Trump logra aplazar la sentencia por el 'caso Stormy Daniels'

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, señaló sin dilación que, a pesar de considerar que los argumentos del acusado carecen de fundamento, no se opondrá a la moción de anulación de los abogados de Trump, basado en el fallo de inmunidad del lunes. En un documento dirigido al juez Merchán, el Ministerio Público señaló que tampoco se opondría a la solicitud de posponer la sentencia, mientras el juez considera cómo afecta al caso la sentencia del Supremo.

El alto tribunal de EE UU emitió un fallo histórico el lunes que otorga amplia inmunidad procesal a la figura del presidente por actuaciones que recaigan dentro del ejercicio de sus poderes constitucionales durante el ejercicio del cargo. Pero la decisión es ambivalente en el sentido de que el Supremo delega a la discreción de los jueces dirimir entre los actos que son parte del ejercicio de sus funciones como mandatario y cuáles de ellos son actuaciones a título privado.

Así, aunque la decisión de Supremo protege a Trump de responsabilidad penal por muchos de los de actos realizados durante su mandato, deja abierta la posibilidad de diferenciar entre los que fueron cometidos como presidente y los que lo fueron como candidato a reelección. Por ello, no está claro todavía cómo la sentencia cubre la actuación de Trump en el caso de la actriz porno, cuyos hechos tuvieron lugar antes de que fuera presidente. Además, se trata de un juicio en el Estado de Nueva York, sobre el que la ley federal o la presidencia no tienen jurisdicción.

Más aún, el juez Merchán tendrá que considerar ahora la cronología de los hechos y decidir su preeminencia. Es decir, si los delitos que tuvieron lugar antes de que Trump fuera presidente prevalecen, o lo que cuenta es el momento en que se efectuaron los pagos opacos a la actriz, y su ocultación, después de que haber asumido ya el cargo de jefe de la Casa Blanca.

La solicitud de anulación de los abogados de Trump aduce que el fallo de la Corte Suprema confirma su argumento de que algunas pruebas deben ser inadmisibles porque están relacionadas con actos presidenciales. «El resultado del juicio no se mantiene», dicen los letrados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove.

El presidente Biden calificó de «precedente peligroso» el fallo del Supremo en su caso penal federal del 6 de enero. En su discurso, el actual inquilino de la Casa Blanca señaló que la decisión del alto tribunal implica «casi con seguridad que prácticamente no hay límites a lo que el presidente puede hacer».

El fallo, dijo, marca «un principio fundamentalmente nuevo» por el que «el poder del cargo ya no estará limitado por la ley, incluida la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los únicos límites [a su poder] serán autoimpuestos solo por el presidente».

La redefinición del fallo del Supremo sobre la «inmunidad total» del presidente tiene implicaciones que afectan a todo los casos pendientes de Trump, incluidos los dos federales por la trama a gran escala para anular los resultados electorales de 2020, y su papel como incitador del asalto violento al Capitolio el 6 de enero de 2021 con el propósito de aferrarse al poder.

Estos casos, y otros, como el estatal de Georgia y el federal en Florida por espionaje y apropiación ilícita de documentos clasificados, tendrán que ser ahora revisados línea por línea, para determinar qué cargos sobreviven a la nueva sentencia que amplifica la inmunidad presidencial. A la luz del fallo, el equipo fiscal de Jack Smith tendrá que ajustar su estrategia como acusación para la que cuenta con un robusto expediente de pruebas y testigos contra Trump. En los medios de información se especula ya, que, a pesar de los reajustes, el juicio podría comenzar en septiembre o en octubre, antes de la cita electoral.

Will Scharf, el abogado que representó a Trump en su caso de inmunidad ante el Supremo, señaló tras la sentencia del lunes a favor de su cliente que, el fallo cubre «absolutamente» la condena del expresidente en Nueva York. En una entrevista para CNN, Scharf expuso su interpretación sobre la amplitud de cobertura que ofrece la sentencia al explicar que fue «muy clara en lo referente a los actos que recaen dentro del perímetro exterior de las responsabilidades oficiales del presidente», que «presumiblemente» gozan también de inmunidad procesal y cuya «evidencia no puede usarse para juzgar actos esencialmente privados».