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G. Elorriaga
Sábado, 17 de junio 2023, 18:36
La estrategia del gobierno de Bukele se enfrenta a un fenómeno con raíces en la anterior guerra. La lucha entre el Ejército y las milicias provocó un éxodo masivo hacia Estados Unidos. Decenas de miles de salvadoreños ingresaron en los barrios marginales de Los Ángeles ... y muchos miembros de la segunda generación asimilaron los códigos de las 'gangs' o bandas locales hasta el punto de convertirse en un problema de orden público en California.
Washington adoptó la peor solución posible en su intento de erradicarlas. Durante las décadas de los 80 y 90, miles de estos pandilleros fueron enviados a su país de origen, sumido en una difícil transición tras el fin de las hostilidades. Los deportados, conocidos como 'homeboys', comenzaron a organizarse en su país de origen a través de pequeñas unidades, denominadas clicas, y, posteriormente, se reunieron en las ranflas, federaciones de pandillas. La cohesión geográfica se consiguió mediante los programas, agrupaciones departamentales de clicas.
La Salvatrucha y la M-18, las principales formaciones, impusieron su ley en El Salvador y se expandieron a Guatemala y Honduras, repúblicas con similar debilidad social, política y económica. El tráfico de drogas y el sicariato fueron algunos de sus negocios más prósperos, pero no el único porque también se introdujeron en otras áreas mediante empresas pantalla. Su introducción en el tejido económico se sirvió de la compra de empresarios, políticos y funcionarios judiciales.
Los arrestos no sirvieron para contener el problema. La Administración tuvo que asignar cárceles específicas a las maras para evitar las matanzas entre presos de diferentes organizaciones y las cárceles se volvieron verdaderos centros de poder pandillero.
Desde finales del pasado siglo, la lucha contra las maras ha pasado por diversas vicisitudes, desde periodos de feroz combate a otros de diálogo, tal y como sucedió en 2012. Entonces, el gobierno de Mauricio Funes consiguió un pacto con los líderes de las pandillas a cambio de beneficios penitenciarios. El acuerdo se prolongó durante dos años. Aunque el número de asesinatos descendió radicalmente, sus aparatos de extorsión se mantuvieron activos.
El año pasado la tensión en El Salvador se incrementó hasta límites inauditos. Entre el 25 y 27 de marzo se contabilizaron 87 homicidios. Ese último día se aprobó el estado de excepción y se suspendieron garantías constitucionales. El mito de Bukele como combatiente antimarero estaba en marcha.
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