La Justicia surcoreana ordena el arresto del exministro de Defensa por insurrección

Kim ha sido acusado también de supuesta participación en una «importante rebelión interna» por haber propuesto al jefe del Ejecutivo decretar la excepcional medida, una decisión que el Parlamento revocó pocas horas después. El juez Nam Cheon Gyu, del Tribunal de Distrito Central de Seúl, ha dado el visto bueno a su arresto ante el peligro de que el exministro «destruya pruebas» indispensables para el caso, según publica la agencia de noticias Yonhap. Asimismo, la Policía judicial ha registrado su residencia y su oficina.

La Fiscalía culpa a Kim de «conspirar con el presidente Yoon para provocar disturbios y subvertir la Constitución» y sostiene que su arresto es necesario ante la gravedad de los cargos que se le imputan. El antiguo responsable de Defensa había sido detenido el domingo para ser interrogado por los fiscales que llevan el caso, y las fuerzas de seguridad surcoreanas informaron que más tarde salió en libertad. Pero ahora un juez ha vuelto a ordenar su arresto. El proceso contra su exjefe, Yoon, continúa abierto aunque podría acelerarse tras lo ocurrido con quien fuera su ministro.

Un fiscal especial encabezará la investigación contra el presidente surcoreano. Este martes la Asamblea Nacional del país asiático ha aprobado el nombramiento de esta figura para liderar el proceso judicial contra el mandatario, acusado de insurrección por la declaración de la ley marcial la semana pasada. La oposición argumenta que no se puede confiar en que los fiscales públicos lleven a cabo un trabajo exhaustivo sobre Yoon, que ejerció precisamente como fiscal general antes de probar suerte en política.

La votación para designar a un fiscal especial ha salido adelante por mayoría absoluta, con 210 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones. En esta ocasión los diputados de la formación gobernante, el Partido del Poder Popular (PPP), no han recibido instrucciones de la dirección, por lo que han participado en la sesión libremente, sin tener que seguir la disciplina de partido. Todo lo contrario a lo sucedido durante el debate sobre la moción de censura, boicoteado por la ausencia de los parlamentarios conservadores afines a Yoon.

La iniciativa para facilitar las pesquisas en torno al presidente no puede ser vetada por el jefe del Ejecutivo, al contrario de lo que ocurriría con una investigación ordinaria. Eso sí, Yoon puede maniobrar para retrasar el nombramiento del fiscal especial. Se prevé que el proceso abierto tras la declaración de la ley marcial no solo afecte al mandatario, sino también al primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, el jefe de Contrainteligencia, Yeo In-hyung, o el exportavoz del PPP en la Asamblea Nacional, Choo Kyung-hyung.

Por su parte, la Fiscalía de Corea del Sur ha abierto ya diligencias contra Yoon y otros altos cargos por supuesta traición y abuso de poder durante las horas en que estuvo en vigor la ley marcial, y por ahora se les ha retirado el pasaporte para evitar su huida al extranjero. Este martes las autoridades también han prohibido salir del país al jefe de la Policía Nacional, Cho Ji-ho, y a otros dos altos cargos del cuerpo. Previamente se había impuesto esta restricción al propio Kim y al exministro del Interior, Lee Sang-min. Además, el general Park An-su, oficial a cargo de la operación para imponer la ley marcial, y el comandante de Contrainteligencia tampoco podrán cruzar la frontera.

Corea del Sur sigue sumida en una crisis política y social desde la aprobación de la ley marcial por parte del presidente, a quien miles de personas reclaman a diario su dimisión en manifestaciones en las calles de Seúl. En un primer momento Yoon acusó a la oposición de simpatizar con Corea del Norte por enmendar los presupuestos y solicitar la destitución de altos cargos como motivación para declarar la excepcional medida, que no logró tapar sino dar más eco a las denuncias de corrupción que rodean al mandatario, con su esposa en el punto de mira.