El 1-O devoró a sus protagonistas

Un cambio de protagonistas que, sin embargo, apenas ha modificado el escenario. La Moncloa y la Generalitat coinciden en pocas cosas, y una es que no van a ser ellos los que encuentren la salida del conflicto. Va a ser un problema para las próximas generaciones.

El movimiento independentista sigue fuerte, no crece pero no pierde. Sus fieles, pese la división creciente entre sus líderes políticos, llenan las calles y las urnas cada vez que se toca a rebato. El cambio de inquilino en la Moncloa ha traído un cambio en el enfoque de la respuesta, más diálogo y menos jueces. La situación, sin embargo, no es distinta a la de hace un año. Caras nuevas y el conflicto persiste.

Carles Puigdemont dejó pasmados a propios y extraños con su rocambolesca huida a Bruselas tras la declaración unilateral de la república catalana el 27 de octubre. No quería, ha dicho después, ser un «mártir» y dar con sus huesos en la cárcel. Dejó ese cáliz para otros. Una decisión que con el paso del tiempo le ha pasado factura. Ha pasado de ser el faro del 'procés' a ser un personaje con peso político menguante, aunque nadie se atreva a decir al rey que está desnudo.

Atrincherado en Waterloo tras la peripecia alemana, con paso por prisión incluido, su cotización como presidente del futuro consejo de la república ha bajado enteros. Para mantener la influencia ha impulsado su partido, Crida Nacional per la República. Cada día cierto tiempo recibe las visitas de pleitesía de su testaferro y de otros dirigentes, pero empiezan a ser visitas de cortesía.

Quim Torra empezó su mandato con el reconocimiento de que el 'president legitim' no era él sino Puigdemont. Alimentó la idea de que lo suyo era una gestión puente hasta la restitución del verdadero presidente de la Generalitat.

Pero con el paso de los días, Torra, como hizo su antecesor con Artur Mas, comenzó a tener vida y proyecto propios. Maneja un discurso soberanista inflamado, pero su práctica política tiende cada día más hacia las tesis posibilistas que detesta su mentor. Se mueve entre las aguas revueltas del independentismo con guiños hacia todos, pero desde los sectores más 'hiperventilados' se le empieza a ver como un «peligroso autonomista» que no está de paso.

Oriol Junqueras fue vicepresidente. Elsa Artadi no, es consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat. Pero tienen una función común, ejercer de puente con la Moncloa.

Esa tarea y el buen rollo con altos cargos del Gobierno de Rajoy no impidió que Junqueras acabara en prisión preventiva en la causa del 1-O. El líder, aún hoy indiscutido, de Esquerra no huyó a sabiendas de que sus posibilidades de acabar en la cárcel eran muchas. Un gesto que le encumbró en todas las familias del secesionismo, incluso entre los convergentes, que siempre miraron con recelo al dirigente que sacó a los republicanos del pozo en que estaban.

Fue la contraparte de Soraya Sáenz de Santamaría en la operación diálogo, un movimiento que él siempre vio condenado al fracaso pero al que dio cuerda de día mientras de noche defendía las posturas independentistas más firmes. Al revés que hoy. Junqueras es, desde su celda, el abanderado del posibilismo y de gobernar y pactar para ensanchar las bases soberanistas.

Muchas páginas se dedicaron a ensalzar a Artadi, incluso se especuló con que podía ser la próxima presidenta de la Generalitat, pero se quedó un escalón por debajo aunque con mando en plaza. La portavoz del Gobierno catalán es la interlocutora de la ministra Meritxell Batet para relanzar las mesas de diálogo entre ambas administraciones.

Su cartel en Madrid, no se sabe por qué, mejora con los días. Otra cosa es en Barcelona, donde es vista como la comisaria de Puigdemont, y una de las principales rémoras para la unificación soberanista.

Carme Forcadell fue un bulldozer al frente del Parlament. Pasó por encima sin la menor mano izquierda de cuantas reclamaciones planteó la oposición, y ejerció más de punta de lanza del proyecto independentista que de presidenta de la Cámara legislativa de Cataluña.

La expresidenta de la ANC está encerrada en la prisión gerundense de Puig de les Basses a la espera del juicio en el Tribunal Supremo acusada de rebelión por poner el Parlament al servicio «del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república». Sus alegaciones ante el juez de que iba a retirarse de la política de nada sirvieron. Una retirada que pocos llorarían porque, al margen de su determinación, dejó una huella muy endeble y muchos le achacan un papel clave en el cisma soberanista.

El reverso de la moneda es su correligionario Roger Torrent. Figura emergente de Esquerra, hila muy fino en todos sus pasos como presidente de la Cámara para no desairar a los soberanistas sin vulnerar al mismo tiempo los mandatos del Tribunal Constitucional. No tiene la menor intención de acabar en la cárcel como su predecesora, y esos comportamientos cautelosos le han granjeado las críticas de los sectores soberanistas más radicales, que añoran el perfil resuelto y desafiante de Forcadell.

Torrent cuenta con el respaldo de su partido en ese ejercicio de funambulismo, muy acorde, por otra parte, con la estrategia de Esquerra Republicana de acumular fuerzas y ensanchar las bases independentistas sin plantear un conflicto con el Estado.

Josep Lluís Trapero adquirió relevancia nacional e internacional tras los atentados islamistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Sus ruedas de prensa diarias para informar de la marcha de las investigaciones asombraron por su inusual claridad. Para el mundo independentista era «el héroe» del 17-A.

Recubrió con una pátina de profesionalidad sus ambigüedades en los días previos al 1-O sobre la postura que adoptarían los hombres y mujeres a sus órdenes. El mayor de los Mossos d'Esquadra fue leal a sus mandos políticos y los policías catalanes fueron meros observadores de los sucesos.

Está encausado en la Audiencia Nacional por dos delitos sedición. Uno por la pasividad en el acoso a las patrullas de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, y otro por la misma conducta el 1-O. Pero en el imaginario soberanista siempre será el jefe policial por excelencia para la Cataluña independiente.

Su relevo en la dirección operativa del cuerpo, Miquel Esquius, es la antítesis de Trapero. Esquius es un policía gris, neutro, sin enemigos en el cuerpo, y sin adscripción a ninguna familia política. No planteará problemas a sus mandos en la Consejería de Interior.

Hizo buena parte de su carrera en la división de Tráfico de los Mossos y no se le conocen veleidades secesionistas. Su nombramiento encaja en la estrategia Torra de retórica encendida y quehacer moderado.

Las conversaciones de Artur Mas y Carles Puigdemont con Mariano Rajoy fueron un dolor de muelas para los expresidentes catalanes. Siempre se toparon con rotundas negativas a sus demandas. Rajoy fue el paradigma de «lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible». Pertrechado de razones constitucionales y legales, no dio oportunidad a la vía política para hallar una salida al laberinto catalán.

En un primer momento, vio el desafío secesionista como un suflé que acabaría por bajar. Cuando comprobó que no iba a ser así, recurrió al Tribunal Constitucional para meter en cintura a Mas y Puigdemont. Pero el conflicto siguió ahí.

No fue ese el motivo de su salida de la Moncloa, es más su estrategia en Cataluña no tuvo coste político para él. Su caída vino de la mano de la sentencia del 'caso Gürtel' y la posterior moción de censura.

Pedro Sánchez estuvo al lado de Rajoy, pero por responsabilidad de Estado. El líder socialista siempre afeó al presidente del Gobierno que solo tocara la tecla judicial y desdeñara la política. Una vez instalado en la Moncloa dio la vuelta a la estrategia del Gobierno y buscó una etapa de distensión que todavía no ha dado frutos, pero que ha sido bien acogida por el Gobierno de Torra. Aunque la Generalitat reclama menos buenas palabras y más hechos.

Sánchez admite que no va a resolver la crisis, pero pretende encauzarla por la senda del diálogo y alejarla de la confrontación institucional. De ello depende, incluso, su continuidad en la Moncloa porque si persiste el conflicto convocará elecciones.

Soraya Sáenz de Santamaría fue el rostro de la operación diálogo que impulso el Gobierno de Rajoy sin ninguna esperanza de que fructificase. Como así fue. Se trató de una sucesión de gestos amistosos y discursos sin aristas que no llevaron a ningún lugar.

La entonces vicepresidenta, mientras alimentaba la imagen conciliadora, alimentaba el arsenal jurídico del presidente del Gobierno. Pero su obra maestra fue el diseño legal de la aplicación del inédito artículo 155 de la Constitución, que le permitió ser mientras duró la intervención la máxima autoridad de la Generalitat de Cataluña.

Para Sáenz de Santamaría, el «éxito» del 155 compensó con creces el fracaso de la operación diálogo. Pero no pudo paladear ese tanto porque la caída de Rajoy la arrastró, y su intento de buscar un nuevo hueco en la política se estrelló en las primarias y el congreso del PP. Tras la derrota decidió irse a su casa.

Meritxell Batet no tiene el rango de vicepresidenta pero es la ministra para Cataluña. Todo lo que tiene que ver con las relaciones con la Generalitat pasa por su despacho. Sigue a pies juntillas la política de distensión de Sánchez y ha resucitado foros de diálogo con el Gobierno de Torra que dormían el sueño de los justos desde hacía siete o más años.

El hecho de ser catalana y dirigente del PSC debería jugar a su favor aunque se ha demostrado que no es un factor determinante para engrasar la relación. Ni siquiera su opinión favorable a la excarcelación de los dirigentes presos han mejorado sus credenciales entre los soberanistas.

Juan Ignacio Zoido y su equipo fueron los más fervientes defensores de impedir por la fuerza el 1-O, a pesar de que los técnicos del Ministerio del Interior advirtieron de que era imposible actuar en los más de 3.000 colegios electorales.

Zoido también fue un firme partidario de mandar a los 6.000 agentes de la 'operación Copérnico-Avispa' a Cataluña a pesar de que el altísimo coste económico tampoco garantizaba el éxito contra las urnas.

Suya fue igualmente la idea de nombrar como principal interlocutor con la Generalitat en materia de seguridad a un coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que nunca se entendió con Josep Lluís Trapero en las jornadas previas a la consulta ilegal. Tras el 1-O, y con los Mossos bajo el control directo de Interior, las relaciones con la policía autonómica no mejoraron.

Tras la caída de Rajoy, apostó por caballo perdedor en la carrera por la sucesión (partidario de Cospedal), pero el equipo de Casado le repescó para ser el presidente del Comité Electoral Nacional.

Fernando Grande-Marlaska desde el principio quiso marcar distancias con su antecesor. El 6 de septiembre logró definitivamente romper el hielo con la Generalitat, al conseguir convocar la Junta de Seguridad de Cataluña en Barccelona, a la que asistió él mismo y que presidió Quim Torra.

No hubo acuerdos de calado entonces ni compromisos por parte de la Generalitat, pero el simple gesto de que Marlaska y el consejero de Interior, Miquel Buch, comparecieran juntos fue casi histórico.