Un camino sinuoso en el que el mercado negro hace negocio

Esos escenarios no son tan infrecuentes como se piensa, advierte una trabajadora social de La Rioja –que también pide preservar su identidad–, que no duda en calificar de «maltrato institucional» al hecho de que la sanidad pública no ofrezca más alternativa a quien decide abortar que peregrinar a Zaragoza o Bilbao. «Cuando tienes recursos, cuando tienes familia, puede resultar más sencillo. Cuando estás sola y sin recursos hay ocasiones en las que se buscan otras alternativas». Siempre trágicas.

La historia de Amparo comienza como lo hacen todas, con un embarazo inesperado, ni buscado ni deseado. El inicio y el final son los únicos puntos de conexión de los 284 casos de aborto que recogió la estadística regional durante 2019 (últimos datos publicados) bajo el epígrafe 'a petición de la mujer'. Entre ambos momentos, el camino puede ser más o menos directo, más o menos sinuoso.

«Servicios Sociales tuvo conocimiento de que Amparo estaba embarazada y comenzamos a trabajar con ella después de que decidiera abortar. Recibió la información, acudió a su médico de cabecera y se realizaron los trámites». La Seguridad Social –que se hace cargo de los costes de la intervención– derivó a Amparo a una clínica privada en Zaragoza.

Pero Amparo, por sus propias limitaciones, no podía acudir sola hasta allí y no tenía a nadie que le pudiera acompañar. Sus circunstancias le empujaban a llevar el embarazo a término. «Su situación de exclusión jugaba en su contra», recuerda la trabajadora social. Finalmente, una de sus compañeras fue autorizada a desplazarse con ella hasta Zaragoza y le acompañó durante la intervención al tiempo que tramitó una ayuda de emergencia para cuestiones tan básicas como el coste del billete de autobús, la comida de ese día o el gasto en material higiénico necesario tras la intervención.

«Esto hace que para determinados colectivos sea muy complicado tomar la decisión y haya casos en los que el bebé aparece en un contenedor. No son informadas ni siquiera de que pueden darlo en adopción. Igual que se externalizan otros servicios, tendrían que contratar a alguien para que viniera a Logroño a hacer estas intervenciones», lamenta la trabajadora alertando de otro riesgo: el mercado negro de medicamentos concebidos para ciertas patologías y reutilizados como abortivos.

«No es complicado encontrar a quien ofrece determinadas pastillas en el centro de Logroño», sostiene una fuente de atención social, relatando un caso reciente en la capital y recordando que en 2017 la Policía Nacional desarticuló una red dedicada a la venta ilegal de estos fármacos que, desde Torrelavega (Cantabria), Bilbao y Madrid distribuían por todo el país medicamentos para úlceras gástricas y duodenales. Por cada caja de 40 pastillas, que en las farmacias tienen un precio de 40 euros, sacaban un beneficio de 700.