Ayuso y Casado llevan su guerra al límite

Díaz Ayuso acusó este jueves a la dirección nacional de actuar de modo «cruel» e «injusto» contra ella, urdiendo una campaña de desprestigio que ha incluido investigar las presuntas irregularidades de su Ejecutivo en la adjudicación por 1,5 millones de euros de un contrato a una empresa perteneciente a un amigo de su familia. «No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de Gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas», dijo la presidenta regional durante su comparecencia sin preguntas en la sede del Ejecutivo madrileño en la Puerta del Sol.

Unas «acusaciones gravísimas, casi delictivas» que han llevado a la dirección del PP a abrirle un expediente infomativo y que podría suponer su expulsión del partido e, incluso, acabar en los tribunales. Los servicios jurídicos estudian si inician acciones judiciales contra la líder madrileña. «Nunca pude imaginar que atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo», lamentó un cariacontecido secretario geneal de los populares, Teodoro García Egea.

El relato de las dos partes tiene puntos coincidentes pero luego se desvía en acusaciones cruzadas de tráfico de influencias, espionaje y corrupción. Génova y Ayuso confirman sendas reuniones –en septiembre y en octubre– para tratar en privado la presunta adjudicación irregular a Priviet Sportive SL. El contrato en cuestión fue asignado en abril de 2020, durante los momentos más duros de la pandemia a esta empresa para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3.

La dirección del PP sospecha que Tomás Díaz Ayuso pudo haber cobrado 280.000 euros a cambio de conseguir ese contrato público, aunque no tiene la prueba documental que respalde esa tesis. La líder conservadora confirma la relación de su hermano –que trabaja como comercial en el sector sanitario desde hace más de veinte años– con Priviet Sportive SL, pero sostiene que el contrato es regular y que fue hecho en un momento de escasez y urgencia sanitaria.

Díaz Ayuso ha admitido que conoció la existencia del contrato en septiembre a través de Casado. Según su versión, el presidente del PP afirmó entonces que creía que ese acuerdo era ilegal, y le reconoció que había obtenido la información a través de la Moncloa. Tras esa cita, y siempre según la dirigente madrileña, se puso en contacto con su hermano, que habría admitido su relación directa con la empresa, y también un cobro pero siempre dentro de la legalidad. «Todo está regulado ante Hacienda y declarado».

A finales de octubre, y a tenor de algunas informaciones que empezaban a circular, García Egea citó en Génova a Ayuso para volver a pedirle explicaciones. El PP sostiene que la dirigente regional no ha aportado en estos meses ninguna información para aclarar lo que se decía sobre ese posible cobro de comisiones. «La primera respuesta ha sido esta rueda de prensa», señaló el secretario general, que denunció «una campaña masiva de ataques, de infundios y de calumnias».

Aquel encuentro, según parece, fue el detonante de que la presidenta se distanciara de Casado, al que comenzó a reclamar con mayor insistencia la celebración inmediata del congreso regional. Fuentes cercanas a Díaz Ayuso indican que el PP avisó de que revelaría la información sobre este contrato si no abandonaba la pugna por hacerse con el control orgánico en Madrid. Algo que niegan desde la dirección nacional, que acusa a la dirigente de utilizar el cónclave para sortear la presunta corruptela familiar. «Esta dirección no puede aceptar que nadie –censuro García Egea– utilice las siglas para blindarse ante problemas que pueda verse envuelto».

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende que todo es un plan para destruirla políticamente y reclama que Casado depure responsabilidades a todos los niveles. En su entorno dan credibilidad al supuesto intento de espionaje contra ella que este miércoles desvelaron 'El Confidencial' y 'El Mundo' y del que tuvo conocimiento en diciembre. Fue entonces cuando, a través de Alberto Ruiz Gallardón, informó al alcalde, José Luis Martínez Almeida, de que un cargo de la empresa municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid había contactado con una firma de detectives para consultarles si sería posible hacer una investigación a su entorno familiar.

El regidor ordenó una investigación interna para determinar si efectivamente había sido así, pero las pesquisas no dieron ningún resultado concreto, como confirmó este jueves por la mañana. «No se ha producido ningún encargo desde el Ayuntamiento», dijo. Horas después, Carromero, su mano derecha y al que todas las miradas señalaban, dimitía.

El PP es un polvorín. La crisis, aceptan en ambos bandos, es la mayor desde la fundación del patido. Diputados y dirigentes territoriales aseguran estar perplejos por la gravedad de las insólitas acusaciones y exigen una profunda investigación interna y la asunción de responsabilidades políticas. Esperanza Aguirre y Cayetana Álvarez de Toledo han pedido ya la cabeza de Casado. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido «una explicación clara y precisa». En la dirección aseguran que «todos los barones lo sabían». Esta guerra, sostienen en Génova, ya no tiene vuelta atrás. El futuro del PP, comparten también ambas facciones, es negro.