Las otras causas del 'procés'

El mapa judicial que dejó el 'procés' hace un año es tan diverso que se estima que hay más de 30 juzgados investigando denuncias en Barcelona, Tarragona, Gerona o Lérida y unos 50 procedimientos con varios centenares de encausados (no existen cifras oficiales dada la dificultad de acceder a los datos, según admiten fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque el presidente de la Generalitat Quim Torra habló el viernes de «2.000» investigados o procesados).

Se trata de un escenario sin paragón por unos acontecimientos políticos y sociales que cambiaron en poco más de un mes el devenir de Cataluña. Sólo el caos aéreo vivido en España en 2010 por la huelga encubierta de los controladores por su conflicto con el Gobierno derivó en una veintena de causas en distintos juzgados de todo el país.

En cambio, los juzgados catalanes tramitan procedimientos por delitos de todo calado: malversación de fondos públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, delito de odio, falsedad documental, coacciones, lesiones o amenazas. Y entre los investigados hay políticos, alcaldes, concejales, policías, mossos, maestros, bomberos, empresarios o particulares.

Políticos. El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, por ejemplo, investiga a 36 cargos de la Generalitat y empresarios por la organización del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Precisamente, los incidentes sucedidos con ocasión de los registros llevados a cabo en la conselleria de Economía y Hacienda el 21 y 22 de septiembre de 2017, ordenados por este juzgado, derivaron en una querella de la Fiscalía General por un delito de sedición que acabó en la Audiencia Nacional.

En esta causa de Barcelona se encuentran inmersos destacados independentistas como Carles Viver Pi-Sunyer, jurista y exmagistrado del Constitucional. En el caso del actual vicepresidente de la Generalitat y diputado Pere Aragonès, el Tribunal Superior de Cataluña ha respondido de forma reciente al juez que le siga investigando antes de elevar una exposición razonada por su condición de aforado. En cambio, en el caso del ex secretario general de Hacienda Josep Maria Jové, conocido por su agenda intervenida donde relataba el manual del 'procés', la Fiscalía ya ha dado el visto bueno para que su causa vaya al TSJC.

Respecto a los alcaldes y concejales, dos juzgados -Manresa y Blanes- instruyen causas por desobediencia contra tres regidores y un edil por su intervención a favor del 1-O. En Reus también se investigan por distintos delitos contra los derechos fundamentales (delito de odio) al alcalde y los concejales independentistas. Por su parte, la Fiscalía tiene abiertas pesquisas contra más de 700 alcaldes independentistas por su apoyo del referéndum que aún no han sido judicializadas.

Policías y Mossos. El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que investiga la intervención de la Policía el 1 de octubre en varios colegios de la ciudad condal, tiene encausados a 24 agentes por delitos de lesiones y/o contra la integridad moral, según informó el Ayuntamiento de Barcelona. En las primeras semanas tras el referéndum este órgano llegó a acumular unas 260 denuncias de particulares, la mayoría por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los antidisturbios. También hay diligencias en marcha en juzgados de Lérida, Mataró, Manresa, Gavà o Tarragona, mientras que en otros de Hospitalet, Sabadell o Amposta se archivaron por falta de autor conocido o de indicios delictivos.

Los Mossos tampoco se libran de las pesquisas por su papel en el 1-O. En su caso, por su supuesta inacción a la hora de cumplir la orden del TSJC para impedir las votaciones y la apertura de colegios. Llegaron a abrirse 15 causas por delitos de desobediencia, y un juzgado de Cornellà, por ejemplo, llegó a inhibirse ante la Audiencia Nacional para que siete comisarios e intendentes se incorporasen a la causa por sedición contra el que fuera mayor Josep Lluis Trapero, pero fue rechazado.

Profesores y particulares. El juzgado de instrucción número 7 de Martorell (Barcelona) archivó en mayo las nueva denuncias interpuestas contra varios profesores por delitos de odio por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O. La causa espera el recurso ante la Audiencia Provincial. En Mataró y Rubí se investigan a dos hombres por atentado y lesiones contra agentes de la Guardia Civil. Y Tamara C.G., coordinador de los CDR en Barcelona, permanece en libertad provisional desde abril con medidas cautelares que le impiden salir de su municipio solo para trabajar.