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Henar Moreno apela a la metáfora para justificar la necesidad de incorporar al sistema sanitario riojano a profesionales que puedan atender a las mujeres que, por voluntad propia, deciden interrumpir su embarazo: «Nadie se puede imaginar el caso de un cirujano que se hiciera testigo ... de Jehová y objete a las transfusiones de sangre».
«En La Rioja hubo quien, en un momento, fue objetor en la sanidad pública, pero no lo era en la privada», recuerda incidiendo en el hecho de que una mujer deba trasladarse a otra región para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo provoca «perjuicios y tiene un efecto disuasorio» sobre ella. «Planteamos la contratación de profesionales que no objeten», resume considerando que ha podido existir una especie de presión de grupo para que el profesional que no tendría inconvenientes en practicar estas intervenciones objete para no sentirse señalado.
«Puede resultar disuasorio para las mujeres el hecho de tener que ir a otras comunidades y si no se conocen bien los derechos, la mujer sale perjudicada, sobre todo las que están solas, las que menos recursos tienen», dice la diputada. Las que socialmente están en una situación más compleja.
«Hay que tener en cuenta que, siendo un intervención relativamente sencilla, es emocionalmente compleja y requiere apoyo para evitar la estigmatización que se puede producir», completa Henar Moreno recordando que Navarra ya ha activado una ley como la que propuso en el Parlamento riojano: «Hay una colisión de derechos frente a la moral de los operadores sanitarios que puede tener muchos efectos en la mujer», lamenta.
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