Trump inicia su batalla contra la inmigración con el envío de 1.000 militares a la frontera

Fuentes del Departamento de Defensa, citadas por distintos medios, advirtieron de que se trata solo de la primera de «varias oleadas de destacamentos» que serán desplegados en la frontera con México para reforzar la seguridad, de acuerdo con las órdenes del nuevo presidente. Se unirán a los 2.500 efectivos militares en activo que ya se encuentran en la zona y a los 4.500 miembros de la Guardia Nacional que patrullan en Texas.

Oficialmente no hay una misión concreta para ellos, pero dado que el mandatario ha declarado una «emergencia nacional» en la frontera y designado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, dispone ahora de poderes extraordinarios que podrían cambiar la misión de estas tropas. Hasta este momento, los efectivos han apoyado a las patrullas fronterizas en tareas logísticas, de transporte y de construcción de barreras. La orden ejecutiva de Trump insta al Departamento de Defensa a «cerrar la frontera» y «rechazar la inmigración masiva ilegal».

Los inmigrantes que esperaban solicitar asilo, e incluso los que tenían cita para presentar su caso, vieron el lunes desaparecer la aplicación de sus teléfonos, que repentinamente se quedó en negro a los 20 minutos de que Trump tomase el poder. Hasta los que ya habían sido aprobados y se encontraban en tránsito a Estados Unidos se quedaron congelados en el limbo, al haber decretado el comandante en jefe que su país pone en pausa la entrada de cualquier refugiado hasta que su gobierno revise los casos. Dado que las 71 cortes federales de migración están abrumadas con cerca de cuatro millones de expedientes, no se espera que ese momento llegue pronto. Entre los afectados se encuentran, según la agencia Associated Press, 1.600 afganos que habían recibido ya la luz verde del Gobierno de Biden para reasentarse en Estados Unidos. En teoría esos refugiados tenían hasta el día 27, pero el nuevo gabinete continúa adelantando sus propias marcas.

La suspensión del cargo llegó de inmediato el lunes a los cuatro altos funcionarios de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, pese a que sus cargos no eran políticos, pero también a la comandante almirante Linda Fagan, que fue la primera mujer elegida para liderar una rama militar del ejército estadounidense. Era el anticipo de la orden que tenían que recibir antes de ayer a las 5 de la tarde todos los funcionarios de gobierno considerados parte del programa de Diversidad, Igualdad e Inclusión (DEI), una palabra maldita en la cultura antiwoke del movimiento Make America Great Again (MAGA).

En su discurso de investidura, Trump agradeció a «las comunidades de negros e hispanos la tremenda demostración de amor» que le han dado con su voto. «No lo olvidaré», prometió. Horas después derogó la orden ejecutiva de Biden para combatir desde el gobierno «el racismo sistémico y la supremacía blanca», que había señalado en su discurso inaugural hace cuatro años. El Tribunal Supremo de mayoría conservadora, en el que sirven tres jueces nombrados por Trump, ya se había pronunciado en contra de la discriminación positiva en las admisiones universitarias con una sentencia de 2023, que resquebrajó los cimientos de la sociedad.

El cambio de política responde al resentimiento, fundamentalmente de hombres blancos, que en los últimos tiempos se sienten excluidos de las oportunidades laborales en favor de la promoción de mujeres y minorías raciales y de género, aunque no siempre sean esos los verdaderos motivos por los que no ascienden en su profesión. Más de un tercio de los estadounidenses cree que esas políticas dañan a los hombres blancos, según una encuesta del Pew Research Center, mientras que estudios del sociólogo de Harvard Frank Dobbin culpan a los jefes de Recursos Humanos y a otros cargos dentro de la empresa de hacerles creer subrepticiamente que si una mujer ha sido ascendida o contratada en lugar de ellos es por la necesidad de responder a las cuotas, evitando así conversaciones difíciles y combativas.

Estos se quedarán ahora sin excusas, porque los funcionarios suspendidos serán finalmente despedidos en un plazo máximo de 60 días, según se ha informado a todas las oficinas de gobierno. La caza de brujas continuará con las empresas civiles. La directiva pide a cada agencia estatal que señale hasta nueve empresas públicas o privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones médicas e instituciones educativas que se financien con más de 1.000 millones de dólares o fundaciones con bienes de más de 500, que potencialmente estén utilizando esos criterios de igualdad para sus contrataciones.

Las declaraciones de equidad ya habían desaparecido este miércoles de las páginas web de los ministerios de Agricultura, Trabajo y del Tesoro, entre otros muchos que se apresuraban a retirarlas. La política, que ya había llegado a la empresa privada a través de grandes cadenas como Walmart, McDonald's y Meta, caerá pronto en cascada sobre toda la sociedad. En la era Trump solo se aplica «la meritocracia», dijo en su investidura. «DEI significa DEATH (muerte)», había tuiteado previamente Elon Musk, el hombre más rico del país que hizo posible su victoria con una inversión de 277 millones de dólares.