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El gobernador tiene la pluma lista para firmar. Los activistas de derechos pro inmigrantes, a sus abogados. Y eso es precisamente lo que quiere el gobernador de Texas, Greg Abbott. Su partido aprobó el martes por la noche una de las leyes anti inmigración más ... severas que se hayan visto en Estados Unidos desde que en 2012 el Gobierno de Obama logró tumbar la de Arizona, que daba permiso a la Policía estatal para detener a cualquiera que no pudiera demostrar con la documentación necesaria su residencia legal en EE UU.
La SB4 de Texas fue introducida en la Asamblea Legislativa apenas la semana pasada y en un tiempo récord ha logrado pasar ambas cámaras y llegar hasta la oficina del gobernador. «Estoy deseando firmarla», dijo el gobernador en su cuenta de X (antiguo Twitter), horas después de que la Asamblea Legislativa la aprobara el martes por la noche. Prominentes miembros de su partido, como el senador estatal Brian Birdwell, que introdujo una versión previa, han votado en contra de la actual por ser anticonstitucional. Eso lo dejó muy claro el Tribunal Supremo cuando tumbó la de Arizona en 2012 por 5 a 3, pero los tiempos han cambiado, y el Supremo también. Con los tres jueces que nombró Donald Trump durante su mandato ahora Clarence Thomas y Samuel Alito podrían obtener la mayoría, incluso si no se les une el jefe del tribunal, John Roberts, un conservador que entonces prefirió apegarse a la Constitución.
Eso es lo que busca el gobernador, dar una nueva oportunidad al tribunal para cambiar el curso de la historia. La ley anti inmigración de Texas, como la del aborto de Missippi, que en junio del año pasado sirvió para anular la jurisprudencia de Roe vs Wade, podría arrebatar al Gobierno federal la competencia absoluta que tiene en materia de inmigración. Una vez que se abra la caja de Pandora, todos los demonios quedarán sueltos y cada estado podrá legislar lo que decida.
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Abbot ha sido artífice de algunas de las medidas más aberrantes de los últimos tiempos en la frontera. Fue él, y no Trump, el que levantó una valla de acero de 30 metros, sumergió en el río Bravo una cadena flotante de boyas a la que se achacan varias muertes de inmigrantes, y ha mandado cientos de autobuses llenos de recién llegados a Nueva York y otras ciudades demócratas para saturar su sistema de acogida.
La ley SB 4 criminalizaría el cruce ilegal de la frontera como una falta leve, penada con hasta dos años de cárcel, y forzará a los jueces a ordenar su deportación al país por donde han venido, o sea, México. Eso, a pesar de que el 83% de los que han atravesado la línea limítrofe sur este año son de otras nacionalidades, incluyendo la canadiense. Si el afectado se negara, reincidiese o concurriesen otros delitos, la falta leve se transformaría en grave y la pena podría llegar hasta 20 años de prisión.
La población de origen latino en Texas asciende al 40%, por lo que esta medida ha provocado la inquietud general, especialmente entre aquellos que aún tienen familia del otro lado y cruzan con asiduidad. No se termina de saber cómo averiguará la Policía quiénes han cruzado ilegalmente, en lo que puede desatar una cacería a ciegas basada en rasgos físicos muy genéricos. La SB 4 viene precedida por la SB3, que, entre otras cosas, dotará al Gobierno estatal con 1.500 millones de dólares para seguir construyendo el muro fronterizo.
Una treintena de organizaciones de Derechos Humanos ha pedido al Ejecutivo federal que intervenga para evitar su puesta en marcha, pero la Casa Blanca aún no se ha pronunciado sobre el camino a seguir, consciente de las trampas legales que entraña. Trump visitará el estado este domingo para un mitin masivo en el que se espera que Abbot lance por él su sombrero en apoyo de su candidatura presidencial.
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