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El Gobierno de Concha Andreu, en su primera decisión de calado, ha resuelto rescindir el contrato del parking del Cibir y asumir la gestión del aparcamiento que, sin embargo, seguirá siendo de pago. El director gerente de la Fundación Rioja Salud, Ricardo Velasco ... , puntualizó que las tarifas serán más baratas de las actuales. A partir del 16 de diciembre, fecha en la que se hará efectivo el rescate, los precios de uso serán de 0,022 euros/minuto, con un máximo diario de 6 euros. Hasta ahora, las cifras eran de 0,037 euros/minuto, con un tope de 9 al día. Eso supone un 40% menos. Además, sobre estas tarifas se aplicará un 20% de descuento para las personas con movilidad reducida.
La rescisión del contrato y la asunción de la gestión por parte de Rioja Salud obligarán al Ejecutivo a pagar una indemnización de 663.640 euros a la sociedad concesionaria, Aparcamiento Cibir, con la que el Gobierno de Pedro Sanz había cerrado en 2010 un acuerdo por cuarenta años.
La consejera del ramo, Sara Alba, indicó que para fijar la indemnización se habían seguido los informes del Consejo Consultivo y de los servicios jurídicos, aunque no se había intentado llegar a ningún tipo de acuerdo con la concesionaria. «Hemos resuelto un expediente administrativo complejo y hemos seguido los cauces y las recomendaciones legales. Hoy mismo se lo hemos comunicado a la empresa», indicó. La consejera asegura no temer el más que posible recurso de la sociedad adjudicataria, al señalar que se habían seguido «todos los pasos marcados por la ley».
El parking del Cibir arrastra desde sus inicios una historia tormentosa. Dotado con 615 plazas, el contrato inicial estipulaba un desembolso inicial por parte de la concesionaria de algo más de ocho millones de euros, pero también incluía una cláusula por la que se regulaba el «restablecimiento económico» entre las partes a través de un canon variable. Si la ocupación superaba el 22%, Salud recibiría una compensación económica y lo mismo sucedería, pero a la inversa, si no se llegaba a ese umbral. No se llegó. Antes al contrario, las raquíticas cifras de ocupación (en torno al 4%) han hecho que, en total, la Comunidad Autónoma de La Rioja se haya visto obligada a pagar hasta la fecha 5,6 millones a los propietarios de la sociedad concesionaria: Sadori, Inmobiliaria Ortega, Rentyal y Construcciones Zenón Hernáiz. Velasco apuntó que, al entender que estas cantidades son «ingresos a cuenta», deben descontarse de la indemnización, lo que deja la compensación final en los 663.640 euros anunciados este viernes en rueda de prensa.
La consejera Alba remarcó que, «de no haberse realizado este rescate», las compensaciones finales «hubieran podido situarse por encima de los 25 millones de euros». Rioja Salud asumirá también los trabajadores que prestan servicio en el complejo.
Sobre la posibilidad de haber convertido el parking del Cibir en un recinto gratuito, o al menos con las mismas exigencias de pago que los otros aparcamientos del complejo sanitario, Velasco apostilló que el propio mecanismo legal del rescate de un bien demanial (de dominio público) «impide que sea gratuito» ya que obliga a desarrollar «una gestión eficiente»: «Durante ocho años se ha hecho partícipe a todos los riojanos de las pérdidas registradas por una empresa privada. Eso jamás se debería haber hecho. Este rescate se justifica, entre otros motivos, por el ahorro que va a suponer no tener que efectuar las compensaciones económicas que se estipulaban en el contrato. Debemos buscar el equilibrio económico –insistió– para que las instalaciones sean autosuficientes». «Los recursos sanitarios deben destinarse al sistema sanitario y no a aparcar coches», remachó la consejera Sara Alba.
La adjudicación del parking del Cibir, aunque validada por el Tribunal de Cuentas, mereció una comisión de investigación en el Parlamento de La Rioja. En sus conclusiones, ratificadas con el voto en contra del Partido Popular, se resolvía que el contrato había resultado «extremadamente oneroso» para las arcas públicas. Esta misma explicación esgrimió la consejera Alba para justificar su decisión: «Ha sido este uno de los contratos más irregulares que jamás se han visto en La Rioja y que ha generado un notable malestar entre los riojanos. No podemos consentir que estos servicios resten fondos públicos que deberían ir destinados directamente a la prestación asistencial sanitaria».
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