El sector de las telecomunicaciones vive un periodo de muchos cambios y de despidos masivos. Los empleados de Telefónica enfrentaron un ERE a finales del año pasado, ahora está negociándose el ERE de Vodafone y también MasOrange (fruto de la fusión de MásMóvil y Orange ... ) está analizando las duplicidades y será a finales de este año cuando planteen cómo será la reorganización de la compañía. Estas empresas tienen beneficios pero apuestan por mecanismos como los expedientes de regulación de empleo (ERE) para aliviar sus estructuras, algo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere eliminar.
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Ya lo había dejado caer en alguna ocasión, pero este viernes la vicepresidenta segunda fue más clara que nunca y aseguró que se está trabajando en una Ley de Industria que «no permita» situaciones como esta en la que una empresa con beneficios -aludiendo al caso de Vodafone- pueda acudir a un ERE. En su intervención en unas jornadas de UGT, la ministra reconoció que los Gobiernos a veces son «reticentes» para convertir en «sentido común» lo que ya lo es en la calle, por lo que ha pedido a UGT que se involucre en esta causa. «Nadie comprende cómo es posible que una empresa que tenga beneficios acuda a un expediente colectivo de regulación de empleo», destacó Díaz.
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Vodafone España fue vendido al fondo británico Zegona hace un año, y hace unas semanas anunció un ERE que afectaría a casi 1.200 empleados, un 37% de la plantilla. Los sindicatos están negociando con la operadora mejores incentivos al plan de salidas propuesto y que se reduzca considerablemente el número de afectados, pero por ahora no han tenido mucho éxito. En la última reunión de este mismo jueves con la empresa, se han rebajado en 100 los afectados, hasta las 1.098 personas, según confirman fuentes de UGT y CC OO.
Pero este ERE no es el primero al que se enfrenta Vodafone, sino que los empleados de la operadora han visto como en la última década se han realizado otros cuatro procesos de despidos colectivos que han supuesto la salida de 3.200 trabajadores desde 2013. En concreto, en 2013 la empresa ejecutó un ERE que afectó a 620 trabajadores, mientras que en 2015 hubo otro que supuso el despido de 1.059 personas. A ese le siguió otro en 2019 en el que salieron 1.102 empleados, mientras que en 2021 la plantilla se redujo en 442 personas.
La empresa elevó esta semana la oferta de indemnización a los despedidos en 28 días por año trabajado, con un máximo de 18 mensualidades, muy lejos aún de las reivindicaciones de los sindicatos. Además, desde UGT asegura que tras revisar la documentación económica concluyen que los resultados operativos son «positivos» y cuentan con un «excelente margen bruto respecto a las ventas», por lo que, a su juicio, los resultados negativos consolidados no derivan de los costes laborales, «que no alcanzan ni el 8% de las ventas», argumentan.
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Esta semana que viene hay dos jornadas de huelga convocadas por los sindicatos, el 9 y 11 de julio, para protestar por el ERE. Además, desde el pasado día 2 y hasta el 17 de julio hay varias jornadas de paros parciales. Según cifras de UGT, al rededor del 60% de la plantilla están respaldando estos paros.
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