Trump gana por K.O. ante el presidente de Colombia el primer combate para expulsar migrantes

La economía es una materia frágil. De porcelana casi. Dentro de dos semanas, buena parte del mundo celebrará el día de los enamorados. Flores y flores. Colombia es el segundo exportador del planeta. El 80% de su producción viaja a Estados Unidos (por valor de unos 1.500 millones de euros). Si al precio actual se le suman aranceles del 25% primero y del 50% después, como había amenazado Trump, el sector se quedaría fuera del mercado. Lo mismo sucede con el aguacate, cuya venta se dispara con motivo de la final de la Super Bowl, el 9 de febrero. Sólo de este fruto dependen 61.000 empleos en Colombia. Algo similar sucede con la banana. Y, sobre todo, con el café, que aporta más de 1.600 millones de euros.

A esa producción agrícola se suman el oro, el aluminio, el carbón y el petróleo, la materia prima que más exporta este país a EE UU: en 2022 rozó los 6.000 millones. Estados Unidos es el destino de un tercio de todas las exportaciones colombianas. Ambos países tienen desde hace doce años un Tratado de Libre Comercio.

Petro, que siempre ha criticado a sus antecesores y a otros mandatarios sudamericanos por su servilismo ante el vecino del norte, apenas ha durado un asalto. En el periódico colombiano 'El Tiempo' recuerdan que el año pasado Estados Unidos, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, deportó a 14.226 ciudadanos colombianos y que eso no desató ninguna crisis diplomática. Deja entrever esta publicación que el progresista Gobierno de Petro ha querido pararle los pies al republicano y conservador Trump. Vista la rápida resolución del conflicto, no lo ha conseguido. El magnate neoyorquino manda así un mensaje al mundo. Sus bravuconadas no son disparos al aire. Se traducen en medidas, en represalias.

Apenas unas horas después de negarse, Bogotá ha aceptado recibir aviones militares con deportados procedentes de Estados Unidos. Washington deja sin efecto los aranceles y no aplicará tampoco las restricciones bancarias y fiscales, ni revocará los visados de los funcionarios del Ejecutivo colombiano. La crisis ha durado un día. Un asalto.

«El Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares, sin limitaciones ni demoras», zanjó en un comunicado la Administración norteamericana. Los aranceles quedan «en suspenso» y no se aplicarán «a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo».

«Los acontecimientos de hoy (ayer) dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado. El presidente Trump espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos», agrega la Casa Blanca. Avisa, más bien.

En otro comunicado, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, acepta la nueva situación: «Hemos superado el impasse con Estados Unidos. El Gobierno de Colombia (...) tiene listo el avión presidencial para facilitar el retorno de los colombianos que iban a llegar al país en vuelos de deportación».

El incidente diplomático con Colombia, ya resuelto, marca el paso para casos similares en la región. El viernes, aviones militares estadounidenses realizaron dos vuelos a Guatemala, cada uno con 80 migrantes. Y México rechazó la pasada semana una solicitud de EE UU para permitir el viaje de una aeronave militar con deportados. México, que tiene una larga frontera con Estados Unidos, es un territorio clave en la cuestión migratoria. Trump ya ha dicho que impondrá aranceles del 25% tanto a este país como a Canadá, en la muga norte, para frenar el paso ilegal de personas y de drogas como el fentanilo.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil condenó el sábado el «trato degradante» que recibió un grupo de ciudadanos expulsados de EE UU: fueron esposados ​en un vuelo comercial de deportación. Algunos denunciaron malos tratos durante el vuelo. El avión, que trasladaba a 88 pasajeros brasileños, 16 agentes de seguridad estadounidenses y ocho miembros de la tripulación, tenía previsto llegar a Belo Horizonte, en el estado sudoriental de Minas Gerais, pero por problemas técnicos aterrizó en Manaus, capital de Amazonas. Allí, las autoridades brasileñas ordenaron retirar las esposas a los retenidos y el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para completar el viaje hasta Belo Horizonte.