Redefiniendo los límites del aprobado y el suspenso

Si el nuevo sistema de evaluación aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros tuviera que someterse a los criterios que establece su propia redacción, difícilmente alcanzaría un grado mínimo de consenso para recibir el visto bueno. La norma –que se aplicará este mismo curso y sobre la que la Consejería de Educación de La Rioja publicará esta semana la correspondiente resolución– explica en su preámbulo que viene a adaptar la evaluación, promoción y titulación de los diferentes niveles educativos (Primaria, ESO y Bachillerato) a la LOMLOE y que se basarán en «la consecución de los objetivos y en la adquisición de las competencias que se estimen necesarios para la formación del alumnado en cada momento».

En 13 folios, 26 artículos y ocho disposiciones transitorias, derogatorias y finales, el real decreto ha vuelto a avivar el debate sobre el modelo educativo que, como siempre, no admite grises, solo negros y blancos: hay quien viene a sostener que el modelo alumbrará a la generación peor preparada de la historia y quien cree que maximizará el rendimiento de esa misma quinta al tiempo que acabará con el fracaso y el abandono escolar.

El debate se centra en ESO y en Bachillerato. En Secundaria, los alumnos pasarán de curso si no suspenden más de dos asignaturas (hasta ahora eran tres). Además, y aquí viene una de las polémicas, se suprimen los exámenes finales de recuperación y el equipo docente «de forma colegiada [...] atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna» podrá decidir que un estudiante pase de curso independientemente del número de cates acumulados. La estadística de los últimos años refleja que en La Rioja prácticamente uno de cada cuatro alumnos pasa de curso en ESO con alguna materia suspendida (ver gráfico).

La norma habla también de una evaluación «continua, formativa e integradora» y obliga a los centros a establecer medidas de refuerzo educativo en el momento en el que «el progreso de un alumno no sea el adecuado». El objetivo es evitar la repetición, una medida que será muy excepcional: solo se podrá repetir una vez en Primaria y dos como máximo durante toda la educación obligatoria. Además, el título de Secundaria se podrá obtener independientemente del número de suspensos: lo lograrán quienes «a juicio del equipo docente» hayan adquirido «las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa».

En Bachillerato, la única –y también polémica– novedad que se introduce es la posibilidad de lograr el título con una asignatura suspendida siempre que el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos y competencias, que el alumno haya ido a clase de esa materia, que se haya presentado a todos los exámenes y pruebas y que tenga una nota media en el conjunto de asignaturas de Bachillerato superior a un 5.

Sobre esas bases es complicado encontrar puentes de conexión entre las posturas que ha despertado la norma. Los portavoces educativos de CCOO y de UGT son los que se más luces encuentran en el real decreto. Así, Pedro Antolín (CCOO) hace una valoración positiva y considera que esa evaluación continua, formativa e integradora «permitirá corregir tres disfunciones del sistema educativo: la repetición de curso, que es una barbaridad y que afecta a los estratos socioeconómicos más desfavorecidos; la no titulación en la ESO, que afecta al 26% de los alumnos de los diez últimos años; y el alto abandono escolar temprano».

Defiende Antolín, como lo hace Carmen Fernández (UGT), que seguirá siendo el profesorado el que, con todos los elementos, tome una decisión «desde el prisma del aprendizaje». «No va a ser un coladero», dice Fernández. «No significa que un alumno con suspensos vaya a aprobar sí o sí, sino que se adoptarán medidas y se decidirá si ha alcanzado competencias y objetivos». Fernández insiste en que es preciso diferenciar «calificación de evaluación» y recuerda que los docentes están «evaluando» constantemente al alumno. «Nunca valoramos si un alumno pasa o no de curso en función de un examen concreto. Esta evaluación en función de las competencias y de los objetivos no es nueva. Ya se estaba haciendo», insiste asegurando que este nuevo sistema, además, permitirá una mayor motivación interna del alumno.

Desde ANPE y desde FSIE (educación concertada) el punto de vista es antagónico. «Es un error que un alumno se pueda titular en Secundaria o en Bachillerato con materias suspendidas y eliminar las recuperaciones de ESO», dice Gustavo Navas (ANPE), que cree que los docentes quedan en una situación de «inseguridad jurídica» en la toma de decisiones sobre la promoción y titulación. «Envía un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo, del rigor y del mérito en el que la ausencia de incentivos para lograr la excelencia académica resulta desmotivadora para el profesorado y el alumnado», añade Navas, quien cree que la norma, además de no ser una solución para atajar el abandono y el fracaso escolar, mutila la capacidad del sistema educativo de erigirse en herramienta «compensadora de desigualdades y ascensor social».

«La exigencia es cada vez menor», incide desde FSIE Gonzalo González, que cree que «con la promoción automática el alumnado no se esforzará. Van a estar mal preparados para afrontar los retos que tengan que afrontar». Además de insuflar mas «presión» de las familias a los profesores, desde FSIE consideran que se producirán «diferencias entre territorios y entre centros», que tendrán sus consecuencias, por ejemplo, en las notas de corte de los alumnos (EBAU). «Hay que educar en el esfuerzo y la educación ha sido hasta ahora palanca de cambio social. Este sistema perjudicará a quienes peor punto de partida tienen», valora González. «Este modelo de evaluación y promoción que se propone no incentiva, promueve ni motiva en el alumnado el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo constante que requiere cualquier aprendizaje», completa.

Así, el único punto de encuentro de todas las voces es, una vez que la norma ya ha entrado en vigor, exigir a la administración que actúe en dos líneas: la primera, la reducción del número de alumnos por aula para ofrecer la educación personalizada que la LOMLOE y el real decreto proponen; la segunda, aumentar los recursos en los centros con personal suficiente con el que ofrecer al alumno las medidas de «refuerzo educativo» que prevé, uno de los pilares de la nueva evaluación.

¿Y las familias? ¿Qué opinan? FAPA Rioja (centros públicos) y CONCAPA Rioja (concertados) replican ese antagonismo. Carlos Torres (Concapa) cree que con esta norma solo se pretende «maquillar» las tasas de abandono «sin ahondar en la esencia del problema y trasladándolo a etapas posteriores. Genera un efecto desmotivador y perjudica a los que tienen dificultades», considera, ya que podrán lograr un título «sin ayudarles a mejorar y superarse, trasladando el problema a etapas posteriores». De igual manera, lamenta que se conmine al equipo docente a tomar decisiones «en base a criterios subjetivos, lo que generará desigualdades entre los alumnos de los diferentes centros».

Desde FAPA Rioja, Esteban García recuerda que su organización «siempre ha defendido la evaluación continua para que no todo se base en los exámenes y que se tengan en cuenta a la hora de evaluar al alumno todos los elementos. Pedagógicamente, creemos que puede ser muy positivo. Será más personalizada», explica recordando que esta es una de las demandas habituales de FAPA Rioja. «Si la gestión de los profesores es la adecuada», dice recordando que estas medidas exigirán una bajada de ratio y más docentes, «va a mejorar el sistema».

Del suspenso a la matrícula de honor. Del 0 al 10. Sin pasar por el 5.

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