EE UU alivia las sanciones a Venezuela a cambio de más democracia

El acuerdo supondría un salvavidas para Venezuela, que posee el 17,5% de las reservas de petróleo del mundo y se encuentra sumida en una profunda crisis económica, social y política desde hace más de una década. Maduro, que obtuvo una victoria en las elecciones de 2018, ampliamente consideradas fraudulentas, aceptaría un proceso de democratización que anularía la prohibición a los candidatos de la oposición de presentarse a cargos públicos.

Además, el régimen de Caracas se comprometería a permitir el acceso de los medios de información a los comicios. No está claro sin embargo si la liberación de los presos políticos en Venezuela forma parte del acuerdo. Se espera que el anuncio del acuerdo se produzca este martes en una reunión en Barbados que contará con la asistencia de una delegación de funcionarios estadounidenses.

El alivio de las sanciones podría incluir una licencia general que permitiría a la petrolera estatal de Venezuela reanudar sus negocios con EE UU y otros países. El acuerdo beneficia también a Chevron, la principal petrolera estadounidense con activos en el Estado latinoamericano, cuyas restricciones para operar en el país han comenzado a ser ya flexibilizadas por la administración Biden como gesto de apoyo a las conversaciones iniciadas entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

El consenso depende de la firma de un documento entre el Gobierno de Caracas y la oposición venezolana respaldada por EE UU que delinee compromisos para garantizar un proceso de votación más libre y justo. El entendimiento se produce en un momento de considerable apatía y desconfianza hacia el sistema político entre los venezolanos, especialmente por parte de la generación más joven.

A la mala gestión del Ejecutivo de Maduro, sobre el que pesan acusaciones de corrupción, represión y campañas de desinformación rampante, se une la hiperinflación, escasez de alimentos y la caída de los precios mundiales del petróleo. La extrema dificultad económica y el escepticismo general con la política fuerzan a muchos a la emigración masiva en busca de oportunidades de supervivencia fuera del país.

Un récord de 50.000 migrantes venezolanos cruzó ilegalmente la frontera de México a EE UU el mes pasado, con picos de hasta 3.000 inmigrantes algunos días, según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional. La cifra representa una cuarta parte de las más de 200.000 detenciones reportadas por la Patrulla Fronteriza el mes pasado. En total unos 3,6 millones de indocumentados llegaron al país en los últimos tres años como parte de la histórica ola de migración al norte surgida de las crecientes crisis globales.

La mayoría de los migrantes viven en EE UU acogidos a diversos programas de estatus condicional con permiso de trabajo sujeto a renovación. Con todo, el acuerdo de flexibilización de las sanciones petroleras y la apertura democrática del proceso electoral tendrían un impacto limitado en el alivio de los profundos problemas que enfrenta el país.

Washington, que mantiene un tono de cautela en el proceso, no ha incluido en el acuerdo los activos venezolanos actualmente congelados en EE UU, a la espera de ver cómo Maduro cumple con los términos del pacto. Para ello, la administración Biden condicionaría la flexibilización de las sanciones a un límite de tiempo sujeto al cumplimiento de las condiciones del acuerdo por parte del régimen de Caracas.

El acuerdo se produce días antes de una planificada votación primaria por parte de los partidos de oposición venezolanos, que elegirán al candidato electoral para enfrentarse a Maduro. En la lista de los líderes de la oposición prohibidos por el Gobierno chavista se encuentra María Corina Machado, favorita en las primarias no oficiales, cuya censura ha sido fuertemente criticada por Washington.

EE UU ha impuesto sanciones al Ejecutivo de Maduro y a individuos durante más de 15 años, y tras declarar ilegítima la victoria de Maduro en 2018, la administración Trump las endureció significativamente a principios de 2019. Los primeros 'castigos' de la era Trump penalizaron a la compañía petrolera estatal de Venezuela, al banco central y a varios funcionarios clave. Una segunda ronda de penalizaciones impuso un embargo económico más amplio que congeló las propiedades y los intereses de las autoridades de Caracas en suelo estadounidense y prohibió a los norteamericanos hacer negocios con el régimen.

El acuerdo culmina las conversaciones directas de más de un año entre funcionarios de la administración Biden y representantes del Gobierno de Maduro, tras el inicio de la guerra en Ucrania. En otra señal del deshielo de las relaciones entre los dos países, Washington anunció este mes la reanudación de los vuelos directos de deportación a Venezuela, limitada hasta ahora a los indocumentados. El pacto marca un cambio de rumbo en la política de Biden hacia Caracas, más proclive al diálogo y a la participación, en contraste con la administración anterior.