¿Qué pasó para que fuera posible el 11-M?

Pues bien, cuando tuvo lugar el 11-M, España contaba con un sistema de lucha contra el terrorismo muy desarrollado y altamente eficaz. Era el resultado de décadas de experiencia en hacer frente principalmente -aunque no sólo- al terrorismo de ETA. Se trataba de un sistema de lucha contra el terrorismo que, como es común en el ámbito de las democracias liberales de nuestro mismo entorno europeo, incluía secciones especializadas de las fuerzas policiales y de los servicios de inteligencia que actuaban de acuerdo con la legislación especial existente y bajo supervisión judicial. Este conjunto de agencias e instituciones antiterroristas podían beneficiarse de la cooperación internacional y al mismo tiempo recabar la colaboración ciudadana.

¿Qué es entonces lo que pasó? ¿Qué es lo que falló? ¿Cómo fue posible que los terroristas del 11-M eludieran los múltiples controles atribuibles a un sistema de lucha contra el terrorismo tan desarrollado y eficaz como lo era en aquellos momentos el español? La respuesta a estos interrogantes se ha postergado demasiado tiempo, sin una reflexión nacional serena y rigurosa acerca de las circunstancias que permitieron a los terroristas preparar y ejecutar los atentados de Madrid sin más impedimentos que la fuerza de su determinación y el alcance de sus destrezas. Cierto, hubo una Comisión de Investigación sobre el 11-M en el Congreso de los Diputados. Pero sus sesiones y conclusiones se vieron seriamente afectadas por la fractura política y la división social que siguieron a la matanza en los trenes de Cercanías.

El hecho de que los principales terroristas del 11-M fueran bien conocidos de antemano en distintas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que incluso durante los dos años que precedieron a los atentados de Madrid estaban siguiendo a un buen número de quienes los prepararon y ejecutaron, explica que lo ocurrido fuese, en primer lugar, un fallo policial. Ese conocimiento policial previo no evitó que los terroristas llevaran a cabo su voluntad de matar de la manera más ambiciosa posible porque se ignoró lo que en el campo de las respuestas al terrorismo se conoce como 'efecto bumerán'. Es decir, se ignoró que una actuación policial contra el terrorismo de especial significación o de gran envergadura puede motivar una reacción de venganza por parte de terroristas relacionados con el grupo o la organización a la cual se ha asestado un serio golpe.

En el caso del 11-M, la actuación contra el terrorismo que desencadenó tamaños deseos de venganza fue la Operación Dátil, cuya fase primera y principal se desarrolló en noviembre de 2001 en Madrid. Esta actuación policial desmanteló la célula con que Al Qaeda contaba en España desde 1994 -pronto conocida como la célula de Abu Dahdah, por el apodo de su líder- y supuso además el mayor golpe asestado a las estructuras de Al Qaeda en los países de Europa Occidental tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Entre los individuos que no pudieron ser detenidos y encarcelados en el marco de esa actuación policial estuvieron, no por casualidad, el instigador de la venganza contra España y quienes, siguiendo sus instrucciones, se movilizaron para formar, entre marzo de 2002 y agosto de 2003, la red terrorista del 11-M.

Pero no todo fue un fallo policial. Hubo otros actores y otras instituciones cuyas deficiencias y cuyo mal funcionamiento impidieron que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, o ambos cuerpos con el Centro Nacional de Inteligencia, frustrasen las intenciones de los terroristas. El 11-M fue un fallo policial que se vio favorecido por una legislación inadecuada para perseguir yihadistas y un desatino judicial que hasta los reforzó, por la descoordinación y desconfianza entre los servicios antiterroristas, por la visión desenfocada de una agencia de inteligencia en proceso de adaptación, por una cooperación internacional decepcionante y por entornos permisivos de los que se beneficiaron los terroristas. En el trasfondo, una sociedad que no había definido ese terrorismo como problema y unas élites políticas que no lo habían incorporado a sus agendas.

El 11-M pudo haberse evitado si el conocimiento policial previo sobre distintos terroristas implicados se hubiera interpretado bien, si la legislación y el entendimiento judicial hubiesen sido adecuados, si no hubiese faltado coordinación y confianza entre servicios antiterroristas, si se hubiese adaptado a tiempo la agencia de Inteligencia, si algunos países hubiesen cooperado más o mejor y si quienes, en las comunidades musulmanas o al margen de ellas, sospecharon de allegados o conocidos, hubiesen antepuesto la lealtad cívica a otras lealtades. A ello habría coadyuvado una apropiada concienciación política y social sobre la evolución del yihadismo en España. Cuando tuvo lugar el 11-M, en suma, España contaba con un sistema de lucha contra el terrorismo muy desarrollado y eficaz, pero contra el terrorismo de ETA y no contra el terrorismo relacionado con Al Qaeda.