Ayuso niega la corrupción y acusa a Génova de actuar de forma «cruel» contra ella

El contrato en cuestión fue adjudicado en abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia, por 1,5 millones de euros para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3 por parte del Ejecutivo autonómico y ha servido de munición en los último meses a la oposición en la Asamblea de Madrid, que ha llegado incluso a pedir una comisión de investigación. Esa adjudicación se la llevó la empresa Priviet Sportive SL, perteneciente a un amigo de la familia Díaz Ayuso.

En diciembre, un cargo de la empresa municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid contactó con una firma de detectives para consultarles si sería posible hacer una investigación al entorno familiar de la líder madrileña según adelantaron ayer 'El Mundo' y 'El Confidencial'. Ayuso informó entonces a través de una tercera persona al alcalde José Luis Martínez-Almeida. El regidor, que desconocía el presunto encargo, ordenó una investigación interna para determinar si efectivamente había sido así, pero las pesquisas no han dado ningún resultado concreto.

«No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con política», ha dicho la presidenta madrileña.

Con tono grave, la dirigente regional ha lamentado el choque «cruel» con la dirección del PP y ha reclamado públicamente que Pablo Casado depure responsabilidades. «Ahora que ya se sabe públicamente (el presunto espionaje), y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional», ha declarado.

Ayuso ha relatado que fue el propio líder del PP quien en septiembre le habló del contrato que implicaba a su hermano. «Para mi sorpresa -ha dicho- me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde la Moncloa». A continuación, la dirigente habló com su hermano, quien le confirmó que había mantenido relaciones comerciales con Priviet Sportive SL pero que «todo era completamente legal».

«Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años,mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral», ha recalcado.

Fuentes del entorno de la presidenta madrileña indican que el PP avisó de que revelaría la información sobre este contrato si la presidenta madrileña no abandonaba la pugna por hacerse con el control del partido en Madrid, algo que niegan desde la dirección nacional. Aquel encuentro, según parece, entre Teodoro García Egea e Isabel Díaz Ayuso fue el detonante de que la presidenta madrileña se distanciara de Casado, al que comenzó a reclamar con mayor insistencia la celebración inmediata del congreso del PP madrileño.

En la cúpula sospechan que el procedimiento de contratación no fue limpio, y que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se pudo llevar 286.000 euros por su mediación y están dispuesto a llegar hasta el final. Esta guerra, sostienen en Génova, ya no tiene vuelta atrás.

La preocupación en el PP es máxima. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, uno de los barones con más peso del partido, ha exigido «una explicación clara y precisa» sobre las acusaciones de espionaje. «El partido lo ha desmentido en un comunicado, pero la noticia tiene contenidos tan rocambolescos y sorprendentes que requiere una explicación en las próximas horas», ha señalado en Onda Cero.