La Ley de Igualdad prevé garantizar la interrupción del embarazo en la red pública

A expensas de que ver cómo se articula ese principio inspirador de la futura ley riojana de igualdad, el Parlamento de La Rioja debatió el pasado 4 de marzo una medida similar en una proposición no de ley que presentó la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno. Entre otras cuestiones, la propuesta recogía en uno de sus apartados el mandato al Ejecutivo regional de elaborar una ley que regule las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva además de la creación de un registro de profesionales en relación a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) «con el objetivo de garantizar un acceso a la sanidad pública a todas las mujeres que deseen realizar una IVE, así como a todos los servicios incluidos en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo». Este fue el único punto que no logró prosperar: PP y Ciudadanos votaron en contra, PSOE y Henar Moreno, a favor en una sesión a la que, por motivos personales, no pudo acudir la segunda diputada del Grupo Mixto, la también consejera Raquel Romero.

«No se puede plantear la objeción de conciencia como prioritaria frente al derecho del paciente», defendió entonces Moreno, frente a lo que, desde el PP, Catalina Bastida le recordó que «por encima de la ideología está el derecho de la libertad de cada profesional para ejercer su trabajo conforme a lo que ya existe. Crear un registro es señalar con el dedo», le dijo.

Desde Cs, Belinda León apeló a buscar «un equilibrio entre el derecho a la prestación de la mujer y la objeción de conciencia» antes de recordar que «la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en el cien por cien de los casos». Desde el PSOE, Ana Santos, más allá del fondo de la cuestión, defendió que la propuesta de Izquierda Unida debería articularse a través de «otra normativa de rango inferior [al de la ley] que también proporcione garantías jurídicas».