Los abortos tocan suelo en La Rioja

Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en el que la única solución para poner fin a un embarazo no deseado era coger un avión hasta Londres, buscar una clínica y pagar la tarifa correspondiente. Los reportajes de finales de los años 70 del siglo pasado hablan de 20.000 pesetas. El sueldo de un mes de muchas de aquellas jóvenes. No fueron pocas. Un informe del Instituto Valenciano de Estudios de Salud Pública, la Universidad de Liverpool y el departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante sostiene que entre 1974 y 1978 casi 200.000 españolas viajaron al Reino Unido para abortar. A estas hay que sumar las que optaron por Holanda o Francia. En España, la única alternativa era un aborto clandestino que, además del riesgo sanitario, incluía el penal: era un delito castigado con prisión.

La cosa comenzó a cambiar –que no a mejorar sustancialmente– con la ley de despenalización de 1985, que si bien no lo legalizaba, sí que suprimía el reproche penal en tres casos concretos y que, a efectos prácticos, apenas resolvía la situación del 2 o 3% de las mujeres embarazadas que deseaban abortar, según denunciaba entonces el colectivo feminista. Así, hubo que esperar a 2010 para que, efectivamente, se regulara como derecho el aborto libre hasta la semana 14 de embarazo.

Aquella ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), pese a la oposición y augurios apocalípticos de los sectores más conservadores de la sociedad, no provocó un terremoto en la estadística que desde 1991 publica el Ministerio de Sanidad con los datos –de obligada notificación– de los centros (públicos o privados) que realizan interrupciones voluntarias del embarazo. Al contrario. Desde los 118.611 abortos de 2011 (primer año completo con la ley en vigor), el volumen de los realizados en España ha descendido de manera prácticamente constante hasta los 99.149 de 2019 (últimos datos publicados).

En La Rioja, la tendencia ha sido similar. En 2011 fueron 534 interrupciones –el techo de la serie histórica data de 2008 (597), cuando se esquivaban las trabas legales y las consecuencias penales a través del supuesto terapéutico de la ley de 1985, el que apelaba al riesgo grave para la salud física o mental de la embarazada– para iniciar un descenso estadístico que, con mínimos repuntes entre 2016 y 2018, ha tocado su suelo histórico en 2019, cuando se notificó que 339 mujeres residentes en La Rioja se habían sometido a una interrupción voluntaria del embarazo.

A ello también ha contribuido, y de manera no menor, la posibilidad de comprar sin receta la píldora del día después desde octubre de 2009, justo cuando comenzaron a descender los abortos.

Precisamente, los anticonceptivos (no el de emergencia) son una de las claves que señala el equipo de Obstetricia y Ginecología del hospital San Pedro de Logroño, encabezado por su jefa de servicio, María José Puente, en el artículo 'Situación de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja en los últimos 5 años' publicado en el último número de la revista Zubía –editada por el Instituto de Estudios Riojanos–.

A partir de la estadística del periodo 2014-2018, inciden en el repunte de abortos (30 casos) entre 2015 y 2018, recuerdan su «impacto tanto en la salud reproductiva de las mujeres como en la economía, por el coste que suponen» e invitan a «reflexionar sobre la necesidad de diseñar e implementar políticas más eficaces para la prevención del embarazo no deseado, como son el diseño de planes estratégicos de educación sexual y reproductiva y facilitar la financiación de todos los métodos anticonceptivos». Según las cifras recogidas en el estudio, las interrupciones voluntarias del embarazo 'a petición de la mujer' (las no asociadas a los graves riesgos para la gestante o el feto o a las anomalías que afecten a este último) supusieron un desembolso de 135.590 euros, algo más de 460 euros por intervención.

La estadística del Ministerio apunta que de las 339 mujeres que interrumpieron la gestación en 2019, el grueso de ellas, 277, lo hizo por motivos personales acogiéndose al derecho libre al aborto durante las 14 primeras semanas de embarazo. A ellas hay que sumar otras 72 que lo hicieron por el grave riesgo para su vida o la salud, 26 por el riesgo de graves anomalías en el feto y 2 más por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable. Trabajadora por cuenta ajena, de entre 20 y 29 años, que no utiliza métodos anticonceptivos, sin hijos y que vive en pareja o con sus padres es el perfil de la mujer que decidió interrumpir el embarazo durante 2019, año en el que también lo hicieron dos menores de 15 años y otras 42 con entre 15 y 19.

Prácticamente todas esas interrupciones (el 98%) tienen otro elemento en común: fueron realizadas en la sanidad privada: solo 26 se completaron en un centro hospitalario público. Además, en ninguno de los casos de las 277 mujeres que ejercieron su derecho a abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación pudieron hacerlo en la sanidad pública. Fueron derivadas a la red privada a cargo de las arcas públicas.

El artículo del equipo de Obstetricia y Ginecología del San Pedro lo explica apuntando que «La Rioja no dispone de ningún centro específico ni público ni privado» por lo que el SERIS «gestiona la citación en clínicas privadas próximas de Navarra, Aragón y País Vasco» para todas aquellas «pacientes empadronadas y con tarjeta sanitaria» que se quieren acoger a ese derecho durante las primeras 14 semanas, que son «debidamente informadas de los métodos, condiciones, trámites y ayudas públicas».

¿Por qué no se realizan estas interrupciones de embarazo en hospitales riojanos? La respuesta está en el derecho a la objeción de conciencia –recogido en la misma ley– del personal del área de Ginecología del SERIS, que rechaza realizar intervenciones en los casos en los que la interrupción del embarazo responde únicamente al deseo de la gestante.

La presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja, Inmaculada Martínez, recuerda que se trata de «un derecho que establece la ley con el que se garantiza la objeción de conciencia de los profesionales para los supuestos establecidos en la norma. En La Rioja están garantizados todos los derechos, tanto de los médicos como de las pacientes». Desde su perspectiva, «el paciente no queda desprotegido» por esa unanimidad en la objeción de conciencia. «En el sistema público se atienden todos los supuestos de la ley, excepto el del articulo 14, para los que son objetores. Aún así, está cubierta la prestación y se garantizan todos los derechos» de las mujeres, sostiene la presidenta de los médicos riojanos.

De momento, y a expensas del escenario que depare la redacción y entrada en vigor de la futura Ley de Igualdad de La Rioja (aún en fase de consultas previas), que prevé recoger esta cuestión, las riojanas que deseen poner fin a un embarazo no deseado, deberán seguir viajando a Navarra, País Vasco o Aragón para ejercer un derecho reconocido por ley desde 2010.

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