20 años del 11-M

El Estado destina 350 millones a las víctimas

Desde septiembre de 2008, cuando la sentencia del Tribunal Supremo fue firme y se declaró la insolvencia de los condenados, el Ministerio del Interior ha aprobado el pago de unos 350 millones de euros a todos los afectados en el marco de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo de 1999, la que estaba en vigor en el momento de los atentados.

El último auto del tribunal juzgador, de la Audiencia Nacional, fijó la indemnización para los familiares de los 192 muertos en la masacre de Madrid, así como los del GEO Francisco Javier Torronteras, que fue asesinado en la explosión de la red yihadista en Leganés, en 900.000 euros cada uno. Con esta resolución, el tribunal subsanó entonces la omisión de la cifra económica establecida para las indemnizaciones a los allegados de los fallecidos, ya que debido a un error por las continuas correcciones de la sentencia solo aparecían las cantidades fijadas para los heridos y víctimas directas e indirectas de los atentados: entre los 30.000 euros y un millón y medio.

Aquel auto también estableció la subrogación a favor del Estado por las cantidades abonadas a las víctimas, es decir, que cuando los condenados paguen alguna cantidad, por pequeña que sea, se debe descontar de la parte que ya adelantó la caja pública. En suma, aunque los castigados por el 11-M se declararon insolventes, la sentencia del Supremo reconoció al Estado su situación de acreedor respecto a los acusados.

Tras esta consideración, la última partida de 45 millones a las víctimas fue autorizada por Interior hace más de una década, por lo que la suma total alcanzó los 350 millones. Del mismo modo, el procedimiento administrativo sobre los atentados del 11-M recoge la tramitación de cerca de 3.000 expedientes de particulares para ejecutar las indemnizaciones. Una tarea ardua y compleja que se encontró con muchas dificultades.

Una de ellas fue la identificación de los herederos de los asesinados, que la actual ley atribuye a la mujer, los hijos y la pareja de hecho de la víctima. Ésta, sin embargo, no tiene tal consideración en el Código Civil, que atribuye la misma a los padres del fallecido cuando éste no esté casado ni tenga descendencia. También fue necesario dirigirse a las embajadas de los países de los que eran naturales muchas de las víctimas para conocer quién tiene la condición de heredero según la legislación de cada Estado. En Rumanía, por ejemplo, los hermanos son reconocidos como tales. En total, de las 193 víctimas mortales (sumado Torronteras y una mujer fallecida en 2014 tras pasar diez años en coma), la mayoría eran de nacionalidad española, 143, y medio centenar eran oriundas de 17 países distintos.

Todas estos obstáculos administrativos quedaron superados con la publicación en el BOE, en septiembre de 2011, de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que sustituyó a la de 1999. Una norma que da un apoyo extensivo a las víctimas y va más allá de la indemnización. De hecho, además del Ministerio de Economía y Hacienda, el texto afecta a los departamentos de Exteriores, Trabajo, Vivienda y Justicia.

Sobre el caso concreto de los atentados de Madrid, de los 350 millones abonados la mayoría, 315, se destinó a las compensaciones directas de las víctimas. El resto de las indemnizaciones y ayudas son de tipo sanitario, psicológico o educativo.

Al margen de esto, Interior ha llevado a cabo otro tipo de actuaciones dirigidas a ayudar en el sentido más amplio a los afectados. Desde 2004 hasta 2018, por ejemplo, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo destinó unos 190.000 euros en prestaciones al estudio, para todos los niveles educativos, dirigidas a los heridos y a los hijos de éstos y de los fallecidos. Asimismo, se dieron 288.000 euros en ayudas psicológicas, sanitarias y para prótesis.

En el terreno laboral también se tomaron medidas destinadas a la reinserción de las víctimas del terrorismo, que incluye a los numerosos afectados por el 11-M. Por el 'Programa Labora' de Interior, que tiene por objetivo ayudar y apoyar en la búsqueda activa de empleo, pasaron numerosas víctimas. Los últimos datos conocidos registraban 111 personas.

Igualmente, este ministerio concedió desde 2004 unos 7,2 millones en subvenciones a las entidades y colectivos que desarrollan programas de atención. Las principales partidas han sido destinadas hasta 2016 (último dato conocido) a la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), más de 2,5 millones, y a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, unos 2,3 millones.