La vida en tiempos de la mara

Treinta años después del fin de su conflicto civil, el país centroamericano vuelve a sufrir una contienda interna, aparentemente invisible, pero devastadora para la población. «Antes ibas en el autobús y escuchabas que había rencillas entre grupos por el dominio de barrios y, en consecuencia, personas asesinadas», explica Sonia Lezana, técnica de desarrollo vinculada a una ONG española. «Por ejemplo, decían que había aparecido el cadáver de una mujer joven de una mara que mantenía relaciones con el miembro de otra. En las calles no estabas segura».

Las últimas medidas contra el crimen organizado han sido bien acogidas por una población exhausta. Lezana vive en San Marcos, al sureste de la capital San Salvador. «Vas al mercado y te cuentan que los puestos están extorsionados. Yo tengo una hermana allí y lo sé, y también me dice que los comerciantes temen que las bandas se lleven a sus hijos y los involucren porque los muchachos son presas fáciles».

Ella es una de las escasas voces que no se ha arredrado cuando hemos recabado la opinión sobre las maras y su repercusión en la vida diaria de los salvadoreños. La reacción general ha sido de pánico, de un miedo con orígenes difusos y variados, no sólo procedentes de los bajos fondos. «Hay que cuidar con quien hablas, aunque no sea sospechoso de ser marero», advierte. «Puede ser del partido oficialista y expresar algo en contra acarrea complicaciones».

La intimidación y la extorsión han constituido la realidad cotidiana de buena parte de la población. La padecían tanto las empresas de transportes como la señora que amasaba tortillas en la calle. «Los vecinos de las colonias ocupadas pagaban una cora (25 centavos de dólar) por entrar en su casa y los dueños de los puestos del mercado de 10 a 15 dólares semanales, cantidad insoportable», explica.

Los pandilleros imponían sus reglas. No era posible circular por sus bastiones de la Colonia 10 de Octubre, Tutunichapa, Apopa o Soyapango, sin pagar peaje. «Son muy violentos, tiran a matar». Pero el terror también se manifestaba en el seno del hogar cuando la víctima respondía a una llamada de origen oculto. «Podían pedir de 3.000 a 5.000 dólares por la vida de tu hijo y para que te cercioraras de la gravedad, te proporcionaban datos personales». El resultado era, a menudo, la huida. «La gente se desplazaba no por la pobreza, sino por inseguridad, y pagaba a coyotes para que la condujera hasta la frontera con Estados Unidos».

Sonia dice que era esta situación suponía vivir en la zozobra. «El país está militarizado, hoy andamos libremente, pero también es cierto que las medidas han provocado mucho sufrimiento», admite. Bajo el régimen de emergencia, la detención sin cargos se ha prolongado de las 72 horas a los 15 días y 64.000 personas han sido encarceladas con criterios dispares. «Entre ellos está un conocido que se salió, se hizo religioso evangélico, abrió un taller mecánico y contrajo matrimonio», indica. «Ya se había olvidado de su pasado y lo han apresado. Las condiciones de encarcelamiento son duras. No lo dejan ver ni con abogados».

La ambición de las operaciones contra las maras contrasta, además, con los escasos recursos de la Administración. «La situación en las cárceles es complicada y te piden 175 dólares mensuales para comida», lamenta y alude a la lentitud de las investigaciones y procesos de un colectivo tan elevado. Los afectados se han organizado. El Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (Movir) denuncia la vulneración de los derechos de los reos y la situación de abandono que sufren sus familiares.

El panorama en Guatemala también es preocupante. «Este es un país en el que siempre parece que va a pasar algo grave», señala la española Julia Ruiz, compañera de Lezana. «Tengo la sensación de que vivimos en la calma previa a la tormenta». A su juicio, entrar en una mara es un proceso lógico en un medio hostil. «Es el recurso para la gente que está al margen de todo. El Estado no existe y no cubre sus necesidades básicas. Además, si te pasa algo no te diriges a la Policía porque te extorsionan. La pandilla supone integración y protección».

La posibilidad de que el ejecutivo local siga los pasos de Bukele no se antoja remota. «Porque se ha hecho y han visto que no pasa nada, que no ha provocado protestas internacionales contundentes», arguye y señala las ventajas que proporcionan los recursos excepcionales en una atmósfera de generalizada corrupción. «Establecer regímenes especiales es una forma de evitar el control legislativo sobre el presupuestos o los trámites legales en las licitaciones».

El discurso de odio también está presente en la escena política local con iniciativas como la Fundación contra el Terrorismo, más conocida como FundaTerror, de signo ultraderechista. En opinión de Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos entre 2017 y 2022 y actualmente exiliado en España, hay que matizar esta situación. «Por un lado, la ascensión de estos grupos supone un fenómeno global tal y como se ha visto en Estados Unidos o Brasil, y la violencia tampoco está monopolizada por las maras».

La mera persecución no es la salida, según este abogado, que ejerció un cargo similar al Defensor del Pueblo entre 2017 y 2022. «Políticamente lo han vendido bien, pero no olvidemos que son personas y necesitan condiciones humanas, no podemos hacinarlos», indica y sostiene que la solución pasa por dotar de condiciones de vida dignas a los ciudadanos con un enfoque que incluya la educación, la recreación, la capitación y el emprendimiento. «No se puede dejar a la deriva a los individuos y, luego, aplicar la ley con el máximo rigor». Las causas estructurales se hallan tanto en el origen como en la eclosión de la delincuencia marera. «Costa Rica apostó fuerte por la enseñanza y no tiene ese problema».

Guatemala celebrará elecciones generales el próximo 25 de junio. «El 90% de los mensajes en la calle, radio y televisión aluden al problema de seguridad», anuncia Ruiz. Pero la relación entre la política y el crimen organizado resulta compleja. «Existe una complicidad entre los agentes del Estado y la delincuencia, unas veces, lo que interesa es que la población asuma la percepción que el orden público es un problema prioritario frente a otros, como la pobreza, mientras que, en otras ocasiones, se invisibiliza para no abordarla con rigor».

La población salvadoreña participa de las sospechas en torno a pactos de Bukele con la Salvatrucha para obtener sus favorables estadísticas en la lucha contra la violencia. «El país celebrará comicios legislativos y locales el próximo año, lo que augura que este clima de represión no cambiará», asegura Lezana. Mientras tanto, probablemente, la macroprisión de Tecoluica, el temido CECOT, seguirá recibiendo inquilinos y se mantendrá la atmósfera general de seguridad, perdida durante tanto tiempo. «La verdad es que siempre había recelo cuando te cruzabas con un muchacho muy tatuado, con ropa y zapatillas deportivas de marca. Pensabas será o no será».