Salud recupera la gestión del parking del CIBIR tras consumar el desahucio de las instalaciones

Después de iniciar el proceso de rescate a finales del pasado mes de noviembre, el 16 de diciembre se cumplió el plazo para la entrega del aparcamiento a la Consejería de Salud, dentro del proceso para recuperar su gestión directa a través de la Fundación Rioja Salud. Una vez que la concesionaria Aparcamiento CIBIR S.L., sociedad constituida por Sadori, Inmobiliaria Ortega, Rentyal y Construcciones Zenón Hernáiz, manifestó su negativa a desocupar el parking del CIBIR en dicha fecha, se iniciaron los trámites administrativos para comenzar el proceso de desahucio que permitiera recuperar la gestión de dichas instalaciones con todas las garantías legales.

El 30 de diciembre, la empresa presentó un recurso contencioso administrativo contra la extinción del contrato y rescate del aparcamiento en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) solicitando la suspensión cautelar del rescate. Dicho recurso fue desestimado en mayo por la sala de lo Contencioso Administrativo y la semana pasada se notificó la fecha del desahucio a la concesionaria. Entonces se le dio un plazo de ocho días para que desalojara el inmueble. Transcurrido dicho plazo, se volvió a notificar a la compañía que este se efectuaría a las 20 horas de ayer con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En paralelo, en el Consejo de Gobierno del pasado 10 de junio se informó al Ejecutivo de las tarifas comunicadas el pasado 29 de noviembre, cuando se anunció el rescate, y que empezarán a aplicarse en los próximos días, cuando Salud asuma la gestión del aparcamiento de manera efectiva. Los precios del parking del CIBIR serán de 0,022 euros el minuto y un importe máximo diario de 6 euros, frente a las tarifas actuales de 0,037 euros el minuto y un importe máximo diario de 9 euros.

De este modo, se pone fin a una polémica concesión, firmada por 40 años y cuyas condiciones compensaban las pérdidas de Aparcamiento CIBIR S.L. Desde 2010, el Gobierno de La Rioja ha tenido que abonar alrededor de 5,6 millones de euros por estas compensaciones, un tipo de cláusulas que la Ley de Contratos prohibió a partir de su entrada en vigor en 2018. De no producirse este rescate, se calcula que dichas compensaciones podrían situarse por encima de los 25 millones de euros desde 2010 y hasta 2050.