Caos legal en la frontera de Texas

Ése es también uno de los argumentos que esgrime el Gobierno de Joe Biden, que ha demandado al Estado de Texas por usurpar las funciones migratorias que 150 años de jurisprudencia otorgan al Gobierno federal. Texas mantiene que no está contradiciendo las leyes nacionales, sólo reflejándolas en una norma local. México, por su parte, ha advertido que no aceptará a ningún deportado del territorio vecino.

El proceso está en manos del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleáns, que decidirá sobre la sentencia emitida en enero por el juez David Ezra, que ve un conflicto con la jurisprudencia del Supremo y la propia Constitución de EE UU.

La ley que firmase el gobernador de Texas Greg Abbot el pasado 18 de diciembre tenía que haber entrado en vigor el día 5, pero la Casa Blanca pidió al Supremo su suspensión por cuestiones administrativas.

La mayoría conservadora del Supremo sorprendió el martes al denegar la petición, sin argumentos, aunque en una opinión separada los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, en apoyo de la opinión mayoritaria, explicaron en cinco páginas que su voto se debe a una cuestión técnica y no debe ser interpretado en ningún sentido con respecto a un caso que todavía no se ha presentado frente a ellos.

El país está pendiente de la decisión que tome el tribunal de Nueva Orleáns y hasta entonces los jueces Barrett y Kavanaugh creen que «no sería inteligente invitar un litigio de emergencia sobre si un Tribunal de Apelaciones ha abusado de su discreción en este paso preliminar», escribieron. «El Quinto Circuito de Apelaciones debe ser el primero en mover ficha».

La ley, por tanto, entró formalmente en vigor, pero horas después el Tribunal de Apelaciones emitió el aplazamiento solicitado hasta que sopese su sentencia. A la vez, el Supremo federal parece tener tanto interés en pronunciarse sobre esta ley, muy similar a la que ya desmontó en Arizona en 2012, que ha agendado una audiencia del caso para el 2 de abril.

Texas argumenta que está sufriendo «una invasión» y tiene la necesidad de defenderse. En ese contexto propone que todos sus agentes del Estado se conviertan en oficiales migratorios de facto para hacer cumplir las leyes, arrestar a los presuntos violadores de la misma y deportarlos expeditamente en no más de siete días desde el momento en que la funcionaria del condado emita la orden. Todo ello, «sin importar las determinaciones federales pendientes sobre su estatus migratorio». Eso significa ignorar cualquier solicitud de asilo o citas migratorias que el detenido pueda tener pendiente.

La American Civil Liberties Union (ACLU) considera que la ley es discriminatoria y estigmatizará a todos los residentes legales o ilegales de color, «marrón, negro, indígena o simplemente inmigrantes», dijo la directora de servicios legales del Centro de Inmigrantes de las Américas, Jennifer Babaie. Unos y otros coinciden en que el sistema migratorio necesita reformas, «pero la crueldad con los inmigrantes no es una solución», advirtió el abogado de la ACB, David Donatti.

En 2010 Arizona intentó algo similar con la polémica ley SB 1070, que el Supremo invalidó en sus aspectos más duros dos años después, tras la demanda del Gobierno de Obama. Era un tribunal muy distinto al que hoy muestra una inclinación de ultraderecha gracias al nombramiento de tres jueces por parte del presidente Donald Trump. Republicanos de todo el país se han sumado a la causa del gobernador Abbott, que ha puesto a la Guardia Nacional a vigilar la frontera, ha llenado de boyas el río Bravo y de alambrada sus orillas.

«Está muy claro que Abbott quiere aplicar la ley para poder tomarse muchas fotos, pero eso requerirá implementar recursos estatales que el Gobierno estatal no tiene ni apetito, ni capacidad», declaró a la cadena NBC el profesor de Derecho de la Universidad de Houston, Daniel Morales. Su augurio: «Esto va a ser un lío».

El gobernador ve en el breve espacio de vida que tuvo la ley el martes «una señal positiva», escribió en Twitter, augurio de que finalmente el Supremo se pondrá de su parte.