Corea del Sur prohíbe a su presidente salir del país

Esta medida restrictiva a los movimientos de Yoon llega después de que la Oficina de Investigación de Corrupción entre Altos Cargos (CIO) solicitara la retirada del pasaporte para evitar que el mandatario se desplace al extranjero durante la investigación, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Previamente, la Policía había trasladado que estaba estudiando esta iniciativa y que «no hay restricciones humanas o físicas» para interrogar a Yoon.

La Fiscalía de Seúl ha abierto diligencias por alta traición contra el presidente «tras las numerosas denuncias» recibidas después de los incidentes de la semana pasada. La «insurrección» es un delito que no contempla la inmunidad presidencial y que puede castigarse hasta con cadena perpetua o pena de muerte.

Las primeras pesquisas señalan a Yoon por un presunto abuso de poder durante el episodio. El ministro de Defensa, Kim Yong-huyn, ha sido ya detenido por su implicación en la declaración de la ley marcial. Otra cabeza de turco ha sido la del responsable de la cartera de Interior, Lee Sang-min, que dimitió el domingo «en grave reconocimiento de responsabilidad por no servir bien al público y al presidente».

A pesar de las acusaciones y las investigaciones en marcha, el Ministerio de Defensa ha dejado claro que el mando del ejército sigue en manos de Yoon. «Legalmente, (el control de las fuerzas militares) recae en el comandante en jefe», ha subrayado el portavoz del departamento, Jeon Ha Kyuo, tras ser preguntado sobre si una persona sospechosa de insurrección podría seguir al frente de estas competencias, en medio de las críticas de la oposición y sus intentos para sacarle del poder.

Los opositores al Gobierno han acusado al Partido del Poder Popular (PPP) de orquestar «un segundo golpe de Estado» y aferrarse al Ejecutivo después de que el sábado impidieran la votación de la moción de censura contra el presidente.

El Partido Demócrata (PD), que lidera la oposición, ha presentado este lunes una petición para investigar la presunta «insurrección» de Yoon al declarar la ley marcial y las acusaciones contra la primera dama, Kim Keon Hee, incluido su presunto papel en un plan de manipulación bursátil.

La formación gobernante coincide con la oposición en que el presidente debe dejar su cargo por activar la ley marcial, pero cree que la salida debe producirse a través de una dimisión. «La mayoría de la gente ha decidido que el presidente no pueda gobernar el país durante el resto de su mandato, y debe dimitir de su cargo», sostuvo el domingo Han Dong, líder del PPP, en una comparecencia conjunta con el primer ministro surcoreano, Han Duck-soo. Los conservadores tratan de «minimizar el caos» que aseguran que producirá la «pronta» dimisión de Yoon.

Las protestas continúan en las calles de Seúl con miles de personas que se manifiestan ante la Asamblea Nacional y exigen la destitución del presidente Yoon. La Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU, por sus siglas en inglés), la principal asociación que aúna a la mayoría de sindicatos del país asiático, ha instado a la población a manifestarse a diario en el mismo lugar hasta forzar la marcha del mandatario. En contraposición, varios grupos conservadores, cercanos al presidente y su partido, han convocado marchas paar expresar su apoyo al todavía jefe del Estado.