El Parlamento, los jueces y el Ejército cierran filas con Lula contra el bolsonarismo

Fue todo un intento de asalto a la democracia con el objetivo de provocar un golpe de Estado que derrocara a Lula. Los hechos ocurrieron en un momento en el que las fuerzas de seguridad e inteligencia que tenían que prevenir y combatir las manifestaciones golpistas se encuentran en plena fase de transición y desorganizados. No obstante, el Gobierno de Lula tomó la decisión de suspender por noventa días al gobernador del distrito federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que previamente había destituido de forma fulminante a Anderson Torres, responsable de la Seguridad y exministro de Justicia durante los dos últimos años de mandato de Bolsonaro.

En un comunicado titulado 'En defensa de la democracia', y firmado por Lula y por los presidentes del Senado, Veneziano Vital do Régo; de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; y del Tribunal Supremo Federal, Rosa María Pires Weber, se repudiaron los actos golpistas del domingo y pidieron serenidad a la población en defensa de la paz y de la democracia.

El presidente, a través de las redes, previamente había expresado de forma contundente su rechazo a los incidentes provocados por los que llamó «fascistas»: «Quien haya hecho esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho de libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy, y por eso deben ser castigados».

Lula se comprometió a descubrir a los financiadores de lo sucedido el domingo. «Estas personas tienen que ser castigadas de manera que nunca más nadie se atreva. Con la bandera nacional a las espaldas o bien llevando la camiseta de la selección brasileña, haciendo ver que son nacionalistas, haciendo ver que son brasileños y hacer lo que han hecho hoy. Esto no había pasado nunca», añadió el hombre que por tercera vez y a los 77 años fue elegido para dirigir el país.

La Policía, acusada en parte de hacer la vista gorda durante el asalto a las instituciones, tomó el control de la situación unas horas más tarde y durante el día de ayer llevó a cabo la labor de desalojar los campamentos que los seguidores de Bolsonaro tenían montados en Brasilia, delante de cuarteles militares, en protesta por la victoria del líder izquierdista en las elecciones del pasado 30 de octubre, que calificaban de fraude al mismo tiempo que exigían un golpe militar. No fue así y el Ejército se mantuvo fiel al Ejecutivo. Entre el domingo y ayer fueron detenidos unos 1.500 manifestantes.

Ya en vísperas de la toma de posesión de Lula, Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad, había avanzado que se podían producir actos terroristas y que tomarían las medidas pertinentes para evitar estas manifestaciones. Sin embargo, la Policía bajó la guardia ocho días más tarde y para algunos miembros del Gobierno tuvo mucha culpa de los actos violentos que protagonizaron los seguidores de Bolsonaro. De ahí que inmediatamente se decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia. Dino había prohibido todos los permisos para portar armas hasta el pasado día 2 después de detener en las cercanías del aeropuerto de Brasilia a un individuo que pretendía detonar una bomba. En la decisión de suspender al gobernador de Brasilia, el ministro Alexandre de Moraes dejó entrever que hubo negligencia y falta de planificación por parte de los cuerpos de seguridad.

El diario 'Folha de Sao Paulo' pedía en su editorial que los líderes de la banda golpista fueran castigados dentro de los límites de la ley: «El puñado de imbéciles criminales que vandalizaron los edificios de los tres poderes en Brasilia no cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad brasileña, que avala los valores democráticos y respeta los resultados de las urnas». Y aprovechaba también para señalar al expresidente Bolsonaro: «Un golpe de Estado estrecho de miras no tiene respaldo político entra las fuerzas legítimamente electas representadas en el Parlamento. Rugen en nombre de ellos mismos y, como mucho, de un expresidente que huyó silenciosamente al extranjero».

El mismo diario explicaba que en una reunión realizada el sábado los responsables de la seguridad prometieron instalar una barrera para prohibir la entrada de manifestantes a la Explanada de los Ministerios, pero el domingo el personal se redujo y fue imposible contener al grupo de vándalos. Sin duda, también ha influido la etapa de transición que está llevando el nuevo Ejecutivo. El área de Inteligencia, por ejemplo, todavía no tiene director.

Para Juliana Bertholdi, abogada y profesora de derechos humanos en la Universidad de Curitiba, «lo sucedido este domingo fue un acto vergonzoso, un acto de vandalismo sin precedentes, aterrador y muy triste para nuestro país».

Esta opinión fue compartida por la comunidad internacional. La casi totalidad de los dirigentes mundiales -incluido el Gobierno de España- condenaron el intento de golpe de Estado, mientras el Papa Francisco alertó sobre el riesgo de debilitamiento de la democracia.