El Salvador no consigue encarcelar la miseria

En este contexto de desafíos persistentes, Bukele asumió la presidencia en 2019 con una promesa de cambio y una visión de liderazgo. Uno de los pilares de su estrategia fue la implementación de la ley marcial, una medida drástica destinada a combatir frontalmente la crisis de seguridad que afectaba al país. Bajo este estado de emergencia, el Ejecutivo obtuvo poderes extraordinarios para enfrentar la violencia y las pandillas, incluido el despliegue de fuerzas militares en labores de seguridad pública.

El estado de excepción otorgó a Bukele poderes «para tomar medidas drásticas», como la detención preventiva de personas sospechosas de actividades delictivas, el despliegue militar en áreas de alta criminalidad y restricciones a la libertad de prensa y de reunión. Acciones que, según as autoridades, eran necesarias para restaurar el orden y la seguridad en el país. «En el futuro, nos juzgarán como héroes o villanos, pero siempre como salvadoreños que hicieron lo correcto por el país«, comunicó el mandatario en su discurso de toma de posesión. Su radical mano dura ha generado un debate intenso sobre el equilibrio entre la seguridad ciudadana y los derechos individuales, así como sobre el papel del Gobierno en la protección y el orden público.

Con Bukele en el poder, El Salvador ha experimentado una importante disminución en las tasas de homicidios y en la violencia asociada a las 'maras'. Este fenómeno ha sido ampliamente reconocido como un logro sustancial en la lucha contra la delincuencia, siendo 2023 el año con menos asesinatos en la historia del país, con solo 154. Las medidas tomadas han incluido operativos policiales y militares en áreas de alta criminalidad, así como la detención de líderes pandilleros y la desarticulación de bandas. Estas acciones han logrado reducir la influencia de los grupos delictivos en algunas zonas, lo que ha contribuido a mejorar la sensación de seguridad entre la población. La presencia visible de las fuerzas de seguridad ha insuflado tranquilidad en comunidades previamente afectadas por una anarquía desenfrenada.

Sin embargo, este éxito en la disminución de la violencia no ha estado exento de controversia. El estado de excepción decretado por el Ejecutivo ha generado preocupaciones significativas en cuanto al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han expresado su inquietud por el impacto de estas medidas en la democracia y el Estado de derecho, a lo que Bukele ha hecho caso omiso asegurando que prefiere «pedir perdón después que pedir permiso antes».

Las detenciones masivas contra las bandas y la militarización de la seguridad pública han sido particularmente criticadas por su potencial para propiciar abusos de poder. Se ha señalado que estas acciones podrían socavar las garantías fundamentales de los ciudadanos y debilitar el estado democrático salvadoreño.

Además, existe una preocupación creciente sobre qué pasará en el futuro. Si bien las medidas de represión y militarización pueden tener un impacto inmediato en la reducción de la delincuencia, no abordan los factores principales que han llevado a esa situación. La precariedad, la falta de oportunidades económicas y educativas, y la corrupción sistémica son problemas arraigados que requieren soluciones a largo plazo y políticas integrales. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza disminuyó en los últimos años pero afecta al 29% de la sociedad y la miseria alcanza al 8,7%. La escolaridad promedio de la población activa a inicios de 2023 fue de 8,8 años; muy inferior a la de América Latina. Además, el 23,5% de los ciudadanos de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. La falta de oportunidades y la exclusión social contribuye a que niños y adolescentes sean reclutados por pandillas.

Respecto a la corrupción, según la Organización de Transparencia Internacional se encuentra en la posición 116 de 180 del ránking de corrupción gubernamental y los salvadoreños perciben un incremento de este fenómeno en el sector público del país. Para erradicar este problema Bukele aseguró que «no hay partidos en esta situación» y creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un organismo independiente encargado de investigar y combatir esta lacra.

La CICIES tiene capacidad de investigar casos de corrupción en todas las ramas del Ejecutivo y cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. Además, Bukele fortaleció la Fiscalía General de la República e implementó medidas de transparencia informando sobre el uso de los fondos públicos, los contratos gubernamentales y otros movimientos relevantes, aunque todavía se desconoce si estos movimientos por parte del mandatario salvadoreño son eficaces.

Por centrarse en la guerra contra las bandas, la falta de inversión en programas de prevención del delito, la rehabilitación de jóvenes en riesgo y la construcción de comunidades que se adapten a la situación también han sido señaladas como deficiencias en la estrategia de seguridad del Gobierno. Sin abordar estas causas subyacentes, el éxito a corto plazo en la reducción de la violencia corre el riesgo de ser efímero y no sostenible en el tiempo pese a que los datos actuales hagan brillar entre la ciudadanía salvadoreña a Bukele.