Una norma paralizada por un pulso político

El objetivo se redondeó solo un mes después. El 26 de junio el PSOE presentó una segunda proposición de ley que ya no solo despenalizaba la eutanasia y el suicidio asistido sino que, además, completaba la del Parlament. Regularía el procedimiento para que este «derecho individual» de determinados enfermos pudiese hacerse efectivo con los controles precisos, al quedar garantizado como una prestación obligada de todos los servicios públicos de salud españoles. La proposición recibió, como la primera, el respaldo en la toma en consideración de PSOE, Podemos, ERC, PNV, PdeCAT y de parte del grupo mixto, pero también el sí de Ciudadanos. Solo el PP voto no. El resultado de la votación se recibió con euforia y una ovación cerrada porque los más de 200 síes prácticamente garantizaban su futura aprobación. Fue un día de esperanza para María José Carrasco y otros enfermos en su misma y desesperada situación, que comenzaron a contar los días que el Parlamento tardaría en dejarles poder ejercer este nuevo derecho.

Sin embargo, ninguna de estas dos leyes, que se preveían fusionar en la fase de discusión, llegó siquiera a iniciar su tramitación parlamentaria. Ni se creó ponencia alguna para el debate de las enmiendas, ni mucho menos pasó a su discusión en comisión como paso previo a su retorno al pleno para la aprobación definitiva por la cámara.

Cuando Pedro Sánchez disolvió el 5 de marzo la legislatura, tras ser derrotada su propuesta de Presupuestos del Estado, el proyecto para la legalización y regulación de la eutanasia llevaba ya casi cinco meses paralizado. Así estaba desde octubre, cuando el pleno rechazó por 210 votos 134 la enmienda a la totalidad defendida por el PP, en su último intento por devolver la ley a un cajón. La razón es que tanto los populares como Ciudadanos, cada por distintos motivos, utilizaron su mayoría en la Mesa del Congreso para mantener bloqueada la proposición, con la aprobación de sucesivas prórrogas al plazo de enmiendas al articulado. Con esta añagaza legal,el texto podría seguir en el limbo parlamentario hasta el fin de los días y nunca llegar a su debate en comisión.

La razón del PP era clara. Rechaza de plano la eutanasia. En el caso de Ciudadanos se trataba de un pulso político. No permitirían que la ley de eutanasia comenzase su tramitación hasta que estuviese aprobada su ley de Muerte Digna, la que garantiza cuidados paliativos integrales para todos los enfermos terminales, incluida la sedación terminal. Esta ley fue aprobada en primera instancia por el Congreso el 20 de diciembre, pero el bloqueo se mantuvo. El objetivo de Ciudadanos era mantener la presión sobre el PSOE para que en la aprobación definitiva por el Senado aceptase que la norma incluyese un régimen sancionador nacional para quien no cumpliese con los cuidados paliativos establecidos, opción que los socialistas rechazaron en el Congreso, al dejar este control en manos de las autonomías. En este tira y afloja partidario sorprendió a la proposición de eutanasia el adelanto electoral. Como el resto de normas en tramitación, decayó, como si nunca hubiese llegado al Parlamento.

Pedro Sánchez, en una tribuna publicada el domingo por todos los diarios de Vocento, se comprometió a que su partido, tras las elecciones, volverá a llevar de inmediato al Congreso para su aprobación la ley para legalizar y regular el ejercicio de la eutanasia y el suicidio asistido en la sanidad pública española.