió suscribió con la trama encabezada por el exasesor de José Luis Ábalos. Otro borrón judicial en su expediente político ya salpicaron su etapa como líder territorial por el 'caso Puertos' y el de las menores tuteladas prostituidas.

«No dejaré que mancillen mi nombre», afirmó el 5 de marzo en una intervención para la historia en la que trató de mantener en el Congreso el difícil equilibrio de la neutralidad al defender su honorabilidad mientras ejercía la responsabilidad institucional de su cargo. Arropada por su partido, la presidenta del Congreso descartó dimitir frente a las presiones del PP cuando la Fiscalía Europea puso la lupa sobre las irregularidades de la compra de mascarillas por parte de los Ejecutivos de Canarias y Baleares con la empresa patrocinada por Koldo García.

Sus intervenciones en las comisiones de investigación a las que ha sido llamada-es la primera vez que la tercera autoridad del Estado se enfrenta a esta inédita situación- levantaron polvo. El 7 de junio, un día antes de la jornada de reflexión de las europeas, la política mallorquina entró al cuerpo a cuerpo con el PP en el Senado al cargar contra «los bulos», «las mentiras» y «los pseudomedios» -alineando su defensa con los argumentos que Sánchez y Moncloa han esgrimido desde que estalló el 'caso Begoña Gómez'- y llamó al voto «contra la política de la mentira».

Tras el parón de agosto en la Carrera de San Jerónimo, el Congreso retomará su actividad el 27 de agosto con la reunión de la Diputación Permanente, el órgano de guardia cuando la Cámara no se encuentra en periodo ordinari ode sesiones. A partir de entonces Armengol tiene otra oportunidad de desplegar la fama de «negociadora» y «dialogante» que le precedió como presidenta autonómica y con su batuta tratar de rebajar los decibelios de un nuevo curso político que se antoja igual de polarizado que el anterior.

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