El exministro de Defensa surcoreano intenta suicidarse con su ropa interior tras ser detenido

Los agentes encargados de las pesquisas han declarado a la prensa que guardias de seguridad del presidente estaban impidiendo a un equipo especial de investigación registrar el despacho del líder del Ejecutivo, investigado por el mismo delito de insurrección por la imposición de una ley marcial. Este bloqueo se ha mantenido y no se ha podido llevar a cabo la incautación de los papeles que se buscaban. Los investigadores no descartan volver a intentarlo mañana. De todos modos, insisten en que la orden de registro no decae.

El artículo 110 de la Ley de procedimiento penal de Corea del Sur estipula que «los lugares que guardan documentos con secretos militares no pueden ser registrados sin el consentimiento del responsable». Por lo tanto, para que la policía pueda acceder al despacho es necesario la autorización del Servicio de Seguridad Presidencial, pero dicha petición no se ha realizado, según publica el diario local 'Chosun Ilbo'.

El equipo de Yoon ha presentado de forma voluntaria a los agentes una pequeña parte de la documentación que requerían las autoridades judiciales. «Sólo se presentó una pequeña parte de los materiales destinados a la búsqueda e incautación. Es muy lamentable», declaró un funcionario de la Agencia Nacional de Investigación ante la prensa a la salida de la oficina del presidente. Entre los documentos que no se han entregado se encuentran las actas de las reuniones del gabinete y las listas de asistencia, según publica el periódico 'Donga Ilbo'.

Este miércoles la policía también ha ejecutado órdenes de registro e incautaciones de documentación en otras cuatro dependencias: el Estado Mayor Conjunto, la Agencia Nacional de Policía, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl y la Agencia Nacional de la Guardia de la Asamblea.

El extitular de la cartera de Defensa ha sido encontrado por los guardias cuando intentaba quitarse la vida usando su ropa interior, tal como ha concretado el jefe de los servicios carcelarios del Ministerio de Justicia, Shin Yong-hae, al comité de justicia del parlamento e informa Reuters. Kim Yong-hyun está ahora en observación, pero su vida no corre peligro.

La Justicia ordenó la detención de Kim Yong-hyun por presunta insurrección en el marco de la declaración de la ley marcial por parte del presidente del país asiático, Yoon Suk-yeol. El exministro dimitió al día siguiente de los hechos tras pedir perdón y asumir responsabilidades por el asalto al Parlamento y aseguró que sus subordinados actuaron bajo sus órdenes en todo momento. Kim ha sido acusado también de supuesta participación en una «importante rebelión interna» por haber propuesto al jefe del Ejecutivo decretar la excepcional medida, una decisión que el Parlamento revocó pocas horas después.

El juez Nam Cheon-gyu, del Tribunal de Distrito Central de Seúl, dio el bueno a su arresto ante el peligro de que el exministro «destruya pruebas» indispensables para el caso. La Policía judicial registró su residencia y su oficina. La Fiscalía culpa a Kim de «conspirar con el presidente Yoon para provocar disturbios y subvertir la Constitución».

Ha sido durante una comparecencia parlamentaria este miércoles cuando el comisario general del Servicio Penitenciario de Corea, Shin Yong-hae, ha declarado que el extitular de Defensa surcoreano ha intentado acabar con su vida. Poco antes de medianoche del martes en Seúl, «Kim Yong-hyun ha intentado suicidarse en el Centro de Detención Dongbu de la ciudad», ha asegurado Shin. Según el informe al que tuvo acceso tras el incidente, el alto funcionario ha dicho que Kim había intentado suicidarse en el baño utilizando un cordel de su ropa interior.

«Un miembro del personal de la sala de control intervino y, cuando abrieron la puerta, desistió inmediatamente del intento», ha relatado. En la actualidad se encuentra bajo protección en una celda segura y en buen estado de salud.

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, ha solicitado este miércoles la formación de un comité especial que se encargue de una investigación parlamentaria sobre la declaración de la ley marcial.

En unas declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias estatal Yonhap, Woo ha defendido la apertura de esta investigación en el seno del Parlamento para obligar al mandatario surcoreano a dar «testimonio público» sobre la medida impuesta el 3 de diciembre.

Mientras tanto, el círculo más cercano del presidente Yoon asegura que «no tiene voluntad de dimitir». Esto echa al traste los planes de su formación, el Partido del Poder Popular (PPP), que buscaba una «dimisión en febrero o marzo del próximo año y elección presidencial en abril o mayo», pero dicha solución diseñada por la dirección del partido está a punto de ser descartada.

El próximo sábado se votará una nueva moción de censura contra el líder del Ejecutivo y 5 diputados del PPP han mostrado su disposición a apoyarla. De esta manera, de los ocho parlamentarios conservadores necesarios para que triunfe el impeachment, quedan tres. Cabe recordar que la oposición cuenta con 192 escaños y la moción de confianza necesita dos tercios de los 300 asientos de la Asamblea Nacional para salir adelante.

Kim Jae-seop, parlamentario del PPP, ha anunciado este miércoles su intención de secundar la moción de censura: «Esta es la manera de restablecer el orden constitucional de la República de Corea. Nuestro partido debe poner fin a la crisis». Sus compañeros de bancada Ahn Cheol-soo, Kim Ye-ji, Kyung-tae Cho y Kim Sang-wook secundan esta posición. El fin de la presidencia de Yoon está a solo tres votos.

Por su parte, el primer ministro, Han Deok-soo, ha pedido perdón este miércoles por no impedir el decreto de la ley marcial. Durante una sesión extraordinaria ante la Asamblea Nacional, el jefe del Ejecutivo se ha disculpado por «no haber evitado la declaración del presidente», a pesar de que se oponía a la medida.

«Dejé claro desde el primer momento que no apoyaba la decisión y traté de disuadirle, pero no tuve éxito. Lo lamento, y este sentimiento de culpa me persigue», ha relatado, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Sin embargo, asegura que su intención es «cumplir con su deber hasta el final» y acepta «las consecuencias que puedan devenir» de lo sucedido ahora que está siendo también investigado por presunta insurrección junto a otros altos cargos.