'Aparcamiento CIBIR' reclama 25 millones por la extinción del contrato del parking

Los tribunales entendieron a través de un auto que la solicitud de la concesionaria debe formularse por vía contencioso administrativa, como así es previsible, exigiendo la suspensión cautelar de la rescisión del contrato. El plazo para concretar el rescate concluyó el 16 de diciembre, pero la negativa de la concesionaria a desocupar las instalaciones no ha frenado el procedimiento emprendido en paralelo por el actual Ejecutivo regional a través de la Consejería de Hacienda para ejecutar el desahucio con todas las garantías legales. Con esas claves, el próximo paso en el conflicto que enfrenta a ambas partes queda a expensas de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja respecto al recurso de 'Aparcamiento CIBIR', que de acuerdo a las fuentes consultadas podría materializarse en breve.

Como destacó el director gerente de la Fundación Rioja Salud, Ricardo Velasco, al anunciar la asunción de la gestión del parking, la pretensión es abaratar las tarifas con un precio de uso de 0,022 euros/minuto, con un máximo diario de 6 euros y un 20% de descuento para personas con movilidad reducida. Es decir, el 40% menos de las que han estado en vigor, estipuladas en 0,037 euros/minuto y un tope de 9 euros.

El inicio del debate en torno al parking del CIBIR remite a enero del 2010, cuando se declaró desierta la explotación del aparcamiento para, seis meses después, ser adjudicada por procedimiento negociado y sin publicidad a 'Aparcamiento CIBIR' entre censuras desde la oposición por incumplir la Ley de contratos del sector público. La firma desembolsó en concepto de canon 8 millones en un contrato que entre sus cláusulas fijaba el restablecimiento económico entre las partes sobre un margen del 22% de ocupación de las 615 plazas existentes. Dados los escasos niveles de uso de la infraestructura (la ratio apenas rondaba el 4% del espacio), la Consejería de Salud dirigida entonces por María Martín se comprometió en septiembre del 2013 a cerrar el aparcamiento Oeste 1 del Hospital San Pedro. La medida se concretó en julio del 2016, aunque ante las críticas suscitadas se matizó su gratuidad «para uso sanitario».

Uno de los puntos de inflexión en la polémica devino con la apertura en el Parlamento de La Rioja de una comisión de investigación en noviembre del 2016, que tres años después concluyó que el contrato fue «extremadamente oneroso».