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En la octava reunión entre sindicatos y Telefónica de este jueves se ha llegado a un principio de acuerdo para el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que la empresa planteó hace unas semanas para 5.100 empleados. Finalmente la operadora ha rebajado esa cifra ... de afectados a 3.421 personas y ha mejorado sustancialmente las condiciones económicas de salida para los que se adhieran al ERE (mayores de 55 años con más de 15 en la compañía).
En un comunicado remitido por UGT, condicionan el acuerdo final a la negociación del convenio colectivo que se está discutiendo en paralelo y a la aprobación en los órganos internos sindicales de ambas negociaciones. En concreto, la empresa ha rebajado la afectación en unas 1.700 personas hasta las 2.959 en Telefónica España, 397 en Telefónica Móviles y 66 empleados en Telefónica Soluciones.
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Edurne Martínez
Las condiciones económicas para las indemnizaciones de salida se han mejorado en esta propuesta definitiva de la empresa, equiparándolas a las del anterior plan de salidas (aunque en ese caso fue un PSI en lugar de un ERE) de 2021. En detalle, Telefónica ofrece a los empleados nacidos en 1968 una renta del 68% del salario regulador hasta los 63 años (frente al 65% de la anterior propuesta) y de un 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1967 y 1964 (ahora se incluye este último año como pedían los sindicatos), se sube al 62% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, a lo que se suma además una prima de voluntariedad de 10.000 euros (antes era de 3.000 euros). Y para los trabajadores nacidos en 1963 o años anteriores ofrece una renta del 52% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65, a lo que también ha añadido una prima de voluntariedad de 10.000 euros.
Por ello, valoran «positivamente» los avances propuestos por la empresa y reconocen su «demostrada voluntad negociadora» que ha permitido lograr «las mejores condiciones de salida que se han firmado en Telefónica», indican desde UGT. Además, cuando las condiciones del convenio permitan afirmar que también hay preacuerdo en este punto, los sindicatos elevarán ambas propuestas a sus órganos consultivos para hacer una valoración global y tomar la decisión oportuna, explican en un comunicado. El plazo para firmar el nuevo convenio finaliza el próximo 4 de enero después de haber sido prorrogado un año.
Con el ERE solventado, la compañía sigue esperando a que el Estado entre oficialmente en su accionariado. La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) irá adquiriendo poco a poco paquetes de títulos, aunque lo prevé hacer en el «menor tiempo posible» para evitar que se dispare el coste de la operación. Y los mercados también aguardan qué tipo de posición tomará el Estado en la operadora. Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, sostiene que «los inversores valoran más la estabilidad financiera, la calidad de la gestión y la evolución del negocio que el carácter público o privado de los accionistas». Este analista considera que «para velar por el libre mercado, esa entrada no debe impedir o excluir la de cualquier otro accionista que quiera adquirir títulos de Telefónica, porque tanto en un caso como en otro los beneficiarios finales son todos los accionistas al captarse nuevos fondos e inversores».
El desconocimiento de la operación estatal por parte de los propios ejecutivos de la compañía ha sido total hasta pocas horas antes de su anuncio. El Ejecutivo había mantenido silencio absoluto sobre sus intenciones y el presidente de la operadora, José María Álvarez Pallete, recibió la información oportuna sobre la compra solo unas horas antes del hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De ahí que la incertidumbre sobre el modelo de gestión, así como del futuro del consejo de administración, planee sobre el mercado y la compañía a la espera del aterrizaje definitivo del Estado.
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