«Y ahora, Cataluña», se escuchó decir a un dirigente del PP el miércoles en el patio del Congreso, apenas un puñado de horas después de que su partido rubricara en Bruselas con el Gobierno el documento que ponía fin a un lustro de parálisis ... en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La incierta investidura catalana emerge, sí, como el hito político de un verano que vuelve a venir cargado, pero los populares no prejuzgan si el desenlace será una nueva convocatoria electoral -algo «impredecible», califican fuentes de Génova- y concretan qué foco ganará luminosidad en su estrategia de erosión de Pedro Sánchez tras la tregua del desbloqueo del CGPJ: los de Alberto Núñez Feijóo serán «implacables» contra el presidente con las causas que afectan a su entorno personal y político. La que le es más próxima, al afectar a su mujer, Begoña Gómez, afronta este viernes el delicado trance de verla declarar ante el juez Juan Carlos Peinado por presunto tráfico de influencias e ilícito en los negocios.
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El alto el fuego en la extrema polarización que libran el PSOE y el PP cristalizó en el inusual ejercicio de 'politesse' entre el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons -hasta en Génova se permiten bromear con «la consolidada» relación entre los dos muñidores del pacto-, y en que ambos partidos han dado por ventajoso ese entendimiento para sus intereses arrostrando el malestar de los socios a izquierda y a derecha. Pero las espadas siguen en alto por el manejo de una legislatura que tironea de sus dos principales actores: Moncloa tiene que demostrar que este complicado cuatrienio avanza, aunque sea a trancas y barrancas y asumiento el coste con sus aliados de reavivar las brasas del viejo bipartidismo con el reparto a dos del CGPJ; y el PP se mueve también en un exigente equilibrio por el que tiene que dotar de contenido a su discurso de que Sánchez prolonga artificialmente la legislatura mientras ésta ha superado el ciclo electoral de gallegas, vascas, catalanas y europeas a la espera de cómo se resuelva la investidura que se disputan Salvador Illa y Carles Puigdemont.
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Los populares, que se han mantenido en un segundo plano en los compases iniciales del nuevo ciclo catalán tras haber mejorado sensiblemente su cosecha en las urnas, no renuncian al ariete de la ley de amnistía, pendiente de que el instructor del Supremo, Pablo Llarena, resuelva si se la aplica o no a Puigdemont. Pero el galvanizador de su estrategia de oposición a Sánchez en este julio que se prevé recalentado va a ser el martilleo con las causas judiciales que conciernen al círculo del presidente.
«La temática de la corrupción va a volver con fuerza esta semana y seremos implacables», anticipan en el equipo de Feijóo. «No nos han elegido para ser condescendientes con la corrupción del Gobierno», zanjan estas fuentes, que ratifican que Sánchez desfilará por la comisión de investigación del Senado creada a raíz del 'caso Koldo cuando la oposición lo crea conveniente. Y aun cuando a diferencia del Congreso, que tiene programados ya cuatro plenos este julio, la Cámara alta erigida en fortín de los populares estará en principio con el gas casi apagado.
Al resultado que ofrezca este 5 de julio el testimonio como investigada de Begoña Gómez, sobre cuya conducta profesional pesan las pesquisas de Peinado y de la Fiscalía Europea, el PP suma las diligencias abiertas por una jueza de Badajoz por cinco posibles delitos fiscales y de corrupción a David Sánchez, el hermano músico del jefe del Ejecutivo que actúa con el seudónimo de David Azagra; y también que en los próximos días está previsto que el Constitucional exonere de las condenas por el millonario fraude de los ERE al expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán y otros altos cargos, una exculpación ante la que los populares han acusado ya a Sánchez de utilizar el TC como «puerta trasera» para los indultos a los que no se ha «atrevido».
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La cuarta pata de esa ofensiva continúa siendo el 'caso Koldo' que salpica al Gobierno y al PSOE por el flanco del antiguo asesor del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido José Luis Ábalos. Los de Feijóo añaden a su presión para intentar cercar a Sánchez el espinoso trance en que se encuentra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuya idoneidad para el cargo pende del Supremo y que está al borde de ser imputado también ante el alto tribunal por supuesta revelación de datos reservados de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso acusado de fraude tributario.
La lectura que efectúa la dirección del PP del pacto sobre el CGPJ es que ha sido «bueno para el país y bueno para el partido», un afianzamiento del que se felicita por contraposición al Gobierno y a Vox. «Es nuestro camino. Vox prefiere un no siempre a todo, nosotros preferimos un buen acuerdo a no tenerlo», justifican en Génova, mientras Feijóo aguanta el tirón del amago de Santiago Abascal de romper a cuenta de la acogida a los menores inmigantes.
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