García Ortiz, el fiscal general con récord de borrones

Álvaro García Ortiz no es un fiscal general al uso. Y no solo porque no guarde las formas públicamente cuando saluda de manera cariñosa al presidente Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez, en la ya famosa foto captada en el Palacio Real en la ceremonia por el décimo aniversario de la entronización de Felipe VI. O porque se funda en un efusivo abrazo entre risas con la vicepresidenta Yolanda Díaz en una solemne sesión de apertura de las Cortes. O porque intercambie complicidades y besos ante las cámaras con Dolores Delgado, su íntima amiga, mentora, predecesora, exministra socialista y la mujer que le ungió para llegar de forma meteórica a la cumbre del Ministerio Público. O porque salude a la socialista Francina Armengol estrujándose ambos en las salas nobles del Congreso el pasado marzo, en el acto oficial del Parlamento de celebración del día de la mujer, cuando la actuación de la presidenta de la cámara baja ya estaba bajo la lupa por la compra en Baleares de mascarillas a la trama 'Koldo'.

No, no es solo por eso. A García Ortiz no solo es que no le importe el riesgo de no aparentar neutralidad para intentar hacer olvidar el desliz que persigue a Sánchez -«¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso»-, dijo el jefe del Gobierno en RNE en noviembre de 2019 para garantizar, paradojas de la política, que traería a Carles Puigdemont a España para juzgarlo. Es que tampoco parece inquietarle nada que se haya convertido en una suerte de cumplidor de antirécords, de precedentes en negativo, del Ministerio Público español. Y no parece quitarle el sueño, ni siquiera, que este miércoles se haya convertido en el primer fiscal general del Estado en ser imputado penalmente por un presunto delito de revelación de secretos por airear datos confidenciales de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso acusado de fraude tributario. Aunque una condena del Supremo por este asunto le podría comportar una larga inhabilitación -cuando no la expulsión de la carrera-, el fiscal general sigue sonriendo, bromeando y repartiendo abrazos a su paso. También entre los miembros del Ejecutivo allá donde se los encuentre.

Este salmantino de 56 años -que ya filtró a través de sus colaboradores que no piensa dimitir aunque el alto tribunal le llamara a declarar como investigado- ha demostrado sobradamente tener un flotador a prueba de bombas para meterse en todos los charcos y no hundirse en los más de dos años que lleva en el cargo. Nombrado fiscal general el 1 de agosto de 2022, ya llegó envuelto en la polémica por varios flancos. Su designación, promovida por Delgado tras apartarse ésta del puesto por enfermedad, vino después de que su madrina le ascendiera en 2020 a la categoría de fiscal de Sala y le nombrara jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, el trampolín perfecto para asaltar la cúspide del Ministerio Público –como luego haría- a pesar de que su currículum no estaba -ni está- entre los más brillantes de la carrera. En su historial, y como servicio más destacado hasta dar su salto a Madrid, se citaba el de haber ejercido la acusación pública en el 'caso Prestige' como fiscal de medioambiente de Galicia.

Llegó a la máxima responsabilidad que ahora desempeña con el marchamo de ser próximo al PSOE, alimentado por unas imágenes en las que se le veía participando en un acto de los socialistas gallegos en 2019. Dio igual. Su predecesora fue la primera ministra de Justicia de Sánchez y ella sí que había protagonizado mítines del PSOE como oradora desde el atril antes de convertirse en fiscal general.

A partir de ahí comenzó la carrera de los récords en negativo de García Ortiz. El 30 de noviembre de 2023 el pleno del Consejo General del Poder Judicial le consideró «no idóneo» para el cargo por ocho votos a siete, algo que jamás antes había ocurrido en democracia. Pese a ello, y con el CGPJ en situación de interinidad, el Gobierno de Sánchez lo confirmó en el cargo. Este 8 de mayo el Senado le reprobó, algo igualmente inédito. El correctivo fue impulsado por la mayoría absoluta que atesora el PP en la Cámara alta, pero los socios de Sánchez -ERC, Junts, Bildu y el PNV- se abstuvieron.

Mención aparte merece en este palmarés el pulso, también sin precedentes, entre dos piezas esenciales del Estado de derecho como el Supremo y el fiscal general. El pasado noviembre, la Sala de lo Contencioso acusó a García Ortiz de «desviación de poder» (enchufismo, en román paladino) y le revocó el nombramiento de Delgado como fiscal de la Sala Militar del alto tribunal por haberse saltado el escalafón.

El segundo revolcón provino de la misma Sala este mayo, cuando los magistrados anularon también la designación de su predecesora ahora como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática por conflicto de intereses con el trabajo al que se dedica en esta etapa el marido de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón. Y el Supremo ha de resolver aún sobre la idoneidad del responsable del Ministerio Público para proseguir en su puesto tras la impugnación del mismo presentada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Ante la avalancha de evidencias y testimonios que le señalaban por ser quien mandó airear información confidencial sobre el novio de Ayuso, ha admitido la autoría de la orden justificándola para desmentir una información -un «bulo», a sus ojos- difundida por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la negociación de un pacto entre el novio de la presidenta y la acusación pública. El interrogatorio el pasado mes de junio a los dos imputados por la supuesta filtración de datos reservados sobre González Amador -la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal económico Julián Salto- le encaminaron a su imputación en el Supremo en su condición de aforado. Pero ni este baldón parece amilanar a García Ortiz, alineado con las tesis del Gobierno sobre que la legalidad de la amnistía ha de llevar a aplicarla en su totalidad.

El fiscal general del Estado ha hecho valer su jerarquía para imponer ese criterio sobre la ejecución de la norma que borra los delitos vinculados a la intentona de ruptura secesionista a los cuatro fiscales del 'procés', a los que ha convocado en dos ocasiones y con los que ha discrepado al considerar que Puigdemont sí puede ser exonerado del delito de malversación que sustenta la orden de detención del Supremo contra el expresident. La Junta de Fiscales ha avalado por la mínima a su superior en una cita con la discutida presencia de Delgado entre los apoyos de García Ortiz. En realidad, nada nuevo: a través de su número dos, María Ángeles Sánchez Conde, el fiscal general ya doblegó el pronunciamiento de los fiscales, entonces sí ampliamente mayoritario, favorable a ver terrorismo en las movilizaciones de Tsunami Democràtic y a investigar por ello al expresident pendiente de la amnistía.

Pero hay mucho más: indignó en la carrera fiscal que tardara semanas en responder a las peticiones de amparo de los fiscales por las acusaciones de 'lawfare' desde el Congreso; se negó a emitir un informe sobre la ley de amnistía cuando se lo pidió el Senado, impuso al Consejo Fiscal su criterio para que pidiera –sin éxito- rechazar la querella de la pareja de Díaz Ayuso y apartó del caso a la fiscal que sí era partidaria de aceptar esa demanda…

Son muchos, además, los que ven su sombra en la inédita decisión de la Fiscalía de Madrid de recurrir de manera exprés (en solo cuestión de horas) y ante la propia Audiencia Provincial la apertura de diligencias previas contra la mujer de Pedro Sánchez. De hecho, las informaciones oficiales sobre aquel recurso partieron el 25 de abril de la propia Fiscalía General. También hay quién cree ver su influencia en las obsesivas visitas del fiscal del caso al juez Juan Carlos Peinado para conocer, incluso, futuras resoluciones, tal y como denunció el propio instructor.