El presidente de Corea del Sur defiende la polémica ley marcial

En una comparecencia televisada desde la sede de la presidencia en Seúl, Yoon ha asegurado que nunca tuvo la intención de alterar el «orden constitucional» cuando declaró la ley marcial el pasado martes 3 de diciembre y envió cientos de tropas a la Asamblea Nacional. Al contrario, sostiene que actuó para «salvar al país» de los partidos de la oposición, a los que ha tildado de «antiestatales» por su presunta cercanía a Corea del Norte y a los que acusa de utilizar su mayoría parlamentaria para «paralizar» el país.

El mandatario ha afirmado que la declaración de la ley marcial formaba parte de sus competencias constitucionales como presidente y ha negado que equivalga a una «insurrección», delito por el que le investiga la Justicia y le ha retirado el pasaporte para impedir su salida del país.

Yoon se enfrentará este sábado a una nueva moción de censura, que cinco de los 108 diputados del oficialista Partido del Poder Popular (PPP) ya han anunciado que secundarán. La oposición sólo necesita el apoyo de otros tres diputados de la formación gobernante para que el 'impeachment' salga adelante.

El propio líder del partido ha salido al paso del discurso del mandatario con un cambio de opinión: ahora sí apoya la moción de censura. Pero Kwon Seong-dong, cercano a Yoon y que encabeza el grupo parlamentario conservador desde el jueves, asegura que mantiene su oposición al impeachment. Así, todo queda abierto para el sábado y pendiente de escasos tres votos que pondrían fin a la presidencia de Yoon Suk-yeol.

Este jueves la Policía ha vuelto a registrar la oficina del presidente en búsqueda de pruebas en el marco de las investigaciones por la declaración de la ley marcial. Así, han regresado a las dependencias un día después de que los agentes encargados del registro denunciaran que las fuerzas de seguridad presidenciales habrían bloqueado ayer la recopilación de documentos y el resto de materiales que pretendían requisar.

Los investigadores han indicado que la sede del Estado Mayor de la Defensa y el despacho del mandatario no serán registrados, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Ha trascendido que las Fuerzas Armadas han accedido a cooperar y presentarán los documentos voluntariamente.

Por otro lado, la oposición ha seguido con su martillo pilón contra el Gobierno de Yoon. Este jueves la Asamblea Nacional ha aprobado una moción de destitución contra el ministro de Justicia, Park Sung-jae, y el jefe de la Policía Nacional, Jo Ji-ho. Así, quedan suspendidos de sus funciones por su participación en la declaración de la ley marcial.

Se trata de la primera destitución de un ministro de Justicia en la historia constitucional del país asiático. Según la acusación, Park «participó en una reunión de gabinete y en la toma de decisiones», lo que «equivalía a conspiración para cometer rebelión». «Existen sospechas de que intentó asegurar con antelación los lugares de detención para figuras clave que estaban programadas para ser arrestadas tras la aplicación de la ley marcial».

Por otro lado, los opositores señalan que Jo «abusó de su autoridad para comandar y dar órdenes a la Policía y bloqueó la entrada de miembros de la Asamblea Nacional, un órgano constitucional». De esta forma, «violó el derecho de la Asamblea Nacional a exigir el levantamiento de la ley marcial».