La CEOE también se planta ante el «clima complicado» para la economía por los pactos

La reacción de la CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ha salido a la luz después del comité ejecutivo extraordinario convocado para este lunes en el que, junto a Cepyme y ATA, ha consensuado una respuesta a esos pactos cuando apenas quedan 48 horas para el inicio de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El texto ha sido acordado «sin oposición» y «de forma unánime», apuntan diversas fuentes de la patronal, donde dejan claro que incluso los empresarios catalanes con presencia en ese comité no han mostrado oposición alguna.

Los empresarios consideran que todos esos acuerdos (condonación parcial de deuda y cesión total de impuestos a Cataluña, gestión de la Seguridad Social al País Vasco, por ejemplo) suponen «una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española».

La patronal se adentra en la cuestión de la amnistía alegando la «preocupante situación» la que se vive en el país con lo que consideran que resulta un «grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes». Además, afirman que estos acuerdos «afectan de forma directa al principio de igualdad» entre los ciudadanos.

Noticias relacionadas

Las 20 claves de la proposición de ley de amnistía

Melchor Sáiz-Pardo

Sánchez lanza una amnistía total del 'procés' por la vía de urgencia

Paula De las Heras

Una tramitación de urgencia para facilitar la aprobación de la amnistía

Cristina Cándido

Texto íntegro de la ley de amnistía

RC

De hecho, advierten ante la tentativa de manejar el cambio de sede social (el pacto PSOE-Junts habla de «promover» la vuelta de las empresas a Cataluña tras su huida por el 1-O) recordando «el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad». Además, consideran que esta cuestión es crucial de cara a los inversores extranjeros que están mirando con lupa la situación por la que atraviesa España estos días: «Insistimos en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad», apuntan en el texto.

También hacen hincapié en la que será una de las grandes cuestiones que se pueda abordar en el inicio de la legislatura, como son los presupuestos del Estado para 2024. «Se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario que nos sigue reclamando la UE sin demora», avisan, «si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado».

De hecho, muestran su «preocupación» por «la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral». Lo hacen en clara referencia a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, cuya relación con la patronal se ha ido deteriorando en los últimos meses. Este mismo lunes, Díaz apuntaba a una nueva subida del salario mínimo interprofesional aunque a expensas de ese acuerdo en el marco del diálogo social.