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Unas 100.000 personas sentenciadas por posesión de marihuana han sido indultadas en una decisión histórica del Estado de Maryland. Su gobernador, Wes Moore, ha anunciado el perdón de 175.000 condenas en el contexto de una creciente normalización del uso medicinal y recreativo del ... cannabis, que además deja miles de millones en impuestos para el país.
Moore no es el primero que toma una medida así, pero sí el que lo ha hecho a lo grande: eliminar tal número de sentencias ha supuesto un aldabonazo para la opinión pública y hasta para muchos republicanos remisos al perdón de todo lo que huela a 'maría'. En 2016, la Administración de Joe Biden inició esta senda y, desde entonces, se ha convertido en un argumento de batalla entre demócratas y conservadores. En este tiempo, de manera casi desapercibida, ha habido dos millones de indultos en todo Estados Unidos, aunque nunca en una campaña tan sonada como la de Maryland.
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Hay que tener en cuenta que el cannabis se trata de una industria al alza. En especial, su variante medicinal. Y cada vez más normalizada. Veinticuatro de los cincuenta Estados han aflojado la presión sobre la tradicional hierba y legalizado su posesión entre los mayores de 21 años, eso sí, bajo un estricto control. Moore lo hizo en 2023. Autorizó a sus ciudadanos adultos a tener un máximo de 12 gramos de cannabis y dos plantas de marihuana para cultivo propio, pero fuera de la vista. Los expertos calculan que entre todos los territorios legalizados generarán 105.000 millones de euros en ingresos fiscales en 2025.
La resolución de Maryland, sin embargo, tiene un componente de reparación de «errores históricos» por encima del afán recaudatorio. Moore, un demócrata de 45 años que antes ha sido veterano del ejército y productor de televisión, afirma que el masivo indulto quiere erradicar la «injusticia social» padecida por la población de color, ya que la mayoría de los condenados por posesión de marihuana son negros en una proporción muy superior a la de sus conciudadanos blancos.
Los antecedentes judiciales por este delito han sido utilizados durante décadas para rechazar a los afroamericanos a la hora de alquilar una vivienda, encontrar un empleo o acceder a determinados servicios. Muchos se vieron obligados a dejar el Estado y ahora éste quiere facilitar su posible regreso una vez libres de esta losa. El indulto solo afecta a los cargos por posesión menores –el tráfico de drogas queda fuera–y no podrá utilizarse para sacar a nadie de la cárcel. Pero sí permitirá borrar todo rastro de un pasado dudoso, incluso en el caso de los fallecidos. «Se trata de rehabilitar a un sector de población que se ha visto perseguido y estigmatizado», cuenta Ray Wendrop, un activista por los derechos civiles, muy crítico con las «condenas del canuto».
Las 175.000 sentencias –en algunos casos existen varias sobre el mismo individuo– serán borradas de las bases de datos de los tribunales y de las listas del Departamento de Libertad Condicional en el plazo máximo de diez meses y cualquier beneficiario puede pedir que se eliminen además de todo documento en internet. Hoy en día hay más estadounidenses viviendo en lugares donde el consumo está despenalizado (no necesariamente legalizado) que lo contrario. Si esto es así, si es posible cultivar una planta en casa o se puede adquirir el producto en establecimientos autorizados, ¿resulta justo que alguien arrastre antecedentes penales porque antes de 2016 le intervinieran una bolsita de 'maría'?
El Gobierno de Maryland no es el único que ha realizado un acto de clemencia general. Primero fue Virginia. Pero el Ejecutivo de Moore, el primer gobernador negro de EE UU, sí destaca por su carácter ejemplar contra el racismo. El político demócrata ha hecho que la promulgación se realice a mediados de este mes, mientras el país festeja los aniversarios por el fin de la esclavitud. Coincide además con el 60 aniversario del asesinato de tres jóvenes miembros del Congreso de Igualdad Racial en Mississipi a manos del Ku Klux Kan. James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner desaparecieron una noche y sus cuerpos fueron encontrados semanas más tarde. El FBI envió 150 agentes a investigar. El brutal asesinato triple conmocionó América y dio un nuevo impulso a los derechos civiles. La historia se cuenta en 'Arde Mississipi'.
«Estoy encantado de que tengamos una oportunidad real con lo que estoy firmando para corregir muchos errores históricos», ha señalado Moore en una entrevista recogida por 'The Washington Post'. «Si se quiere crear un crecimiento económico inclusivo, hay que empezar a eliminar estas barreras que siguen afectando desproporcionadamente a las comunidades de color», ha añadido.
En realidad, la marihuana y el racismo han ido muy de la mano en el último siglo en EE UU. El primer comisionado de la Oficina Antidroga estadounidense, Harry Anslinger, fue famoso en los pasados años 30 por una frase según la cual, había 100.000 fumadores de marihuana en el país «y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas».
Anslinger era, al parecer, un republicano de fácil adaptación al medio. Nació en 1892 en Pennsylvania en una familia de ascendencia suiza-alemana. Se convirtió en el primer zar de la droga estadounidense, el hombre que capitaneaba la lucha contra los estupefacientes. Antes de llegar al puesto de comisionado, para el que fue elegido por el tío de su mujer, alto cargo en la Administración, perteneció al servicio de extranjería, estuvo destinado en Holanda y fue viceconsul en Alemania, Venezuela y Bahamas. Recorrió varios países persiguiendo el tráfico de alcohol y drogas entre 1920 y 1928. Una misión aventurera. En esa época estaba medianamente convencido de que la marihuana no era dañina.
Pero cuando se puso al mando de la Oficina Antidroga cambió radicalmente de opinión. El cannabis provocaba que los hispanos se convirtieran en ladrones y violadores y otras transformaciones en los negros hasta volverlos violentos y propagadores de una «música satánica» (el jazz). También la «marijuana» hacía que «las mujeres blancas busquen relaciones sexuales con negros, animadores y otros». Anslinger proporcionó grandes titulares a la prensa sensacionalista: «Houston, Texas: 30 años; violó a una niña de diez años. Confesó que estaba enloquecido por los efectos de la marihuana». «Winoma, Minnesotta: golpeó con una piedra hasta darle muerte a T. Bernhardt, muchacho de 14 años que estaba apacentando el ganado. Al ser detenido, empezó a dar alaridos y destrozar el mobiliario de la prisión. En aquel entonces fumaba marihuana». Tampa. Florida: 20 años. Fumó los dos primeros cigarrillos de marihuana. Saltó de la ventana de un hotel e irrumpió en la habitación del Sr. Kooper, diciendo ante los ojos aterrados de sus familiares: ¡Dios me ha ordenado que mate a este hombre!, y lo mató a puñetazos».
Si bien durante el último siglo Anslinger ha quedado como un personaje anecdótico de la historia antidroga estadounidense, la marihuana ha seguido siendo un activo importante para perseguir a la población de color. Aunque blancos y negros consumen por igual, la Unión Americana de Libertades Civiles afirma que estos últimos tienen casi cuatro veces más posibilidades de ser detenidas. La ciudad de Chicago es un ejemplo. El 78% de los arrestados por posesión de marihuana entre 2012 y 2014 fueron negros, pese a que esta comunidad solo representa un tercio de toda la población de la ciudad. Las proporciones son similares en otros Estados.
Los dos millones de indultos en EE UU convierten a Norteamérica en un territorio singular. De hecho, el cannabis aporta a la vecina Canadá 11.032 millones de dólares al PIB anual. Y un estudio hecho en Estados Unidos revela que si estuviera legalizado en el conjunto de la nación se convertiría en un negocio capaz de crear más de un millón y medio de empleos, especialmente en la vertiente medicinal y libre de psicoativos.
No obstante, toda esta corriente de dinero e inversionistas colisiona con un hecho: la necesidad de implantar un control de la industria para que no se desmande. Lo mismo que ha sucedido con otra industria, la del tabaco. La marihuana tiene su propia lista negra de perjuicios corroborados por la ciencia y la Administración americana no quiere que se convierta en una epidemia más sumada a la de la nicotina y el alcohol.
En Maryland, sin embargo, no se discute sobre eso. Allí el debate en torno a la marihuana está relacionado con los derechos civiles. Baltimore, la capital, es el símbolo de la opresión de la comunidad afroamericana, tradicionalmente en el centro del radar de las fuerzas de seguridad por encima de cualquier otra minoría. Además del gobernador, el fiscal del Estado, D. Brown, y la defensora pública, Natasha Dartigue, llevan tiempo investigando el sistema judicial estatal para encontrar posibles signos de marginación y racismo en los procesos y las condenas. Los indultos del cannabis son solo un ejemplo, una compensación, una isla. Porque las estadísticas nacionales indican que, con todos los avances progresistas del siglo XXI y con las diferentes despenalizaciones estatales, las últimas dos décadas siguen arrojando un aumento desproporcionado de afroamericanos arrestados por posesión de marihuana.
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