El juez rechaza la petición de Fiscalía de enviar la investigación a un juzgado de Logroño

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Rafael Lasala ha asegurado que «el nido de ambigüedades y desconocimientos en que se ha convertido esta causa desaconsejan una inhibición». A su juicio, enviar el caso a un juzgado de Logroño sería una actuación «arriesgada».

El Ministerio Público había pedido al magistrado Lasala que se inhibiera y remitiera el procedimiento a un juzgado de Logroño para que fuese éste último quien investigase el pasaporte con el que se identificó a Gali --bajo otro nombre-- en el Hospital San Pedrode Logroño, donde estuvo ingresado en abril de 2021 tras aterrizar en suelo español en un avión medicalizado procedente de Argelia.

Según consta en el auto que ha emitido ahora el juez, las dos acusaciones que participan en la causa mostraron su oposición a la solicitud del Ministerio Público.

La petición de Fiscalía tuvo lugar después de que el juez Lasala librara una comisión rogatoria a Argelia para preguntar a sus autoridades por el pasaporte del líder del Polisario. El magistrado de Zaragoza acordó dicha diligencia después de que el propio Ministerio Público hiciese la solicitud.

En concreto, el titular del juzgado preguntó a las autoridades argelinas si el número que figura en el pasaporte se corresponde con algún expediente que se haya tramitado y «si les consta como cierta la identidad de la persona que ahí se identifica, Mohamed Benbatouche», nacido el 19 de septiembre de 1950.

El Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza se ha centrado en el pasaporte y no en la entrada de Gali a España después de que la Audiencia Provincial le ordenara archivar la investigación que se seguía contra la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento a raíz de la entrada del político saharaui sin pasar por controles de fronteras o documentación.

Ahora, el auto en el que ha contestado a la Fiscalía, el juez ha subrayado que no puede inhibirse porque la posible falsedad documental que se investiga está «relacionada con la prevaricación no descartada por la Audiencia (Provincial de Zaragoza), pues ésta acordó el sobreseimiento provisional y no libre».