El chavismo ante el mayor reto para continuar en el poder

El tiro salió por la culata. En la consulta votaron 2.307.635 venezolanos. Y la peor noticia para Maduro fue que María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, obtuvo el 92% de los votos. La reacción del líder chavista no se hizo esperar. El lunes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano aceptó un recurso contra el proceso y suspendió todos los efectos de las elecciones primarias. El régimen fundamentó la apelación en que las cifras de la votación estaban infladas.

La decisión llega unas semanas después de firmar unos acuerdos en Barbados entre el régimen y la oposición en los que Maduro se comprometía, sobre el papel, a respetar derechos como la libertad de los protagonistas políticos para seleccionar sus candidatos de cara a las elecciones presidenciales pactadas, en principio, para el segundo semestre de 2024. Sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, ya advirtió que el objetivo supremo de los acuerdos era el levantamiento de las sanciones y negó rotundamente que lo firmado en el país caribeño obligara a levantar las restricciones. «Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde desde el punto de vista constitucional y legal, que es la Contraloría General de la República, no puede aspirar al poder», remató Rodríguez.

No obstante, el compromiso de levantar las sanciones está marcado por la imposición del Gobierno estadounidense de que Venezuela confirme las garantías electorales de cara a las presidenciales del próximo año. En este sentido, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, declaró poco después de las reuniones en Barbados que si para finales de noviembre no se habían eliminado las inhabilitaciones su país revisaría el convenio. Obviamente, Rodríguez replicó que nada de lo que decía Blinken formaba parte del acuerdo.

Con el recurso aceptado por el Tribunal Supremo el panorama ha vuelto a complicarse. María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, ha recibido el apoyo de la comunidad internacional y de toda la oposición venezolana. Y ella insiste en que con su elección su país está viviendo el principio del final. Lo que se desconoce es que sucederá si la inhabilitación de Machado no se levanta, teniendo en cuenta que de momento no hay consenso entre los opositores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Ejecutivo a implementar acuerdos, con garantías para la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales, sin hacer restricciones arbitrarias, en igualdad de condiciones y seguridad.

Algunos analistas piensan que Maduro llegó a imaginar una movilización más reducida en las primarias, pero se encontró con una movilización masiva de la oposición, que ha significado una desagradable sorpresa para el régimen, que hoy aparece contra la pared. Tendrá que decidir si elimina la inhabilitación a Machado y se arriesga a perder las presidenciales o no lo hace y EE UU acaba por no levantar las sanciones, con lo que aumentaría la crisis económica de Caracas.

Lo único que en los últimos días parece unir al Gobierno y a la oposición es en la crítica al jefe de la OEA, Luis Almagro, por su postura frente a una disputa histórica entre Venezuela y su vecino Guyana sobre la región de El Esquivo. Lo que está en juego es una zona rica en petróleo. Lo que ha provocado el intercambio de opiniones es el referendo consultivo, no vinculante, que Maduro ha convocado para el 3 de diciembre y en el que el mandatario plantea la creación de un estado en el territorio y nacionalizar a sus habitantes.

Almagro, que siempre ha sido muy crítico con el régimen venezolano, pidió a Maduro que respete los principios de paz y evite cualquier confusión y mensaje lesivo. «La Corte Internacional de Justicia reafirmó su jurisdicción. Es prioritario entonces para la comunidad internacional preservar la paz hasta que haya una decisión», dijo, al mismo tiempo que alertó sobre los discursos provocativos del chavismo.

Maduro, que ha reclamado la soberanía de El Esequibo en varias ocasiones -especialmente después de que se descubriera que la zona poseía importantes yacimientos de petróleo-, señaló las declaraciones de Almagro de «indignantes», y calificó al secretario de la OEA de ser una persona «deleznable que sirve a los viles intereses de las transnacionales que pretenden despojar a nuestro país de una parte de su territorio» y le pidió que no se inmiscuyera en «los asuntos de la patria de Bolívar».

Por su parte, Gerardo Blyde, miembro de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de la oposición, pidió a Almagro que fuera imparcial. «El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder», declaró. El Esequibo es un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales y con un potencial turístico importante. Es administrado por Guyana, gracias a un laudo suscrito en París en 1899 y en el que están fijados unos límites que Venezuela no admite.