'Copérnico-Avispa', el despliegue millonario que no frenó el referéndum

Fue la 'operación Avispa (Guardia Civil) - Copérnico (Policía)', diseñada por la Secretaría de Estado de Seguridad ante la evidencia, demostrada en el asedio independentista a la Guardia Civil del 20 de septiembre en la sede de la Consejería de Economía, de que los Mossos d'Esquadra no iban a colaborar en impedir el referéndum ilegal. A pesar de que desde el verano anterior los servicios de información del Estado venían avisando de que la policía autonómica no iba a intervenir el 1-O, Interior no se puso manos a la obra hasta principios de septiembre, cuando descubrió que no tenía ni siquiera capacidad para alojar a los 6.000 funcionarios llegados desde fuera de Cataluña.

Al final, la factura fue inmensa: 87.103.355,05 euros. El grueso del desembolso, 43,3 millones, fue para pagar las dietas de los funcionarios desplazados. La otra gran partida, 26,5 millones, fue para afrontar los alquileres de los tres ferris donde se alojó parte del contingente, el 'Moby Dada' (el 'Piolín'), GNV-Azzura y Rhapsody. Una cuenta millonaria que no evitó que centenares de agentes desplazados desde todos los puntos de España sufrieran todo tipo de penalidades, desde el hacinamiento y la comida pésima en los barcos a las malas condiciones de acogida en cuarteles militares, pasando por los 'escraches' de los vecinos en localidades como Calella, Pineda o Reus, que obligaron a continuos traslados, incluso al destierro en hoteles fuera de Cataluña.

Una sangría económica y un tremendo desgaste psicológico, físico y familiar para los agentes que tuvo unos exiguos resultados. El 1-O los funcionarios solo pudieron frustrar las votaciones en 113 de los 2.315 colegios electorales de Cataluña, menos del cinco por ciento de los centros. Y todo ello, con el conocido coste social y de imagen por las cargas policiales.

Pero no fue solo la improvisación la que llevó al fracaso a aquel operativo. Hubo «injerencias externas» al criterio de los profesionales. El Gobierno y la cúpula de Interior, desoyendo las recomendaciones de los especialistas -y muy en particular de los servicios de información-, forzaron a poner en marcha un «dispositivo» muy diferente al que proponían los técnicos de las fuerzas de seguridad. Los especialistas, conscientes de que, de los 12.000 agentes, solo algo menos de 3.000 pertenecían a unidades de «contención de masas» y que con ese contingente era imposible intentar si quiera «personarse» en los más de 2.300 colegios de Cataluña, propusieron un despliegue mucho más modesto.

Las tres recomendaciones policiales que no se atendieron fueron: hacer un despliegue de mucha menor envergadura, evitar los desalojos para primar las ocupaciones preventivas y actuar antes que los Mossos d' Esquadra.

Desde el principio, los técnicos calificaron de «materialmente imposible» intentar desalojar unos 500 centros, objetivo que se marcó el Ministerio del Interior. Aunque la resistencia fuera exclusivamente pacífica, avisaron, con ese plan algunos grupos de 50 operativos tenían que desalojar hasta 20 colegios diferentes. Al final, ningún contingente consiguió llegar a más de 5 o 6 colegios.

El plan de los técnicos que Interior rechazó era hacerse con el control preventivo desde primera hora de la mañana -y sin esperar a la inacción anunciada de los Mossos- de entre 30 y 40 centros electorales «clave», tanto de la ciudad de Barcelona, donde se concentraban los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales, como de otros grandes núcleos de las cuatro provincias. Nada de expediciones de cierre, cada contingente se quedaría en un solo centro. Y nada de desalojos, solo ocupaciones preventivas. Pero para el departamento de Zoido un operativo así no era suficiente y los responsables del Ministerio del Interior, finalmente, dieron luz verde a un dispositivo en el que ninguno de los mandos de las fuerzas de seguridad creía.