La Policía desaloja el campamento de los bolsonaristas donde se han ocultado los asaltantes del Congreso

Los disturbios han abierto una profunda crisis en Brasil, cuyas primeras consecuencias no se han hecho esperar. Partidos y jueces abogan por calificar los hechos como actos de terrorismo y aplicar las máximas penas para los implicados, mientras el Ejecutivo de Lula ha decidido despojar a las autoridades de Brasilia de sus competencias en materia de seguridad ante la evidencia de que pudieron producirse cambios en el sistema de protección de las instituciones que facilitaron el asalto. En otras palabras, más allá de una revuelta popular, crece la sospecha de un complot político para derrocar al presidente Da Silva, que estrenó su cargo hace ocho días.

Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, el Gobierno del Distrito Federal (con competencias administrativas plenas) pudo modificar algunos de los protocolos establecidos con el gabinete de Lula sobre la seguridad en la Explanada de los Ministerios y la plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes asaltadas. Al parecer, las autoridades de este Estado levantaron la prohibición de que la gente pudiera entrar en la explanada, pese a que había sido acordada previamente por el Gobierno de Brasil ante el temor de que los bolsonaristas que acampan desde hace semanas pidiendo la disolución del nuevo Ejecutivo cometieran algún tipo de incidente.

«Aun así había, por parte del Gobierno del Distrito Federal, una visión de que esta situación estaría bajo control», explicó Flávio Dino. La apreciación quedó desmentida horas más tarde por los sucesos en las sedes institucionales. En declaraciones recogidas por Agencia Brasil, el ministro también precisó que el cambio de protocolo no fue notificado a su ministerio y evitó hacer acusaciones directas. En su opinión, «alguien» informó erronéamente al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de que la situacion era segura o analizó los datos de modo incorrecto.

No obstante, el ministro Alexandre de Moraes ha destituido fulminantemente a Ibaneis Rocha esta misma mañana, mientras persisten las sospechas de que en la brecha de control de la explanada pudo participar desde la distancia el secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres. El político fue ministro de Justicia con Jair Bolsonaro y estos días se encuentra precisamente con él en Florida. Torres, que ha sido cesado en su cargo, ha desmentido esta madrugada cualquier implicación en unos hechos que califica como «un caso de locura colectiva» y asegurado que este domingo «vivió el día más amargo» en su vida personal y profesional.

Lula da Silva ya ha firmado el decreto por el que su gabinete intervendrá hoy mismo el área de Seguridad Pública en el Distrito Federal, «con el objetivo de contener el grave compromiso del orden público, marcado por la violencia contra los edificios públicos». La intervención se prolongará hasta el 31 de enero y la dirigirá el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, responsable de informar a partir de ahora directamente al presidente sobre el curso de las investigaciones y otras posibles operaciones policiales destinadas a evitar actos vandálicos. Cappelli presentará hoy un informe solicitando el apoyo de fuerzas militares para «garantizar la democracia».

Según los primeros datos oficiales, unas 200 personas fueron detenidas 'in fraganti' durante los asaltos y otro número similar habría sido arrestado entre la noche del domingo y esta pasada madrugada. Cuarenta autobuses utilizados por los manifestantes para llegar a Brasilia han sido incautados y es posible que decenas de autocares más sean interceptados en ruta mientras se dirigen a sus correspondientes Estados de origen. El Gobierno tiene además fundadas sospechas de la existencia de «terroristas» infilitrados en las revueltas cuya misión era detonar artefactos explosivos en las sedes institucionales invadidas, lo que abrirá una nueva vía de investigación.

De hecho, senadores y jueces abogan por investigar los asaltos como «actos de terrorismo» y acusar de delitos de esta naturaleza a los implicados, que de momento se enfrentan a doce años de cárcel por quebrantar el orden constitucional. La Presidencia de la República ha anunciado también la apertura de una investigación destinada a descubrir a las personas y grupos que han orquestado estos disturbios «y otros en todo el país para posibilitar un golpe de Estado», lo que refuerza la tesis de un complot contra el Ejecutivo.

La Policía tiene en su poder las matrículas de decenas de autobuses que trasladaron a los bolsonaristas. Además, está revisando las imágenes de la cámaras de seguridad instaladas en la plaza de los Tres Poderes y ha comenzado a estudiar las listas de clientes de hoteles y pensiones, así como los movimientos de miles de teléfonos móviles detectados en la 'zona cero' de los disturbios para mapear a sus propietarios.

Las medidas alcanzan ya al campamento que los manifestantes montaron hace semanas frente al Cuartel General de Brasilia y que se supone ha servido de plataforma para los asaltantes. Efectivos de la Policía y de la Policía Militar de Brasilia llevarán a cabo el desmantelamiento de estas instalaciones en una operación que, según 'O Globo', fue planificada este domingo de madrugada por los ministros de Defensa, José Múcio; Justicia, Flávio Dino; y Casa Civil, Rui Costa, con el comandante del Ejército Júlio César Arruda y altos mandos del Comando Militar del Planalto. Las fuerzas de seguridad están convencidas de que decenas de golpistas se refugiaron en el campamento después de ser desalojados de las sedes institucionales.

La jornada ha comenzado hoy en Brasil bajo el signo de la incertidumbre, el miedo y la incredulidad. No ha habido demasiados ciudadanos, y mucho menos políticos, que hayan dormido con calma, especialmente en el Distrito Federal donde estas últimas semanas se había acrecentado el temor a un golpe de Estado, el regreso a la dictadura o, cuando menos, a una oleada de atentados de extrema derecha. Fuera de las calles, en el Legislativo, un grupo de senadores propondrá esta mañana la apertura de una comisión de investigación sobre los «actos de terrorismo» perpetrados por los bolsonaristas; una iniciativa que guarda grandes similitudes con la Comisión del 6 de enero organizada en el Congreso de EE UU para investigar el asalto al Capitolio en 2021.

Ya se especula con que, de aprobarse este comité, aparecerá a buen seguro el nombre de Jair Bolsonaro (el de Donald Trump lo ha hecho en el caso de la comisión del Congreso), a quien diversos analistas creen que los disturbios de Brasilia harán ahora un flaco favor, sobre todo tras su continuada tibieza respecto a las protestas de sus seguidores.

Lula también tiene hoy una agenda apretada. A la una de la tarde (hora española) abordará los ataques al Congreso, al Palacio del Planalto y al Tribunal Federal Supremo con la presidenta de este órgano, Rosa Weber. A las siete de la tarde hablará por teléfono con el primer ministro de Portugal, António Costa, y hora y media después conversará con el expresidente estadounidense Bill Clinton. Finalmente, ha convocado a las diez de la noche a todos los gobernadores en la sede presidencial para evaluar la crisis y estudiar iniciativas que reconduzcan la situación política en el país.

Convencidos de que les robaron los comicios, miles de manifestantes exigieron el domingo una intervención militar para echar a Luiz Inácio Lula da Silva del poder, que tomó posesión hace una semana. El presidente de Brasil, que en el momento del ataque se encontraba en Araraquara, en el interior de Sao Paulo, asumió inmediatamente el control de la seguridad en la capital y advirtió que «los vándalos fascistas» y sus financiadores «serán identificados y castigados».

Mientras tanto, Bolsonaro reaccionaba con tibieza desde Estados Unidos a la actuación creada por sus simpatizantes en Brasilia. «Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla», manifestó el exmandatario en sus redes sociales.

Los gobernadores más conservadores ya habían condenado el ataque antes de que diera señales de vida el expresidente. Y el Partido Liberal, el de Bolsonaro, ha intentado desvincular a su líder de la invasión. «Este movimiento en Brasilia hoy es una vergüenza para todos nosotros y no representa a nuestro partido, no representa a Bolsonaro», ha declarado en un vídeo Valdemar Costa Neto. Antes de condenar el asalto, Neto ha elogiado las protestas golpistas ante los cuarteles. Ese doble discurso es similar al mantenido por Bolsonaro en los últimos meses con condenas puntuales en los momentos más graves pero alabanzas a un movimiento que pide un golpe de Estado.

Lo ocurrido en Brasil demuestra que Donald Trump ha hecho escuela. Sus ideas y sus hechos se han extendido a lo largo del planeta y han atraído a miles de seguidores en los sectores más radicales de la derecha política. Imitadores que rentabilizaron las enseñanzas del expresidente estadounidense para acceder al poder en sus respectivos países y copias exactas incluso a la hora de abandonarlo. Quizá fue Jair Bolsonaro su alumno más aventajado. Consiguió dirigir Brasil rodeado de polémica y se marchó como un ídolo, negando la victoria de su rival -Luiz Inácio Lula da Silva- e instando a sus seguidores a rechazar la derrota de las urnas en las calles y a recurrir incluso a la fuerza para que él pudiera retener el cargo.

Si el 6 de enero de 2021 Trump lanzó a sus hordas hacia el Capitolio, este domingo fueron los seguidores de Bolsonaro quienes tomaron el Congreso brasileño tratando de revertir lo que la democracia había determinado. Ocurrió sobre las cuatro de la tarde -cuatro horas más en España-. A esa hora, cientos de personas, muchas de ellas ataviadas con la camiseta de la selección brasileña, aprovecharon una manifestación ilegal convocada para pedir una intervención militar para derrocar a Lula y ocuparon la Explanada de los Ministerios, sede de las distintas administraciones públicas y penetrar en las instalaciones del Congreso Nacional. Una vez derrotada la débil resistencia del cordón policial compuesto por agentes del propio Legislativo y de la Fuerza Nacional de Seguridad que protegía el edificio, accedieron primero a los jardines, luego a la rampa de acceso y al techo, y finalmente al interior de la sede de la democracia brasileña, donde extendieron el caos y el destrozo sin ninguna oposición.

Los vídeos que circulan por las redes sociales muestran a los asaltantes en el pleno del Congreso, destrozando mobiliario y rompiendo cristales de los edificios modernistas. Las instalaciones del Tribunal Supremo, otro de los grandes objetivos de la ira bolsonarista, han sido ferozmente atacadas. Las imágenes recuerdan poderosamente a las escenas vistas durante el asalto al Capitolio de Washington.

De nada sirvió que los miembros de las fuerzas de seguridad recurrieran a gases lacrimógenos, bombas aturdidoras o gas pimienta para dispersar a los defensores de las tesis golpistas, que portaban banderas del país y, en muchos casos, estaban armados con palos. Los manifestantes mostraron pancartas donde podían leerse 'Lula en la cárcel', 'Intervención militar', 'Supremo es el pueblo' y 'Bolsonaro presidente'.

Impactantes imágenes que pronto se difundieron por todo el mundo, mostrando una marea humana ingresando en el edificio de arquitectura moderna sede de la Cámara de Diputados y del Senado. De forma paralela, otros radicales se dirigieron al palacio presidencial de Planalto y a la sede del Tribunal Supremo Federal -ya desalojados al cierre de esta edición- con el objetivo declarado de arrojar del poder a Lula y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin. El presidente se encontraba en ese momento en un viaje oficial en el estado de Sao Paulo, y los asaltantes se tuvieron que conformar con destrozar mesas y ventanas.

El temor de la extensión de la revuelta a otras zonas de Brasil llevó al ministro de Justicia, Flávio Dino, a conminar a los gobernadores para que reprimieran los actos antidemocráticos e incluso llegó a pedir la atención del Ejército por si su intervención fuera necesaria para contener la violencia de los seguidores de Bolsonaro. «Una nueva toma de poder solo puede ocurrir en 2026, con una nueva elección», afirmó.

El Ministerio Público Federal anunció asimismo la apertura de una investigación penal por los «actos violentos» en las manifestaciones. La primera medida fue la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado del expresidente brasileño, tras la invasiones de bolsonaristas radicales.

El clima golpista se ha cultivado desde el día posterior a las elecciones del 30 de octubre. Centenares de bolsonaristas radicales llevaban desde entonces acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, y protagonizaron largos cortes de carretera en todo el país pidiendo una intervención militar. El ultraconservador líder populista, quien fue derrotado por estrecho margen -menos de dos puntos de diferencia- por Lula en la segunda vuelta de las presidenciales, guardó un silencio cómplice durante largo tiempo, pero jamás admitió su derrota. De hecho, se negó a realizar el traspaso de la banda presidencial a Lula y se marchó a Florida dos días antes de entregar el cargo a su sucesor.

Una vez fue investido, Lula prometió que en los primeros compases de su mandato tomaría medidas contra quienes siguen negándose a reconocer su victoria, en un momento en el que grupos de seguidores de Bolsonaro mantenían su reclamación de una potencial intervención de las Fuerzas Armadas al tiempo que las de seguridad llevaban a cabo operaciones para desarticular supuestos planes violentos.

Algunas teorías mantienen que el propio Bolsonaro salió del país antes del cambio de mando el 1 de enero, en un desplante que medios de comunicación locales atribuyeron al posible temor a una posible medida contra él, porque este asalto ya estaba diseñado. Viajó rodeado de asesores a EE UU, donde continúa a día de hoy.

La elección de Florida como destino ocasional no parecía casual, habida cuenta de que es allí donde tiene su mansión su amigo y aliado Donald Trump. Ahora, las similitudes entre los discursos de ambos ultraconservadores suben un nuevo nivel, ya que son seguidores de ambos los que han protagonizado sendos ataques al Congreso con dos años de diferencia.

Si el 6 de enero de 2021 cientos de 'trumpistas' irrumpieron en el Capitolio para cuestionar la victoria del demócrata Joe Biden, este 8 de enero de 2023 han sido los bolsonaristas quienes han intentando tomarse la justicia política por su mano, aunque en este caso con ataques coordinados contra otras instituciones en Brasilia.